El comisario Guillermo Cardini, quien fue subjefe de Sustracción de Automotores de la Unidad Regional II y que está procesado en la megacausa de Los Monos por encubrir al clan del barrio Las Flores, solicitó a la Justicia que su caso se ventile en un juicio oral y público a fin de que "la mayor cantidad de personas posible tomen conocimiento de los motivos" que determinaron su vinculación a la causa, "se conozca la verdad de lo ocurrido" y consecuentemente se evidencie su "total ajenidad al hecho" que se le imputa. El reclamo se hizo mediante un escrito que elevaron sus abogados, Víctor Corvalán y Evelyn Quain ante el juzgado de Sentencia 6 a cargo de Edgardo Fertitta.
Ya en febrero pasado la defensa de Cardini había pedido la nulidad de toda la causa bajo el argumento de que las escuchas telefónicas en contra de los imputados, especialmente las que vinculan a su cliente, "al ser ordenadas judicialmente no fueron fundamentadas en ningún motivo explícito". Y por eso, además, recusaron al por entonces juez de la causa, Juan Carlos Vienna.
Unos sí, otros no. En el marco de la megacausa, el 15 de abril pasado se firmó un acuerdo de juicio abreviado para 14 integrantes de la banda de Los Monos acusados de asociación ilícita con penas no mayores a los 3 años de prisión efectiva para diez de los culpables. Ese convenio aún sigue siendo discutido en una de sus partes ya que en segunda instancia se declaró inadmisible que tres de los acusados (Ariel Máximo "Guille" Cantero, Leandro Alberto Vilches y Jorge Emanuel Chamorro) reciban bajas penas por estar involucrados, además de la asociación ilícita, en el crimen del bolichero Diego "Tarta" Demarre.
Pero además de esas 14 personas hay otros 17 imputados, la mayoría empleados de fuerzas de seguridad, que están siendo sometidas a un juicio escrito como miembros de la organización. En ese marco el comisario Guillermo Cardini (procesado por asociación ilícita, cohecho y encubrimiento agravado) pidió que su caso sea ventilado en un juicio oral y público. Lo que compromete al oficial son escuchas en las cuales le garantiza a "Guille" Cantero por su condición de jefe policial y un acuerdo económico, eludir un operativo que se iba a realizar en un galpón de zona sur en busca de autos de la banda; en tanto en intervenciones telefónicas a dos integrantes de Los Monos (Mariano Ruiz y Ramón Machuca) se les escucha decir que "Pipa", tal como llaman a Cardini, les avisó de ese procedimiento.
En el escrito presentado por sus abogados, el policía recuerda que "anteriormente había hecho este reclamo pero con el argumento de la conexidad de la causa con otros expedientes" se le negó esa metodología. Pero como posteriormente no se hizo lugar a la acumulación de causas, es que reitera la solicitud "con distintos fundamentos".
Mediante sus abogados, Cardini dice que "nadie discute las ventajas de la oralidad adoptada a partir del 10 de febrero del año pasado" en Santa Fe; destaca que el sistema oral y público permite "una inmediación entre el tribunal y la prueba, la celeridad y la concentración, y seguramente va a permitir una mayor eficacia en el despliegue de la estrategia defensiva, con lo que la pretensión absolutoria tendrá mayores posibilidades de concretarse".
El rol del periodismo. En otra parte del escrito, el comisario manifiesta que más allá del derecho que le asiste "hay también un interes público en que el objeto de este proceso sea conocido por todos ya que en esta causa se juzgan graves hechos atribuidos, que de ninguna manera pueden llegar a la gente a través de una mirada sesgada a partir de lo que puedan recoger los medios de comunicación por la lectura de actas o sentencias".
Y al profundizar sobre el rol del periodismo en los juicios orales, dicen los abogados de Cardini: "Si bien los medios son los naturales intermediarios entre lo que ocurre en el Poder Judicial y el pueblo, no es lo mismo partir de expedientes que hacerlo del contacto directo que se tiene en una audiencia. Es notable cómo la transmisión de la verdad, recogida del discurso del imputado, del testigo o del perito, le puede llegar a la gente cuando el periodismo relata lo que ocurre en la audiencia".
Finalmente, Cardini dice que tiene sumo interes en "que la mayor cantidad de personas posibles conozcan los motivos" que lo llevaron a estar vinculado a la causa "a fin de que sepan la verdad de lo ocurrido y consecuentemente evidencien mi total ajenidad". Y pide la suspensión de los términos procesales hasta tanto se resuelva la solicitud para la que reservaron el derecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la provincia y de la Nación.
Protesta de los familiares de presos en un pabellón de la cárcel de Piñero
Familiares de presos alojados en el pabellón 3 de la cárcel de Piñero protestaron ayer frente al juzgado de Ejecución Penal ante lo que consideran "una mora en la resolución de los pedidos de los derechos que les corresponden a los internos".
En un comunicado que hicieron llegar a través de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), los familiares de los reclusos sostienen que la jueza de Ejecución Penal, Luciana Prunotto, "comete demoras injustificables e ingresa en la ilegalidad al no contemplar los derechos de las personas privadas de la libertad que están en su jurisdicción".
En ese marco, los familiares también hicieron saber que desde el día lunes los internos del pabellón 3 de Piñero se encuentran en huelga de hambre reclamando el aceleramiento de las causas, principalmente las que se encuentran en Ejecución Penal, con pedidos de los derechos que les otorga la ley. Ante ello, la CTC "se ha interiorizado del estado de las causas solicitando la intervención de los defensores oficiales", dijeron en un comunicado.
"En algunos casos, donde las personas se encuentran a disposición de los dos sistemas penales vigentes (el oral que entró en vigencia en febrero de 2014 y el residual que acumuló las causas anteriores), la situación se complica innecesariamente ya que no se comparte la información entre los mismos por lo cual los defensores de un sistema no cuentan con la información actualizada del otro".
Por ello los familiares de las personas privadas de libertad en el pabellón 3 de Piñero se reunieron en la puerta del juzgado de Ejecución Penal que se encuentra en la cárcel de Rosario y "manifestaron el maltrato que reciben de la jueza cuando van a interiorizarse de las causas de sus familiares".
Puñaladas. El reclamo se da a tan sólo dos días de que una gresca dentro del pabellón 1 de Piñero terminara con un detenido asesinado de una puñalada. Fue el miércoles a las 15.30 cuando en circunstancias aún confusas un par de internos se trenzaron en una violenta pelea. En ese marco Nahuel A., quien está procesado por el homicidio de Emanuel Palacios, ocurrido en julio de 2014, mató a puñaladas a Brian R. en un hecho que investiga el fiscal Adrián Spelta.
