Plantea que, para detener a Ghiselli, los investigadores omitieron los delitos cometidos por una testigo de identidad reservada que aportó información
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central.
La detención de Lautaro Laucha Ghiselli, apuntado como líder de la barra brava de Rosario Central, generó polémicas desde un primer momento. Cuando fue imputado, tres semanas después de que lo aprehendieron, sus familiares y amigos del club se manifestaron en el Centro de Justicia Penal. Ahora una hermana suya presentó una denuncia penal contra los fiscales que lo investigan.
La denuncia fue presentada contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Georgina Pairola, quienes llevan adelante la investigación por el asesinato del antiguo jefe de la barra canalla Andrés “Pillín” Bracamonte y su amigo Daniel “Rana” Attardo. Advierte que los funcionarios utilizaron la declaración de una testigo protegida de esa causa, sobre la cual luego se comprobó que había mentido y que estaba vinculada al delito, para cercar judicialmente a Laucha Ghiselli en otro legajo abierto a partir de los movimientos que generó en la calle y en la tribuna el crimen de Pillín.
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Según la denuncia, que acaso busca favorecer la situación procesal de Ghiselli, la mujer que declaró como testigo protegido fue Norma Acosta. Actualmente está presa e imputada luego de que se descubriera que había instigado un atentado a tiros contra su propia casa, para después declarar falsamente. Una investigación en la que también está imputado un barra de Central que era cercano a Pillín y luego de su asesinato fue desplazado del paravalanchas.
A fines de 2024, cuando apenas habían pasado dos meses del asesinato de Pillín Bracamonte, en la calle y en investigaciones judiciales se había consolidado el rumor que ubicaba a Laucha Ghiselli como sucesor del paravalanchas. Todavía no se habían dado los primeros avances en la investigación sobre el asesinato de Pillín, que al paso del tiempo condujo a cinco detenciones: tres por encubrimiento y dos como partícipes primarios. Todos ligados al club, pero solo los sindicados como encubridores eran del núcleo más cercano a Pillín.
En paralelo, la causa por el asesinato del barra canalla expuso a una banda criminal que hasta entonces había gozado de cierto anonimato. La banda Los Menores había sido mencionada en crímenes de la zona noroeste y su presunto líder Matías Gazzani era una persona que en los pasillos judiciales muchos conocían pero nadie investigaba. Tras el crimen de Pillín se precipitó la caída de varios integrantes de Los Menores, se blanqueó públicamente que Gazzani estaba prófugo desde inicios de 2024 y el gobierno ofreció 70 millones de pesos como recompensa para quien aporte información que permita ubicarlo.
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La investigación formal contra los miembros de Los Menores, llevada adelante también por los fiscales Schiappa Pietra y Pairola, determinó la detención de Laucha Ghiselli y su imputación como organizador de una asociación ilícita. La acusación plantea que el crimen de Pillín Bracamonte se planeó para que la organización, buscando ampliar su poder, se quedara con la barra canalla. Y que en ese marco Matías Gazzani había elegido a Laucha como sucesor con el fin de “poner a un referente propio”. “Al Laucha lo pone Matías como jefe de la barra. Él no tenía ningún tipo de legitimación con la barra como para ser el jefe, por eso cuando Matías lo apadrina lo empiezan a espetar", había dicho un testigo de identidad reservada.
Con todo ese contexto la hermana de Ghiselli, mediante su abogado Sebastián Oroño, presentó la denuncia contra Pairola y Schiappa Pietra “por hechos que revisten una doble calidad”. La misma comienza cuestionando la acusación contra su hermano y advirtiendo una posible contradicción. Tiene que ver con el planteo de la Fiscalía de que Pillín fue asesinado para que Ghiselli ocupara su lugar, homicidio en el que participaron los imputados Alejandro “Cani” Zamudio y Alejandro Vázquez. “Llamativamente no fueron imputados como miembros de la asociación ilícita”, plantea la denuncia sobre los dos acusados como partícipes del asesinato pero no como parte de la banda que lo habría instigado.
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Pero es otro el eje principal de la denuncia que, según pretenden, “de ser corroborada encuadraría en el delito de encubrimiento agravado”. En ese sentido expusieron que, para imputar a Ghiselli, los fiscales utilizaron un testimonio de identidad reservada de la causa por el crimen de Pillín. Una declaración que, de acuerdo a la denuncia, luego se confirmó que presentaba falsedades. La misma fue atribuida a Norma Acosta, quien según esta presentación dijo haber sido testigo presencial del asesinato. Algo que luego se supo que no había sido así.
La denuncia cuestiona “que múltiples medidas investigativas e intercambio de información entre Schiappa Pietra, Pairola y la testigo Acosta se materializaron aun cuando se determinó fehacientemente que la misma habría mentido en todas sus aseveraciones”. En ese sentido apunta a los fiscales por “haber omitido deliberadamente y en cumplimiento a acuerdo extranormativos la formación de legajo contra la señora Acosta a pesar de la clarísima comisión de un delito”.
Casi en paralelo a la imputación a Ghiselli, en otra causa del Ministerio Público de la Acusación avanzó la investigación que finalmente dejó presa a Norma Acosta. Todo comenzó en mayo pasado cuando la mujer, que tiene antecedentes por narcotráfico, denunció que su casa había sido atacada a tiros. La detención de los gatilleros fue la punta de un ovillo que expuso a Acosta como la instigadora del atentado a su propia vivienda.
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El 10 de septiembre Acosta fue imputada por intimidación pública agravada y abuso de armas en carácter de instigadora. El fiscal Pablo Socca también acusó a un partícipe primario, sindicado como quien puso a disposición a los gatilleros. Se trata de Juan José Gómez, un ex barra de Rosario Central conocido como “Juancito”. Era cercano a Pillín y tras su asesinato, al ser desplazado de la barra, terminó en el paravalanchas de la tribuna de Newell’s bajo el ala de personas cercanas a la banda Los Monos.
Lo que subyace a esta denuncia es la puja entre funcionarios hacia el interior del Ministerio Público de la Acusación. Disputas en las que quedan expuestas, y al borde de ser cuestionadas, las herramientas para investigar que tambalean en el marco de la ley. No es la primera vez que se apunta sobre la vieja costumbre de utilizar como testigos de identidad reservada a personas vinculadas al delito.
Por Azul Martínez Lo Re