Una tarde de enero de 2020 un vecino del barrio Vía Honda salió a hablar por teléfono al patio y escuchó que un nene gritaba “no me pegues”. Espió por encima de las chapas y vio que su vecino sumergía a un niño de 9 años en una pileta de lona mientras la madre gritaba “ahogalo, ahogalo”. Su llamado al 911 y la llegada de un patrullero que se llevó presa a la pareja dio origen a una causa penal por intento de homicidio. Esa intervención reveló, bajo la superficie de conductas encuadradas como delitos, el duro contexto de maltrato en el que vivían el niño, su hermanito y su madre, una mujer con dolencias de salud mental y sometida a violencia de género.
Luego de un abordaje con psicólogos y programas sociales, el caso penal cerró este viernes con dos condenas en un juicio abreviado. El padrastro, Miguel Angel Pereyra, de 37 años, aceptó una pena a 5 años y 4 meses de prisión y fue declarado reincidente porque tenía una condena previa por homicidio. A través de su defensora, Martina Guirado, pidió ser incorporado a un destino laboral o capacitación dentro de la cárcel. La madre, Anahí Soledad B., recibió 3 años como partícipe secundaria y obtuvo la libertad condicional por el tiempo que lleva presa en la Unidad 4 de Santa Fe.
Como su historia personal y el círculo de violencia la alejaron de su familia de origen la mujer de 32 años no tiene dónde vivir. Residirá en un hogar de la Pastoral Penitenciaria y trabajará en la cocina. El juez Nicolás Foppiani le otorgó la libertad condicional con ciertas restricciones, como la prohibición de acercarse a sus hijos hasta tanto lo autoricen la Secretaría de Niñez o el juzgado de Familia que lleva el caso. El nene, que ahora tiene 10 años, vive al cuidado de un tío materno y por el momento su psicóloga no recomienda la revinculación con su mamá.
El caso tiene la complejidad propia de los hechos que ocurren en un ambiente familiar signado por carencias materiales y simbólicas donde el delito funciona como señal de alarma para la intervención del Estado. “El abordaje criminal o penal es la última vía, no repara ni reconstituye, pero ayuda para esto: para tender redes y articular intervenciones de otro orden”, observó Florencia Chaumet, defensora de Anahí, una mujer que en el proceso quedó ubicada en una borrosa frontera entre víctima y victimaria.
“Existen medidas de protección y tutelas que, cuando la persona llega vinculada a una causa penal, parece perderlas. A esta mujer que venía desde hacía mucho tiempo siendo vulnerable, y llegó criminalizada a este extremo, costó mucho volverla al lugar de víctima”, añadió su defensora. La mujer llegó y su fue llorando de la audiencia que en la mañana del viernes cerró el caso penal mediante un abreviado acordado entre las defensas y la fiscal Marisol Fabbro.
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El trámite se inició el 6 de enero. Un vecino de Patagones y la calle 1821 (Avellaneda al 4500) salió esa tarde alrededor de la 18 a hablar con su celular al patio y escuchó que un nene gritaba “me están ahogando, me quieren matar”. Se asomó sobre la chapa y vio que su vecino, con los pies dentro de una pileta de lona, sumergía con las dos manos a una criatura bajo el agua mientras la madre del nene le decía “ahogalo, ahogalo”. “¿Qué hacés, loco de mierda? ¡Soltalo!”, gritó. El nene se fue corriendo con un hilo de sangre en la nariz hacia el interior de la vivienda. Una casa humilde ubicada junto a la vía y frente a una calle de tierra, donde vivía con un hermanito de entonces 2 años y la madre de su padrastro. La pareja subsistía vendiendo cobre.
Luego llegó la policía y el vecino contó que a los nenes se los escuchaba llorar por las noches o solían quedar encerrados en el patio y él les pasaba comida para que no pasaran hambre. Pereyra explicó que estaba castigando al niño porque le había mostrado los genitales al hermanito y al querer reprenderlo se le había “ido la mano”. “El niño estaba muy asustado. Lo único que manifestó fue que el padrastro lo había querido matar”, reveló una empleada policial que encontró al nene con la ropa mojada y lo llevó al Hospital de Niños Víctor Vilela mientras la pareja era detenida.
El nene contó entonces que había tragado agua de la pileta y dijo que tanto él como su hermanito eran maltratados por el padrastro. No tenía dificultades respiratorias pero se encontraron signos de maltrato frecuente: un chichón y un corte en la cabeza, un hematoma alrededor del ojo izquierdo y lesiones en la piel de un hombro, una rodilla y el muslo izquierdo además de marcas de rascado compatibles con sarna. La Dirección de Niñez de la provincia dispuso como medida excepcional que quedara al cuidado de un tío, mientras que su hermanito quedó a cargo de la abuela materna.
Una psicóloga del Ministerio Público de la Acusación constató que en poco tiempo el nene subió de peso y experimentó “un cambio muy significativo, se encuentra muy buen y le ha cambiado la vida”. El testimonio que al poco tiempo brindó el chico en Cámara Gesell fue importante en el rumbo que tomó el caso. Contó que su padrastro le pegaba todos los días “cuando hacía algo mal o cualquier cosa”, que solía sumergirlo en la pileta y que también castigaba a su mamá, a quien no la dejaba salir ni acompañarlo a la escuela.
Esto incorporó la mirada de género a la causa y la intervención de la Secretaría de Género Municipal. En ese sentido, la fiscal planteó en la audiencia que una semana antes del hecho hubo un llamado de Anahí al 911 pidiendo ayuda porque no podía irse de su casa, donde era sometida a violencia “física y verbalmente”.
Esto llevó a cambiar la imputación inicial que pesaba sobre Anahí como instigadora de un intento de homicidio simple por la de partícipe secundario de ese delito. Es que, en esas condiciones de sometimiento la fiscal evaluó que “no pudo instigar” sino más bien provocar “un reforzamiento de una voluntad previa” de quien era su pareja.
También se tuvo en cuenta que según el informe de una Junta Especial en Salud Mental la mujer pudo comprender sus actos pero condicionada por las situaciones de violencia y cierta inestabilidad anímica “asociada a un contexto vital vulnerable”. Según el reciente informe de una trabajadora social, la mujer quedó en “un estado de extrema vulnerabilidad emocional, padecimiento y sufrimiento psíquico tras haber sido víctimas, ella y sus hijos, de maltrato, golpes, privación de la libertad, sometimiento y manipulación”.
En ese contexto la defensora Chaumet explicó que, por carecer de residencia, Anahí dormirá en un hogar de la Pastoral Penitenciaria. Refirió que la mujer solicitó realizar estudios en prisión, trabajó en la cocina del penal y participó de un taller de radio. Durante el abordaje integral del caso fue vinculada al programa Potenciar Trabajo para la asignación de un empleo y continuará bajo tratamiento psicológico.
