El diputado nacional Pablo Tonelli (PRO), afirmó ayer que el pedido de juicio político impulsado por la diputada Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, "no ayuda al buen funcionamiento del gobierno y al funcionamiento armonioso de los poderes".
A pesar de ello el legislador estimó que "en los próximos días" el interbloque Cambiemos comenzará a analizar el pedido de la jefa de la Coalición Cívica-ARI y aliada del frente oficialista.
Con respecto al pedido de juicio político a Lorenzetti, Tonelli aclaró que "se trata de una iniciativa individual de la diputada Carrió y no del gobierno o del interbloque". El diputado también dijo que "dada la condición de presidente de la Corte y dada a su vez la relevancia que tiene la diputada Carrió en el interbloque, se trata de algo que no ayuda al buen funcionamiento del gobierno y el funcionamiento armonioso de los poderes".
Tonelli también justificó la intención de modificar la ley de fueros al sostener que en la norma "hay un exceso reglamentario" que quedó al descubierto con la controversia generada por el impedimento a la Justicia para allanar una propiedad del ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido.
El pedido de juicio político al titular de la Corte por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventuales delitos realizado, a principios de abril, por una aliada clave de Cambiemos golpeó al oficialismo.
La presentación la hizo sin aval del oficialismo: "Hasta donde sé no hubo una charla con ningún dirigente de Cambiemos ni con el presidente Macri antes", explicó en su momento el abogado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.
El desplante a su propio espacio político no fue sorpresa —la diputada, enemiga jurada de Lorenzetti, había anunciado sus intenciones en público— pero sí inesperado el momento en que lo hizo.
Si bien Macri conocía los planes de Carrió, esperaba que lo hiciera después de las legislativas de octubre. La propia Lilita había dicho que lo haría "después de Pascuas".
Hubo varias situaciones que habrían forzado a Carrió a adelantar sus planes. Primero, María Romilda Servini, la jueza federal de mayor confianza de la legisladora, denunció presiones de Lorenzetti para que dejara de investigarlo en la causa de Fútbol para Todos. Este caso surgió luego de que Carrió afirmara que Lorenzetti es socio de una de las mutuales que intercambiaba cheques con algunos clubes para estafarlos.
Ante la denuncia de presiones de Servini y las amenazas de juicio político de Carrió, Lorenzetti intimó a ambas mediante cartas documento a que rectifiquen sus dichos.
La jugada le salió al revés ya que Lilita interpretó una de las líneas de la carta como una presión. En su presentación, Lorenzetti le advirtió que se había "excedido" en "el comportamiento esperable de un diputado", más allá de los fueros que le otorga la Constitución. Carrió lo leyó como un mensaje encubierto: el máximo tribunal tendrá en sus manos una denuncia que apunta a fijar límites a los fueros de los legisladores; si prosperara, se convertiría en una suerte de bozal legal contra las denuncias.
Tras esa intimación a rectificarse, Carrió presentó el pedido del juicio.
Otro dato: Carrió hizo el pedido de juicio un día después de que Mauricio Macri se fotografiara con otro de sus enemigos declarados —Daniel Angelici, presidente de Boca—, lo que habría enfurecido a la diputada.
Archivan denuncia contra Michetti
La vicepresidenta, Gabriela Michetti, recibió un nuevo alivio en la Justicia: el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi desestimaron la denuncia penal por haber opinado que "lo más efectivo sería evitar la elección de medio término durante un tiempo" por las complicaciones que esto trae al gobierno. El denunciante había considerado que esa declaraciones configuraban un "hecho institucional grave" por el apartamiento del texto constitucional. La fiscalía entendió que no hubo delito, lo que fue ratificado por el juez.
Diputados podría comenzar a sesionar
El oficialismo buscará sesionar la semana próxima para debatir un conjunto de proyectos, mientras que la oposición (dividida entre el FpV-PJ y el Frente Renovador) aspira a realizar dos sesiones especiales con el tema docente de fondo. Es probable que de no llegarse a acuerdos las sesiones fracasen por falta de quórum ya que ninguno tiene mayoría para imponer el debate.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo sólo bajará al recinto el miércoles si la oposición consigue el quórum en alguna de las dos sesiones, cuestión que parece hasta ahora lejana.
El temario impulsado por Cambiemos (pedirá su propia sesión especial) incluye proyectos que no son conflictivos y excluye la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (pedida por el Ejecutivo) para no profundizar el conflicto. La intención del oficialismo es sesionar el miércoles para tratar modificaciones en la Cámara Federal de Apelación y de Casación Penal; un proyecto sobre la obligación de denunciar delitos y otro sobre importación de lámparas incandescentes.
Si bien no se oficializó aún ningún pedido de sesión, el FpV-PJ, por un lado, y el FR, por otro, pedirán dos sesiones especiales para debatir, aunque con diferente posición, el conflicto docente.
Si el FR no logra quórum con su propia tropa, ya que el espacio progresista está en duda y el bloque Justicialista aún no definió su posición, le seguirá el turno de la convocatoria al FpV-PJ, que en las próximas horas formalizará su pedido de sesión especial. El temario impulsado por el FpV-PJ incluye la convocatoria a una paritaria nacional, un proyecto que propone la gratuidad del servicio de energía eléctrica para los electrodependientes y una batería de DNU que tienen dictamen de rechazo de la comisión bicameral respectiva.
En tanto, el pedido de sesión especial del FR contempla el debate de su propio proyecto para establecer un “régimen de convocatoria a la mesa de diálogo y consenso docente para garantizar la educación pública”.
De lograr quórum alguno de los pedidos será la primera sesión deliberativa de la Cámara baja del actual período parlamentario, ya que la primera reunión, el 1º de marzo, fue la apertura de sesiones por parte del presidente y la otra, el 22 de marzo, fue el informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Congreso.
Por Tomás Barrandeguy
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