La despenalización de la tenencia de droga para consumo personal abrió la puerta al tratamiento
de las adicciones como un problema de salud pública. Con esa perspectiva, en la Legislatura porteña
comienzan hoy jornadas de debate en las que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Eugenio Zaffaroni, y otros especialistas presentarán una guía para que los jueces federales
se ocupen de los consumidores. Además se dará a conocer la “fórmula del paco”, una
droga letal que hace 13 días se secuestró por primera vez en Rosario.
“Esta guía está hecha para decirles a los jueces que quienes son
encontrados en un allanamiento con tenencia de drogas para consumo no son punibles sino personas
afectadas por un problema de salud, y que deben contactarlas con los servicios de salud y
desarrollo social”, explicó a La Capital la legisladora porteña María Elena Naddeo (Diálogo
por Buenos Aires), organizadora del encuentro.
El documento fue elaborado por iniciativa de Zaffaroni y el juez federal
Santiago Torres con el objetivo de establecer “parámetros médicos, sociales y sanitarios para
la atención adecuada de personas con consumo de sustancias adictivas”. Fue diseñado por la
Comisión Interdisciplinaria de Expertos en Adicciones, que se formó tras la sentencia de la Corte
Nacional que en agosto de 2009 declaró inconstitucional la tenencia de marihuana para consumo
personal. Disertarán funcionarios, legisladores, expertos, toxicólogos y el Ministro de Justicia de
la Nación, Julio Alak,
—¿Cómo surgió la idea de realizar esta guía?
—Fue una iniciativa del doctor Zaffaroni, que está concentrado en
articular desde la Justicia federal los programas para atender a las personas afectadas por el
consumo. En la guía están planteados los organismos que intervienen, adónde derivar a las personas
y con qué pautas. Se diferencia intoxicación de consumo crónico, situación de crisis o situación
permanente. Están especificados los tipos de tratamiento y dispositivos alternativos a la
internación. Los servicios de atención son de la ciudad de Buenos Aires, aunque la experiencia
podría reeditarse en otras provincias ya que la descripción conceptual se puede usar en todas las
jurisdicciones.
—¿A quiénes está dirigida?
—Está destinada a la Justicia federal, que interviene en el tema
drogas, aunque también es útil para fueros o instituciones en contacto con personas atravesadas por
el consumo de sustancias. La despenalización no quiere decir que el Estado deba desentenderse de
quienes consumen en forma abusiva, sino que es necesario desarrollar políticas públicas para dar
cuenta de este padecimiento que, en el caso del paco, afecta a los chicos de las barriadas más
pobres de Buenos Aires.
—¿A qué causas adjudica ese fenómeno?
—Hubo un punto de inflexión en la crisis de 2001, cuando
confluyeron políticas de ajuste con el ingreso en la indigencia de la mayor parte de la población.
Un fenómeno que recorrió todo el país fue que en los barrios carenciados muchas familias
recurrieron a la venta de sustancias como forma de supervivencia frente a un Estado que se estaba
derrumbando y fuerzas de seguridad cómplices o indiferentes. Esta nueva acción puede ser una
oportunidad para empezar a trabajar realmente contra la venta de paco.
