Esta mañana, en el nuevo edificio de Justicia Penal, se iba a realizar la audiencia para revisar la modalidad bajo la cual está detenido el agente de la Policía de Acción Táctica (PAT) Ramiro Rosales, el único policía que quedó con prisión efectiva por el crimen de Jonatan Herrera.
Antes de comenzar, el fiscal Adrián Spelta, y los representantes de las partes querellantes Santiago Bereciartúa y Gustavo Feldman, se opusieran a que fuera el juez Donnola quien decidiera el futuro de Rosales, y que quien debía resolver era el tribunal de 1ª instancia que había impuesto la pena. En tanto, el defensor Mariano Buffarini defendió esa postura. El policía, en caso de haberse llevado a cabo la audiencia, podría haber obtenido salidas laborales.
Finalmente, Donnola se declaró incompetente y ahora se deberá fijar una nueva audiencia para determinar si se le concede a Rosales la morigeración de prisión.
La muerte de Jonatan Hererra se produjo el 4 de enero de 2015. Ese día, el joven que por entonces tenía 22 años, lavaba su auto en pasaje Villar y Ayacucho, cuando quedó en medio de una persecución: un móvil del Comando Radioeléctrico perseguía a un muchacho armado. Jonatan se escondió detrás de un árbol. Los policías Miguel Iturres, Milagros Rodríguez y Gladys Galindo bajaron del patrullero y dispararon.
Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, flamantes agentes de la PAT, viajaban en un colectivo de la línea 133 y bajaron para sumarse al operativo. Entre los siete efectuaron más de 50 disparos hacia donde estaba Jonatan.
Tanto los agentes de la PAT y Galindo, del Comando, llegaron a juicio. En abril de 2017 Galindo, con pedido de perpetua por homicidio calificado por abuso de armas y función policial (una pericia indicaba que el tiro que dio en la cabeza de Jonatan había salido de su arma), fue absuelta.
Rosales, de la PAT, acusado del mismo delito por efectuar el tiro que impactó en el abdomen del joven, recibió seis años y medio de cárcel por homicidio culposo, es decir, sin intención. Rodríguez, Sosa y Gálvez, los otros tres agentes de la PAT, fueron condenados a tres años y medio por abuso de armas.
