En el año 2001 Santa Fe ocupaba el 8º lugar en el listado de tasas de homicidios cada 100 mil habitantes en el país. Y a pesar de que en la actualidad esos índices muestran una tendencia a la baja, en 2016 la provincia encabezó la nómina. Así lo sostiene un trabajo de investigación realizado por los comunicadores Nicolás Lovaisa y Alejandra Escalas para la Maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario. Como fuente, los investigadores contaron con datos recabados del Ministerio de Seguridad, la policía santafesina, el Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía) y artículos periodísticos.
El objetivo del trabajo, según sus autores, es "aportar información ante la ausencia de estadísticas oficiales respecto a las altas tasas de crímenes violentos y ser el punto de partida para un debate serio y responsable sobre la problemática".
El informe sostiene que la tasa de homicidios en la provincia se ha incrementado desde 2012, cuando por primera vez superó los 10 asesinatos cada 100 mil habitantes, y ya no volvió a cerrar ningún año en una cifra de un dígito.
Para el ex Ministro de Seguridad de la provincia Leandro Corti (quien cumplió esa función entre diciembre de 2011 y junio de 2012), "un déficit enorme para abordar la solución al problema de los homicidios es el de las estadísticas". Entrevistado por los realizadores de la investigación, sostuvo que "si se quiere lograr un impacto serio en la aplicación de cualquier política pública se necesitan datos para intervenir. Pero en general la información no se construye y además se oculta, porque impacta negativamente en términos políticos. Académicamente hay trabajos, pero parece no haber nexos con los responsables políticos".
Para Corti, el tema "no lo toma la agenda política porque no es un problema de sectores medios o altos". Y explica que "la mayor cantidad de casos ocurren en los márgenes de la ciudad. Pero cuando el crimen irrumpe en los espacios medios y altos adquieren otra visibilidad y se transforma en un problema".
En ese sentido, Corti dijo que "el desafío es desgranar las vías explicativas de los homicidios. Hay una distorsión entre la percepción social y la realidad. Se dice que hay muchos casos en ocasión de robo y la incidencia no alcanza a un 10 por ciento. Otra es que la mayor cantidad de homicidios se da por asuntos intrafamiliares o con conocimiento previo entre víctima y victimario, y eso también es falso. Acá hay un anclaje en el territorio de contienda y disputas de bandas", enfatizó.
Por su parte Máximo Sozzo, director del programa Sociedad y Delito de la Universidad Nacional del Litoral, sostiene que "no se hizo en Santa Fe el trabajo social necesario para tener una respuesta, un argumento, a esos niveles de violencia. El extraordinario proceso de exclusión social y económico que generó la crisis de 2001 marcó un surco persistente hasta el día de hoy, que la recuperación económica no subsanó".
En ese sentido, Sozzo explicó que "en Santa Fe el fenómeno de la violencia empezó a tener rasgos más radicales". Y se preguntó: "¿Cómo podemos debatir sobre un problema si la poca información que el Estado recopila es mala y no se hace pública? Hay una falta de interés de las estructuras en producir datos para un debate público más serio. Eso pasa en Santa Fe y en la Argentina. La política de control del delito no funciona muy bien sin información. Es decir, funciona bien para los actores políticos. Se vende que se hace algo y una parte de la ciudadanía compra, aunque eso luego no produzca resultados en la vida real", insistió.
Una ciudad caliente
Finalmente, el diputado provincial Leandro Busatto (FPV-PJ) se mostró asombrado porque "hoy se está informando que en la capital de la provincia han descendido los homicidios, pero hay que poner ese dato en perspectiva. Venimos de tres años récord y este descenso nos sigue manteniendo en un nivel de inseguridad alto. En 2016 la ciudad de Santa Fe tuvo una tasa de 30 homicidios cada 100 mil habitantes, igualándonos a Johannesburgo, Medellín o Río de Janeiro".
En relación a la investigación de Lovaisa y Escalas, el legislador expresó que "estos datos van a servir para saber dónde estamos parados, cuál fue la evolución de la inversión en obra pública, cuánta de esa inversión fue a los barrios, cuánto se invirtió en seguridad, cuál es la cantidad de policías por habitante, cuánto se invirtió en acción social y educación que son, sin dudas, áreas que influyen directamente en los niveles de violencia ciudadana".
Odiosas comparaciones
A la hora de analizar los datos duros (ver cuadros), según el Sistema Nacional de Información Criminal en 2002 Santa Fe tuvo una tasa de 8,33 homicidios cada 100 mil habitantes. Ese año, siete provincias tuvieron una tasa más alta: Buenos Aires (13,78), Formosa (11,92), Chubut (11,62), Chaco (11,17), Mendoza (10), Neuquén (8,65) y Entre Ríos (8,63).
Pero el paso del tiempo llevó a un contexto en el que la mayor parte de las provincias redujo los crímenes violentos, mientras en Santa Fe al año 2016 aumentaron, con una diferencia de 2,94 puntos respecto a 2002. En el otro extremo, las provincias que en más puntos lograron reducir su tasa de homicidios fueron Buenos Aires (6,38), Chaco (5,67) y Chubut (4,92).
El aumento de los homicidios dolosos en la provincia de Santa Fe no se condice, tampoco, con las tasas del país. El Sistema de Información Criminal permite analizar el período 1991-2015, situando las tasas más altas en 1997 (9,86), 2002 (9,52) y 1992 (9,22). A partir de 2002 se observa un decrecimiento del índice que vuelve a aumentar a partir de 2011 sin alcanzar los picos antes mencionados, pero con cifras similares a las de 1999, 2000 y 2001, y un nuevo decrecimiento en 2015. Tomando ese número como referencia, y comparándolo con el Informe Global de Homicidios elaborado en 2014 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Argentina se ubica como el segundo país con la tasa de homicidios más baja de Sudamérica, detrás de Chile (3,1). La tasa más alta es la de Venezuela (53,7), seguido por Colombia (30,8), Brasil (25,2), Ecuador (12,4), Paraguay (9,7), Perú (9,6) y Uruguay (7,9).
