Casación analiza si cierra las causas de Hotesur y el Momerándum con Irán

La Cámara Federal de Casación penal realizará hoy y el jueves las dos últimas audiencias de manera previa a resolver si confirma el cierre por inexistencia de delito de las causas “Hotesur-Los Sauces” y la de la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la Amia.

En ambas investigaciones está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya defensa presentará “memoriales” —escritos— en cada una de las audiencias, ante la sala I del máximo tribunal penal federal del país, en las cuales reclamará que se confirme la decisión de cerrar las causas sin llegar a juicio oral.

La sala I integrada por Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone tiene previsto hoy escuchar vía Zoom a los abogados defensores de los imputados en la causa “Hotesur Los Sauces” que pidieron exponer de manera oral.

En la primera audiencia, el 10 de noviembre último, el fiscal ante esa instancia Mario Villar había pedido revocar la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que en noviembre del año pasado sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito.

Esa decisión hizo lugar a un planteo de la defensa de la vicepresidenta, en base a una pericia que dio como resultado que no hubo perjuicio para el Estado nacional y que los movimientos de las sociedades investigadas estuvieron bancarizados, por lo cual descartaron el delito de “lavado de activos” y por ende, el de “asociación ilícita” para cometerlo.

En esa investigación quedaron sobreseídos la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia y empresarios que contrataban alquileres en propiedades o plazas hoteleras de “Los Sauces” y “Hotesur”, pertenecientes a la familia Kirchner.

Entre los sobreseídos están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa y también Romina de los Angeles Mercado, y Osvaldo Sanfelice,

En la audiencia de hoy terminarán de exponer las defensas y, según anticiparon en una sesión preparatoria, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que representan a la Vicepresidenta, presentarán un escrito sin exposición oral.

El fiscal Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de dos votos del TOF5, los de Daniel Obligado y Adrián Grunberg, contra uno en minoría —el de la jueza Adriana Palliotti— que tomó el tribunal para dictar los sobreseimientos de todos los imputados.

Tras su intervención, fue el turno del abogado Martín Arias Duval, por la defensa de dos de los imputados en el caso, Sanfelice y Alberto Leiva, quien pidió que se rechace el recurso de la fiscalía y se confirmen los sobreseimientos.

Para el jueves, está programada la segunda audiencia en otra causa, la de la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la Amia, que también será virtual y en la que la defensa de la vicepresidenta presentará otro escrito para que quede firme el sobreseimiento resuelto por el TOF 8.

En la primera audiencia del 8 de noviembre último, las querellas que representan a familiares de víctimas del atentado a la Amia y de la Daia reclamaron revocar sobreseimientos y avanzar hacia el juicio. Se prevé escuchar a las defensas faltantes y al fiscal ante Casación, Javier De Luca, quien no mantuvo la apelación fiscal contra el cierre del caso y postuló que los sobreseimientos deben quedar firmes por inexistencia de delito.

Todos los imputados resultaron sobreseídos en octubre de 2021 por decisión unánime del tribunal que preparaba el juicio en la causa que se inició por la denuncia en 2015 del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Esa decisión fue apelada por las querellas y está bajo estudio del máximo tribunal penal federal del país.

Los jueces del TOF8 Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez descartaron el delito de “encubrimiento agravado” en la causa que se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Nisman.

Así dieron por concluidos los preparativos para juzgar el caso, que realizaban desde que el fallecido juez Claudio Bonadio lo enviara a juicio en marzo de 2018.

Una vez realizadas estas audiencias, el máximo tribunal penal federal tendrá 20 días hábiles para tomar una decisión, que podría llegar antes de fin de año.