La Cámara Federal porteña confirmó ayer a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y, en otra resolución, el tribunal de apelaciones dispuso avanzar con la línea de investigación vinculada al diputado nacional del PRO Gerardo Milman.
Leopoldo Bruglia, integrante de la Cámara Federal, confirmó a la jueza a cargo de la causa por el ataque a CFK y rechazó una recusación para apartarla que había presentado la querella de la ex mandataria.
Acerca de la investigación del intento de homicidio perpetrado por el detenido Fernando Sabag Montiel el 1º de septiembre pasado, los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Bruglia dispusieron nuevas medidas en torno a los dichos de un testigo que vincularían a Milman, para “corroborar o descartar” la sospecha.
Medidas
El tribunal hizo lugar de modo parcial a un planteo de los apoderados de la vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldázabal, quienes pretendían que se ordene el secuestro —para peritar— de los celulares de dos asesoras de Milman que estuvieron con él en el bar Casablanca, en la zona del Congreso nacional, cuando un testigo dijo haberlo escuchado afirmar: “Cuando la maten, estoy camino a la Costa”.
Los jueces concluyeron que esa medida es “procedente”, pero antes de ordenarla evaluaron que la jueza debe citar al testigo Jorge Abello a ampliar su declaración y también al diputado nacional Marcos Cleri, quien aportó una captura de pantalla donde el primero le refería lo ocurrido en el bar.
Los abogados habían reclamado el secuestro de los teléfonos celulares de las dos asesoras de Milman, las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco.
Ambas estuvieron con él en la mesa del bar cuando Abello dijo que escuchó la frase y declararon en la causa. Pero la jueza rechazó secuestrar sus celulares..
Fundamentos
Ahora, el tribunal resaltó la “gravedad institucional” del hecho investigado, “el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación”.
Eso torna “imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego”, explicaron los camaristas.