El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 de Rosario comenzará este lunes el juicio por la causa “Villazo”, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ciudadanos de Villa Constitución que se movilizaron en 1975 en la considerada “última gran huelga clasista del siglo XX”, y que tiene características históricas porque será la primera vez que en la región se juzgue la responsabilidad de la empresa Acindar en la represión estatal y paraestatal de la dictadura militar.
La decisión fue adoptada por el tribunal integrado por los jueces German Sutter Schneider, Ricardo Moises Vazquez y Otmar Paulucci, ante los reclamos de sobrevivientes, familiares de víctimas y la querella a cargo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para que se inicie el juicio de esta causa que se instruye desde hace una década.
“Estamos muy expectantes porque con este juicio finalmente se abre la posibilidad de legalizar por primera vez otra historia y otro relato de los hechos”, dijo la abogada de la APDH y querellante, Gabriela Durruty.
En esa línea señaló: “Son los mismos trabajadores los que van a pasar por el tribunal para contar cómo fue que el 20 de marzo de 1975, cuando una ciudad entera fue sitiada por kilómetros de camionetas y tanques de asalto, se militarizaron las fábricas y se reprimió a sindicalistas en los hechos conocidos como el «Villazo»”, apuntó.
Durruty dijo que está convencido de que se van “a lograr condenas justas” y que se demostrará que había un Estado previo al golpe militar, que “tenía la intención de eliminar a una organización que era ejemplar y que estaba surtiendo efecto en los trabajadores de otras industrias que veían que era posible que sus derechos sean respetados”.
Durante el debate que comenzará este lunes, a las 10, en los Tribunales Federales de calleo Oroño 940, serán juzgados una veintena de responsables civiles y del Estado por los delitos de “privación ilegítima de libertad, torturas, asociación ilícita y homicidios” cometidos contra 69 víctimas, muchos pertenecientes al movimiento obrero, que gestó la última gran huelga clasista del siglo XX en Villa Constitución y su cordón de empresas metalúrgicas que luego serían absorbidas por la empresa Acindar SA.
“Lo más importante para nosotros es que se trata del primer caso en la región en el que se indaga la vinculación y la responsabilidad de una empresa (Acindar) en los hechos represivos llevados adelante en tiempos previos, pero vinculados a nuestro criterio, a lo que luego fue la dictadura militar”, indicó el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villate.
En ese sentido, señaló que “serán llevados ante un tribunal de justicia, dos de los responsables civiles que fueron ejecutivos de Acindar”. Se trata del jefe de personal de la metalúrgica Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, quien cumplía funciones administrativas en la firma.
“Los testigos y la documentación indican que ellos colaboraban activamente con la represión marcando objetivos y víctimas”, apuntó el fiscal, y explicó que “eran de alguna forma, los intermediarios entre el directorio de la empresa y las fuerzas represivas”.
Entre los elementos que la Fiscalía encontró para atribuirle responsabilidad a Acindar figuran que las personas que fueron secuestradas pudieron ser marcados como objetivos para las fuerzas represivas gracias a la información que brindó la firma que poco antes había hecho una actualización de los legajos de su personal con fotos y los domicilios.
Además, la metalúrgica brindó un espacio físico que sirvió como centro clandestino de detención, conocido como albergue de solteros y también dio sobre sueldos a las fuerzas de seguridad, les brindó asistencia mecánica en los talleres que tenía la empresa y les habilitó vehículos, según consta en la causa.
Lo que se indagará durante el juicio son delitos enmarcados en la causa conocida como “Villazo”, que abarcan la ocupación militar, policial y parapolicial de la ciudad de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, a raíz del triunfo de la opositora Lista Marrón en las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, cuando unos 4.000 agente de las fuerzas “ocuparon” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y produjeron homicidios, secuestros y aplicación de tormentos.
Los testimonios recabados por las diferentes querellas reflejan la “saña y la persecución” que sufrieron las familias de los obreros encarcelados, contienen declaraciones de víctimas que eran niños y presenciaron los secuestros de sus padres en sus hogares, de testigos de algunos de los homicidios “aleccionadores” que incluyeron la exhibición de los cuerpos en la vía pública y de detenidos que vieron que las fuerzas policiales y parapoliciales portaban sus legajos laborales de Acindar a la hora de capturarlos.
Según la investigación judicial, ese proceso represivo ofició como “laboratorio” de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez.
“Nosotros establecemos una vinculación entre la circunstancia de que en aquel momento José Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de Acindar y que más tarde se convirtió en el ministro de Economía paradigmático de la dictadura militar”, indicó Villate, al tiempo que señaló que “él mismo reconoció que la dictadura venía a modificar una matriz económica y productiva de la Argentina, en esa matriz, el movimiento obrero significaba claramente un obstáculo”.
En coincidencia, la abogada querellante afirmó que “está sobradamente demostrado que el grupo a eliminar fue el movimiento obrero organizado, a través de lo que llamaron el operativo «Serpiente roja» en referencia a todo el Cordón Metalúrgico y cuya «cabeza» estaba en Villa Constitución”.
Las primeras denuncias de las víctimas en la causa se radicaron en la Justicia Federal de Rosario en 2013, cuando aún vivían muchas de las víctimas y testigos directos como los históricos dirigentes sindicales, Alberto José Piccinini y Victorio Paulón. Este último alcanzó a declarar en la investigación y dejó “testimonios contundentes”, indicó Durruty, que integra el equipo querellante junto a Jesica Pellegrini. Julia Giordano y Federico Pagliero.
En esa línea, remarcó que “el tiempo conspira en nuestra contra, porque hace que perdamos compañeros valiosísimos o muchos de los que deberían estar imputados no pueden serlo porque fallecieron o no están en condiciones de defenderse”.
“Sin embargo _continuó_ creemos que lograr las imputaciones de porciones representativas de cada fuerza implicada en la represión sindical y por supuesto de los civiles, es importante para sumar a la acción reparadora de la justicia”.
“Estamos seguros que vamos a llegar a las debidas condenas y que los fundamentos vertidos van a ser los libros de textos que cuenten este pedazo de la historia obrera de nuestra región”, finalizó.
