Un joven de 23 años y su madre, una empleada de la policía de la provincia en disponibilidad, fueron detenidos este miércoles en el marco de una investigación a una banda criminal del barrio Ludueña. Él está sospechado de ser miembro de la asociación ilícita imputada en agosto pasado con Mauro Gerez, Andrés Benítez, Julián Aguirre y Jonatan Almada, como líderes, para quienes según los investigadores vendía drogas y efectuaba ataques armados por encargo.
La mujer, que incluso había trabajado en la cuestionada comisaría 12° de Ludueña, está acusada de filtrar información por lo que podría ser imputada por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El 2022 fue el año en que se alcanzó la cifra máxima de homicidios dolosos registrados en el departamento Rosario. En parte sucedió porque hubo disputas entre bandas que hicieron de sus territorios un escenario de guerra, con víctimas vinculadas a dichos conflictos y otras que no.
Un caso testigo es el de los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial, linderos entre sí en el noroeste rosarino, que entre los tres reunieron 51 homicidios, del total de 288. De esos 51, al menos 30 son investigados por la Fiscalía como parte de la disputa entre la banda de Francisco "Fran" Riquelme -vinculado a Esteban Alvarado- con la de Mauro Gerez, Andy Benítez, Julián Aguirre y Jonatan Almada, relacionados a Los Monos.
Sobre esta última banda, de la cual 26 personas habían sido imputadas en agosto pasado, también pesan acusaciones por una serie de extorsiones a vecinos y comerciantes del barrio Ludueña. El fiscal Pablo Socca, a cargo de esta investigación, tenía en carpeta personas no identificadas y otras que permanecían prófugas. En ese marco fue que, rastreando las conversaciones en el teléfono secuestrado de Jonatan Almada -uno de los imputados como parte de la banda- aparecieron conversaciones con su primo mantenidas en agosto de 2022, días antes de que Socca pidiera las detenciones de gran parte de la banda. En ellas queda expuesto cómo una empleada policial pasaba información a los integrantes del grupo cuando todavía estaban en libertad.
>> Leer más: Una banda armada desde la cárcel para copar un barrio y vender drogas
Se trata de Analía F., de 47 años, suboficial de la policía de Santa Fe que antes de ser pasada a disponibilidad había cumplido funciones en la comisaría 12° además de otras seccionales. Fue detenida este miércoles, por pedido del fiscal Socca, en un departamento céntrico de Mendoza al 600. En el procedimiento les secuestraron los celulares de ella, su madre y su hijo y otros aparatos más que fueron hallados en la vivienda a pesar de que la mujer aseguraba que no había más teléfonos.
También fue detenido su hijo, Kevin F., apuntado en la investigación como “soldado” y sicario de la banda. El muchacho, de 23 años, tiene domicilio en el barrio Ludueña pero también fue aprehendido en inmediaciones del departamento de calle Mendoza al 600. Para los investigadores el joven es un hombre de confianza de Jonatan Almada, quien desde su detención perdió poder hacia el interior del grupo y fue desplazado, generando así una serie de conflictos por una suerte de reacomodamiento interno por el cual hubo una serie de hechos violentos, entre ellos el asesinato de su primo Alan Carlini, ocurrido el 7 de enero pasado en Solís al 300.
>> Leer más: Ludueña: una casa baleada y tres heridos en distintos hechos firmados por "la mafia"
Carlini fue quien en agosto de 2022 le trasladaba a Almada la información filtrada por la suboficial de la policía ahora detenida. En tanto, su hijo Kevin parecía ser otro de los objetivos de esta nueva saga violenta: en los últimos días, antes de ser detenido, lo quisieron matar en dos oportunidades.
La audiencia imputativa a Analía F. y su hijo será la próxima semana. El fiscal Socca buscará imputar también a Matías “Pino” César, quien está preso y con condena a 20 años, sospechado de ser el jefe de la asociación ilícita para quien respondía la subestructura liderada por Gerez, Benítez, Aguirre y Almada.
Once allanamientos en la zona oeste permitieron secuestrar 26 teléfonos y vehículos. Investigan una organización que habría presentado falsas denuncias para recuperar las motos usadas en los robos.
Por Facundo Borrego
