Un preso de la cárcel de Coronda fue imputado por ordenar el crimen de Daiana Belén Becerra, la mujer de 30 años a quien balearon en julio pasado cuando llegaba en un remís al barrio San Francisquito desde su casa en Empalme Graneros a dejar un cartel. Iba acompañada por su hija de 13 años y un hombre al que subió en el camino, quien al llegar a destino fue tras sus pasos y la mató con un disparo a la cabeza y otro en el abdomen. Según la imputación, el crimen fue ordenado desde la cárcel por su pareja, quien le indicó que se trasladara a la que sería su propia escena de muerte acompañada por el sicario, aún no identificado.
El caso fue encuadrado como un femicidio, delito que prevé prisión perpetua. Bajo esa calificación la fiscal de Homicidios Georgina Pairola acusó a Facundo Mariano Moreira, apodado “Cabra” y preso en Coronda, de haber enviado a una persona a matar a Daiana el 9 de julio pasado. Según planteó, el interno ejercía una “dominación” sobre la mujer y el crimen fue cometido en un contexto de violencia de género sostenido en el tiempo, por el cual la víctima era obligada al traslado de drogas, armas y dinero. Así, el acusado quedó en prisión preventiva como instigador de un homicidio calificado por ser cometido en un contexto de violencia de género y agravado por el uso de arma.
Se trata de una imputación novedosa que cruza la cuestión de género con el contexto de narcocriminalidad que rodea al caso. Una trama que explica la mayoría de los asesinatos de mujeres registrados el año pasado en Rosario. En 2022 donde hubo 62 crímenes de mujeres, prácticamente el triple que el año anterior. El fenómeno estuvo marcado por una disminución en la cantidad de femicidios y un aumento de las muertes en contexto narco: casos rodeados de mensajes mafiosos, balaceras al paso, reclamos por deudas, venganzas y ataques a soldaditas.
El juez Facundo Becerra le dictó a Moreira la prisión preventiva por el plazo legal por el femicidio y también por ser miembro, junto con otros dos acusados, de la violenta asociación ilícita dirigida desde la cárcel federal de Rawson por el preso Leandro Alberto Vilches. Un condenado como parte del núcleo duro original de la banda de Los Monos que en julio pasado fue acusado de liderar su propia organización autodenominada “La Mafilia”, que tenía a Daiana Becerra entre sus filas.
Una muerte tras otra
Becerra tenía tres hijos y vivía en el barrio Empalme Graneros. La tarde del 18 de abril pasado había perdido a quien era su pareja, Jorge Damián “Porteño” Camargo, a quien asesinaron delante de ella. El hombre de 31 años e investigado por comercio de drogas fue baleado en Einstein al 7200 mientras arreglaba una bicicleta de Daiana en la vereda. Ese día ella habló ante los medios de comunicación para contar que el hombre había muerto en sus brazos. Dos semanas después del crimen, en la misma cuadra, fue asesinada Micaela Gómez, de 28 años, a quien balearon por error en una ataque dirigido a una amiga. Era una venganza por la muerte del Porteño.
El 9 de mayo la Fiscalía secuestró un celular de Becerra y, al peritarlo, se encontraron mensajes que le había enviado a su ex pareja y padre de sus hijos. “Conmigo corren peligro porque me quieren matar. Porque yo estuve al lado del Porteño cuando lo mataron y él se puso en medio para que no me hagan nada y terminó muerto por culpa mía”, le dijo, aunque tenía claro que el objetivo del ataque era Camargo, considerado un sicario de la organización de Vilches que tenía el fetiche de vestirse de policía.
En el teléfono, además, se encontraron evidencias contra La Mafilia, el grupo dirigido por Vilches y otros dos presos imputados en julio al que se le atribuyen violentos delitos, crímenes a traición y balaceras a edificios públicos. Entre otros casos, le asignan al grupo el asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano. El músico callejero al que secuestraron al azar y mataron a tiros el 1º de febrero para arrojar su cuerpo frente a la cancha de Newell’s y dejar un “mensaje” a una facción rival de Los Monos con injerencia en la barra brava del club.
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“En cualquier momento me matan”, había anticipado Daiana, tras la muerte de Camargo, en la charla con su ex. Ese vaticinio se concretó el 9 de julio pasado, cuando llegó un remís al barrio San Francisquito y apenas ingresaba a un pasillo recibió dos disparos. Fue asesinada por un hombre que había subido al auto en un tramo del viaje y que aún no fue identificado.
Según la reconstrucción que realizó Pairola, ese día Moreira se comunicó por celular desde la cárcel con la mujer, con quien tenía una relación de pareja, y le indicó que se encontrara con un hombre de su confianza en Uruguay y Lavalle. Luego debían dirigirse a una casa de Rueda entre Alsina y Lavalle para dejar en ese lugar una carta intimidatoria.
Becerra llamó a una remisería y pidió un auto que la pasó a buscar por el lugar donde vivía, en Ghandi al 7000. Al llegar el auto, un Renault 9 gris, Daiana subió acompañada por su hija de 13 años. Entonces le informó al preso que a esa hora, la 1 de la madrugada, estaba camino al punto de encuentro. Allí se detuvo el auto y subió un hombre que comenzó a indicarle el camino al conductor. Mientras tanto, según la fiscal, Becerra le siguió enviando mensajes a su pareja y le indicó que llegarían a destino en unos diez minutos.
Al llegar a Rueda entre Alsina y Lavalle el auto se detuvo. Daiana y el otro pasajero bajaron e ingresaron juntos a un pasillo de Rueda al 3900, mientras que el auto regresó al punto de partida para llevar a la hija de la víctima a su casa. La mujer se adentró en el pasillo y en ese momento el sicario comenzó a dispararle. Luego escapó corriendo. Becerra recibió un disparo en la cabeza y otro en el abdomen. Personal del Sies que llegó al lugar constató su muerte.
Un dato novedoso de la imputación es que el caso se considera “inserto en un contexto de violencia de género sostenido en el tiempo y sufrido por la víctima”. La imputación plantea que el crimen “fue cometido como manifestación de la relación desigual de poder entre mujeres y hombres”. Es que, según explicó Pairola, de las conversaciones surge “una clara relación asimétrica de poder” y se advierte que Moreira utilizaba a Becerra, “por el solo hecho de ser mujer, como una mera herramienta para la realización de distintos tipos de tareas”. Como el traslado de estupefacientes, armas y dinero.
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“Además —indicó Pairola—, ejercía un control sobre los movimientos diarios de la víctima exigiendo que informara dónde y con quién se encontraba, como así también poseía acceso y manejo de sus redes sociales. Por otro lado, la violencia se encuentra plasmada en mensajes intimidatorios que le enviaba a la víctima, amenazando de muerte tanto a Becerra como a sus familiares directos”.
A partir de estas situaciones que la fiscal mencionó como “claros ejemplos de la dominación” del interno hacia su pareja, el crimen fue calificado como un femicidio. Un encuadre que se funda en pautas sobre criminalidad organizada y violencia contra las mujeres fijadas por la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos.
Roles en la banda
En tanto, con respecto al rol del acusado en la banda de Vilches, Pairola planteó que Moreira “posee comunicación directa con el jefe de la organización” y se ocupa de encargar tareas como filmar domicilios, trasladar dinero, drogas o armas y realizar balaceras y homicidios. “La mayoría de los encargos los realiza a través de comunicaciones telefónicas. Una de las personas con las que contaba para dichas tareas era Daiana Becerra”, explicó.
Otros de los imputados en la audiencia que finalizó el mediodía de este martes en el Centro de Justicia Penal es Miguel Angel Vilches, apodado “Culón”, a quien le asignan tareas de sicariato, ejecución de balaceras y trabajos de inteligencia y el uso de sus cuentas bancarias para gastos de la organización. El tercero es Abraham Elías Jalife Ferrero, quien “provee de insumos a la asociación, entre ellos armas de fuego de las cuales se arroga ser el fabricante y todo tipo de material balístico”.
