El fiscal Pollicita pidió nuevas medidas para determinar si el exjefe de Gabinete realizó las operaciones con las que justificó casi 600 mil dólares
La Justicia busca determinar si Manuel Adorni operaba las billeteras de bitcoins con las que intentó justificar 600 mil dólares.
La fiscalía que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito pidió nuevas medidas para determinar si el exjefe de Gabinete realizó las operaciones con bitcoin con las que justificó casi 600 mil dólares. Una verificación técnica confirmó la existencia de las ocho billeteras virtuales aportadas por su defensa y su control actual.
El fiscal Gerardo Pollicita encargó al Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe con 29 preguntas. Busca establecer quién manejó las cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, el período de las transacciones con las que Adorni explicó su patrimonio.
La comprobación inicial permitió certificar que los movimientos registrados coinciden con los informados por el exfuncionario y que sus abogados tienen las claves privadas.
Sin embargo, esa constatación no acredita por sí sola que Adorni controlara las billeteras cuando se efectuaron las compras y ventas: las claves pueden transferirse a otra persona.
Entre los puntos del cuestionario, la fiscalía consultó si existen herramientas para determinar desde cuándo alguien posee esas claves y si las firmas digitales prueban un control exclusivo o compartido. También pidió analizar los 41 movimientos registrados y establecer si pudieron ser realizados por una misma persona o si necesariamente intervinieron terceros.
El procedimiento en Comodoro Py contó con la participación del abogado Matías Ledesma, defensor de Adorni, quien concurrió con una computadora y las claves de acceso guardadas en un sobre cerrado. Las direcciones fueron aportadas en su justificación patrimonial del 21 de septiembre.
Personal de la Fiscalía Federal Nº 11 generó un “mensaje de desafío” para que la defensa lo firmara desde cada billetera. Técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA corroboraron, mediante otra computadora, la validez de las firmas. El mecanismo permite verificar el control de las claves sin exponerlas ni transferir fondos.
Las constancias quedaron preservadas en el expediente. Los registros digitales fueron almacenados en pendrives y resguardados en un sobre cerrado y lacrado. Las claves también volvieron a quedar bajo reserva.
La investigación incluye consultas sobre los rastros que podrían conservar la red bitcoin, las plataformas de intercambio y los proveedores de internet para atribuir las operaciones a una persona. Los peritos deberán examinar la posibilidad de identificar conexiones asociadas a las transacciones y precisar qué obligaciones de registro regían en esos años.
Otro punto del informe busca establecer si puede conocerse la fecha de creación de una clave privada y si era posible conservarla en soportes no electrónicos sin dejar rastros digitales. También se analizarán las diferencias entre billeteras de custodia y autocustodia, modalidades que ofrecen distintos niveles de información sobre sus usuarios.
En paralelo, la fiscalía recibió datos sobre los ingresos y las compras de dólares del matrimonio. La Ansés informó que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron hasta 2014 ingresos en pesos equivalentes a unos 335 mil dólares. Arca confirmó compras de moneda extranjera por 85 mil dólares durante ese período.
La ampliación de la pesquisa apunta a reconstruir la situación económica de ambos desde su mayoría de edad. Con autorización del juez Ariel Lijo, se dispuso levantar el secreto fiscal para los períodos 1998-2011, en el caso de Adorni, y 2000-2011 para Angeletti.
En su descargo, el exfuncionario sostuvo que había reunido los fondos antes de ingresar al gobierno. Según esa versión, el matrimonio destinó 199.883,20 dólares a criptomonedas en 2017 y obtuvo 591.544,61 dólares al venderlas al año siguiente. Las compras se habrían concretado en encuentros presenciales, con pagos en efectivo y por fuera de plataformas reguladas.
La defensa afirmó que ese dinero permaneció guardado en su domicilio y que empezó a utilizarse después de su llegada a la función pública, en diciembre de 2023. Con esos ahorros, aseguró, afrontó adquisiciones inmobiliarias, vehículos, viajes y otros gastos. Para fines de 2025, según la presentación, quedaban 209.961,52 dólares.
Adorni también objetó el costo atribuido a las refacciones de su casa en el country Indio Cua. Mientras el contratista Matías Tabar declaró que cobró 245 mil dólares, la defensa fijó el gasto en 175 mil y presentó informes contables y técnicos.
La fiscalía verificará esas explicaciones antes de definir si corresponde solicitar su declaración indagatoria.
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