Los policías se robaron, en un búnker de barrio Azcuénaga, 15 ladrillos de cocaína, 50.500 dólares y 285 mil pesos. La vendieron en la ciudad de Santa Fe
El día del allnamiento en el que se produjo el robo y no se declaró el procedimiento de manera legal
En una audiencia celebrada este viernes en los Tribunales Federales de Rosario y a requerimiento de la Fiscalía, el juez Federal de Garantías, Carlos Vera Barros, prorrogó la prisión preventiva por 60 días a siete integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) imputados por un allanamiento ilegal y autorizó la inhibición de bienes por 150 millones de pesos a cada uno, tras una readecuación de la cautela patrimonial.
El requerimiento de prórroga de la medida cautelar lo formalizaron el fiscal Federico Reynares, a cargo del área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, y las fiscales coadyuvantes, María Virginia Sosa y Soledad García.
El fiscal Javier Arzubi Calvo amplió la imputación respecto de los siete integrantes de la PAT sobre el delito de comercio de estupefacientes agravado en una audiencia realizada el 10 de enero pasado ante el juez Vera Barros.
Guillermo David Toledo, Sergio Nicolás Robledo, Iván Severino Schneider, Jesús Ángel Balais, Gerardo Sebastián Pérez, Fernando Nicolás Ferreira, Renzo Maximiliano Michelud y Agustín Mario Andrés Martínez ya fueron imputados el 13 de agosto de 2024 por un allanamiento ilegal en el que robaron cocaína, armas y dinero en una vivienda del barrio Azcuénaga de Rosario.
En esa oportunidad, con violencia y bajo amenazas, privaron de su libertad a cinco personas (dos de ellas menores de edad) y les sustrajeron entre 12 y 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos. Parte de las drogas las vendían en la ciudad de Santa Fe.
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En la misma audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal también imputó por la comisión del delito de comercio de estupefacientes a Miriam Alejandra Gallegos, Guillermo Jonás Gallegos y Leonardo Manuel Gallegos, pareja y cuñados, respectivamente, del oficial Guillermo David Toledo, quienes fueron detenidos el 9 de enero pasado tras cinco allanamientos en las ciudades de Rosario y Santa Fe, autorizados por el juez Vera Barros.
Los peritajes practicados sobre los teléfonos celulares incautados a los policías, cuando fueron detenidos en octubre de 2024, evidenciaron que se quedaron con la droga sustraída en el procedimiento fraguado y que la trasladaron en parte a la ciudad de Santa Fe, donde la comercializaron a través de sus familiares.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal ampliaron el 10 de enero la imputación respecto de los policías Toledo, Robledo, Schneider, Balais, Pérez, Ferreira y Michelud por considerarlos coautores del delito de “comercio de material estupefaciente doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo tres o más personas en forma organizada”. Los oficiales ya habían sido imputados, junto a Martínez, por la coautoría de diversos delitos entre los que se cuentan los de violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento.
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En la misma audiencia, se formalizó la investigación respecto de María Alejandra Gallegos -pareja de Toledo-, quien habría colaborado en el transporte y la venta de los estupefacientes sustraídos, y de sus dos hermanos por haber fraccionado y comercializado la droga junto a una mujer que aún no fue ubicada. También requirió la prisión preventiva de las tres personas, que fue dispuesta por lapso de 90 días.
Finalmente, el juez Vera Barros dispuso la prisión preventiva de la mujer y sus hermanos, y declaró el caso como un “Procedimiento Complejo” en los términos del artículo 334 del Código Procesal Penal Federal, que autoriza la ampliación de los plazos máximos de duración de las diversas etapas del procedimiento.
Por Carlos Durhand
Por Guillermo Ferretti