No es que no se sabe lo que pasa. Se sabe y la respuesta es rápida. Se desarticulan bandas, se conocen velozmente a sus miembros, sus campos de maniobra, sus aliados dentro y fuera de la cárcel, se los detiene. El problema del sistema penal de Rosario con los actores que producen la enorme violencia que cruza la ciudad es que no los anticipa. ¿Por qué pasa eso? En parte porque la inteligencia criminal está en un nivel muy inicial. Además porque las fuerzas policiales tienen profundas deficiencias en su formación y miembros que participan en todas las organizaciones grandes. Pero hay un rasgo fundamental que hace a la idiosincrasia de Rosario. La violencia es el modo de regulación de un mercado donde, sin líderes fuertes, nadie disciplina a nadie.
La violencia de las primeras semanas de septiembre es impactante por los hechos que, aunque se agrupan, no son parte de la misma secuencia. Pero implican la total inestabilidad en el terreno que produce la mitad de los homicidios de Rosario y su zona metropolitana, que es el comercio vecinal de drogas. En los últimos 35 días asesinaron de modo mafioso a dos cabecillas del narcomenudeo uno a cada punta de Rosario. Ariel “Jerry” Gaeta de Villa Gobernador Gálvez, con doce balazos en la zona sur. Marcelo “Coto” Medrano, con condena por narcotráfico, con un disparo a la cabeza en Granadero Baigorria. Ese desorden, que no tiene freno, implica réplicas.
Las estructuras de las bandas de narcomenudeo son medianas. Las grandes por su magnitud simbólica pueden imponen su fuerza sin tener que usarla. Al no tener volumen ninguna es exitosa sin usar la fuerza. Por tanto en un mercado dinámico, que produce mucha plata pero está muy fragmentado, la forma de conquistar terreno para hacer dinero es con disputas.
“En Rosario los mercados criminales funcionan muy bien porque son muy rentables. La característica que tienen es que el menudeo de drogas, que explica el 50 por ciento de los homicidios y las balaceras, se dirime a los balazos. No pasa en todos lados. En Córdoba las pujas del negocio muestran despuntar otros delitos, como los secuestros fugaces, pero no los hechos de sangre. En la provincia de Buenos Aires el actor ordenador del negocio es la policía bonaerense. Acá regulan las 9 milímetros”, sostiene un investigador del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.
Lo que está fuera del debate, o de la sanción social, es adónde va el dinero que necesita de la violencia para generarse. Justamente en la semana en que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, pidió cuidado con el dólar negro porque viene de un mercado delictivo donde se mezcla el pequeño ahorrista con el narcotraficante. “Nadie quiere poner sobre la mesa en serio el rol que cumplen las financieras que reciben la plata. Nadie sentó a la mesa a la Afip, al Banco Central, a los comerciantes. No se puede dejar de lado en la discusión a los actores legales que le ponen el mantel a los narcos para que sigan con sus negocios y que sienten que no tienen nada que ver con lo que pasa. ¿Quién compra y quién vende dólares? ¿De dónde proviene el dinero que va a las cuevas? ¿Qué tipo de control se está haciendo sobre el dinero negro?¿Cómo funcionan los negocios en el puerto? Sobre esto no tiene que dar respuesta la policía sino la política en todos sus niveles. Y hasta que la política no se meta en serio con esto no esperemos que la violencia cese”, observa un funcionario del Organismo de Investigaciones (OI).
Pero la violencia que atraviesa Rosario reconoce conflictos, actores y dinámicas muy diversas. Las 23 muertes en homicidio en las primeras tres semanas de septiembre cruzan eventos muy disímiles. Dos hombres asesinados por sicarios en Baigorria, un conductor con una muerte cerebral causada a golpes en un incidente de tránsito, un tiroteo frente a un cementerio luego del sepelio de un chico asesinado frente a un búnker, una chica de 14 años que recibe una de las balas que perfora la fachada de su casa, un empleado de cocina de un restaurante baleado en el robo de su auto, una aparente tiroteo entre dos grupos que anoche mata a un chico de 23 años en zona norte.
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A eso se suma el factor de la pandemia que, para diversas agencias penales, incide muy fuerte en las dinámicas violentas, por la agudización de la recesión. Las pujas se multiplican en un contexto donde las economías del delito se achican y no hay plata para todos. Eso aparece en las balaceras, una variante muy de la idiosincrasia local: en lo que va del año hubo 3 mil ataques con tiros con hasta veinte incidentes en un día. El récord fue el 1º de mayo con 30 hechos en 24 horas.
Este método de dirimir el negocio con violencia activa el mercado de mano de obra: los gatilleros. “Tirar tiros es un trabajo que se paga e implica una cuestión de estatus o de ascenso de jerarquía. Se nota que los soldaditos que están vendiendo pasan después a disparar. Y por lo que se suele ver luego en audiencias penales son personas muy humildes, sin educación o con instrucción precaria, a menudo con fuertes adicciones a drogas”, refirió un empleado técnico de la Agencia de Investigación Criminal del MPA.
Pero también hay una extracción media donde hay una inclinación por pertenecer a esas agrupaciones. El Fino Ocampo o Mauricio Laferrara, vinculados a Esteban Alvarado, vienen de entornos periféricos pero no son personas de carencias económicas, lo mismo que la familia Bassi. Pero sí lo es una mayoría de mano de obra vasta que dispara. “Hay casi un 50 por ciento de pobreza en una sociedad donde falta trabajo pero gatillar es un empleo remunerado. Y con 10 mil personas disponibles para esa tarea en una ciudad de un millón tenemos el insumo para una violencia de difícil contención”, analiza un funcionario de la Agencia de Criminalidad Organizada.
En un sistema económico que absorbe plata del delito, nadie podrá decir que la violencia es irracional. Por eso tiene cada vez más sentido lanzar la persecución sobre el mundo legal que está siempre listo para ofrecer y dar servicio a los violentos.
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“Los que reciben y hacen circular la plata del narcotráfico son los mismos que después se quejan de los hechos violentos en los bares del centro. Al Coto Medrano le venden 35 mil dólares en una financiera de Corrientes y Córdoba que manejan personas del circuito. Esa gente permite que circule el dinero que los narcos consiguen a los tiros", reflexiona un funcionario fiscal. "El constructor que hace edificios y recibe a un tipo que le trae dinero en una valija sin preguntar de donde viene la plata colabora con la violencia. También los abogados que les dan sustento, no los que los defienden, sino los que están vinculados con los mismos durante veinte años y permiten que a través de ellos circulen sus bienes. El que ayuda a los violentos alimenta el circuito que propaga la violencia”.
La responsabilidad de los espirales de sangre también viene del cortocircuito entre policía e instituciones políticas. Policía no capacitada pero también fiscalías que no trabajaron todavía las balaceras con una pauta coordinada y concentrando hechos semejantes. La tarea preventiva del MPA es unir causas para desarticular bandas. La responsabilidad política está en la escasa articulaciones de las agencias penales.
La percusión enloquecida de las balas entremezcla motivos. A veces una misma persona puede disparar por un problema personal o para eliminar un rival. Pero la violencia ingresa en un estatuto lógico cuando tiene un fin económico. La semana pasada una agencia de investigación captó una foto que tres líderes de grupos criminales presos -René Ungaro, Lichi Romero y Chuky Monedita- subieron a las redes una foto compartiendo un asado en un pabellón de Piñero. Son piernas de zonas distintas de Rosario que están montando una alianza. Colgar la foto implica dar un mensaje al territorio, a propios y ajenos, sobre a quién respetar y contra quien avanzar.
“Tenemos información de que se unen para hacerle fuerza a la monada, que no es el mismo grupo de Los Monos caído en 2013, sino una reagrupación con piezas nuevas”, dice un investigador del Ministerio de Seguridad. Los negocios criminales son así. Mantener una estructura es complejo y costoso. Y la fragmentación actual en muchos grupos, con la plaza seca de fondos, es cada vez más demandante de fondos. “Hay que pagar al soldado del bunker, al proveedor, al sicario, comprar balas, comprar armas, comprar nafta, sostener a la familia cuando se cae preso”. Y cuando se reduce el ingreso la melodía disonante de los tiros recrudece.
“Esto va a seguir porque es la forma en que funciona el mercado narco en Rosario. Hay una incapacidad del Estado de ponerle freno. Falta una policía fuerte que no tenemos. La capacidad de gestión de la policía en ese mundo, no porque no la hayan querido tener, no existe. No está presente tampoco la Nación tomando el problema de Rosario sea cual sea la gestión. Y meter preso sabemos que no funciona”, sostiene otro funcionario técnico del MPA provincial.
Lo dice basado en números verificables. En ocho años el número de presos en la provincia pasó de 4 mil a 7 mil. En 2008 en la provincia había 117 presos cada 100 mil habitantes. En 2018 escaló a 184 cada 100 mil. “La información de lo que pasa la tenemos. Pero eso está separado de la respuesta. Cuando matan a una chica de 14 años la semana pasada rápidamente hay detenidos. El contexto criminal lo sabemos. Pero mientras perdure la estructura que da sentido al gatillero hacer su trabajo, el gatillero que cae preso, o muerto, será reemplazado por otro”, agrega.
No todo se reduce a la pobreza. Pero para que algo cambie deberíamos dejar de mentirnos. La concentración del 90 por ciento de los hechos de violencia altamente lesiva en Rosario es en zonas marginalizadas económica y socialmente. Y suele tener como protagonistas a personas que padecieron privaciones y el bloqueo a a oportunidades. Malas noticias: sin modificar esta convivencia entre una sociedad con chances y otra sin chances no habrá respiros. Casi un 30 por ciento de la sociedad en Rosario hoy solo puede encontrar respuesta a sus necesidades cotidianas en las economías informales y delictivas. La crueldad, los crímenes, los robos son nombres alternativos y usuales que tiene una sociedad desintegrada. Algo que difícilmente se arregle solamente con más patrulleros.
