Un fallo de Cámara favoreció a policías que coimearon a un transportista

La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó parcialmente la sentencia por la que tres policías que cumplían funciones en la Guardia Rural "Los Pumas" fueron condenados por coimear a un transportista y retener a un camionero durante al menos de 24 horas, en mayo de 2014, en inmediaciones de la localidad de Juncal (departamento Constitución).

   Los camaristas avalaron la sentencia dictada el 1º de abril de 2016 por la jueza Liliana Genovese, del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia Penal de Cañada de Gómez, pero realizaron un cambio de calificación a la figura de extorsión que finalmente reformularon al grado de tentativa. En el fallo condenatorio, el comisario Gonzalo Martín Pallavidini, entonces jefe de la Sección 6ª de Los Pumas con sede en la localidad de Peyrano, había sido sentenciado a siete años de prisión por extorsión en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público. Y sus subordinados, los sargentos Cristián Rubén Ortiz y Pablo Daniel Pinto, a la pena de seis años por los mismos delitos. El sargento ayudante Juan Augusto Fernández, en tanto, había sido absuelto.

Otra carátula. Al analizar el fallo, el primer juicio oral bajo el nuevo sistema penal en el departamento Constitución, el tribunal compuesto por los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho, Georgina Depetris y Mónica Lamperti entendió que la calificación de extorsión debía ser modificada al grado de tentativa. "Parece claro que la específica decisión de entregar dinero no fue fruto de intimidación sino de una decisión concordada previamente entre víctima, policía y fiscalía, dirigida exclusivamente a desenvolver un procedimiento controlado para comprobar el accionar delictivo, descubrir la identidad de sus responsables y cautelar la evidencia disponible, pero no a consumar el evento investigado en los términos volitivos que lo requiere la ley", explicó el camarista Ivaldi Artacho, encargado del primer voto y de la redacción de la resolución que tuvo el voto unánime de sus pares.

   El tribunal ordenó que el caso fuera reenviado a un juez de primera instancia para que "se cuantifiquen nuevamente las penas a imponer previa ventilación en audiencia oral y pública la referida cuestión", según se explica en el dictamen de 32 páginas. En pocas palabras, un juez de primera instancia deberá recalcular el monto de las penas aplicadas de acuerdo al cambio de calificación dispuesto por la Cámara. Además, los magistrados revocaron la condena impuesta a los policías por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público entendiendo que se configuró una "omisión" en sus funciones. Los camaristas mantuvieron la absolución sobre el policía Fernández, a pesar de la apelación interpuesta por la fiscal Valeria Pedrana.

   El fallo había sido apelado tanto por la Fiscalía como por los defensores de los tres condenados.

El hecho. El jueves 15 de mayo de 2014 un camión con acoplado quedó al costado del camino en inmediaciones del cruce de la ruta nacional 178 y el acceso a la ruta 10-S tras sufrir un desperfecto mecánico. Pocos minutos más tarde al lugar llegó un móvil policial de Los Pumas del que bajaron los sargentos Ortiz y Pinto, quienes le pidieron al chofer Marcelo Moro la documentación del vehículo y de la carga. Según lo ventilado en el juicio, los uniformados le dijeron a Moro que había un problema con los papeles y que debían hablar con un encargado de la firma transportista. Como el chofer ya había avisado a la empresa sobre el desperfecto les respondió que el encargado, Raúl Lucero, estaba en camino. Cuando éste llegó le dijeron que debía ir a hablar con el jefe Pallavidini al destacamento de Peyrano.

   Lucero fue con Pinto y el chofer se quedó con Ortiz junto al camión. En la sede de Los Pumas los policías le dijeron al transportista que había una infracción, que no sabían si la mercadería era robada y que si quería liberar el camión debería entregarles dinero equivalente al 20% del valor de la carga, es decir entre 15 y 16 mil pesos. Y que si no lo hacía en ese momento, el monto se elevaría al 30% o deberían darle participación a un juez. Lucero regresó adonde estaba el camión y quiso llevar al chofer a una estación de servicios para que comiera y se bañara. Pero los policías le dijeron que Moro debía quedarse hasta arreglar el tema de la plata que había pedido el jefe. Al día siguiente, Lucero y otro encargado de la empresa mantuvieron conversaciones telefónicas con personal de Los Pumas que les decían que, una vez entregado el dinero, el camión y la carga serían liberados.

   Esa misma tarde los transportistas hicieron la denuncia en Asuntos Internos. Entonces, por orden de la fiscal Pedrana se implementó una entrega controlada de 10 mil pesos. Así, cerca de las 23 Lucero le dio a Pinto 10 mil pesos en el destacamento de Los Pumas de Peyrano y una hora después los policías le restituyeron la documentación del camión al chofer.

   A las 4 de la mañana del sábado 17, tres de los policías ahora procesados fueron detenidos en el destacamento —el jefe estaba franco de servicio— donde sugestivamente sólo se recuperaron 3 mil de los 10 mil pesos entregados. Para la Fiscalía, cada uno de los acusados cumplía un rol para llevar a cabo la maniobra con éxito.

Apelación primaria. Las defensas de los condenados atacaron el fallo condenatorio de la magistrada Genovese marcando lo que entendieron como desprolijidades en la investigación y en la actuación de la Dirección de Asuntos Internos. Cuestionaron la validez del procedimiento de entrega controlada de dinero —"lamentable y violatorio de garantías constitucionales", según indicó uno de los abogados— y supuestas irregularidades en la cadena de custodia del material que registró en audio y video esa entrega. Indicaron que el chofer siempre tuvo libertad de movimiento y que en ningún momento fue privado de su libertad. Y que el camión y el chofer quedaron al costado del camino porque el dueño le dio esa orden a su empleado y se llevó las llaves del vehículo. Por su parte, la fiscal Pedrana defendió su acusación y la manera en la que se realizó la entrega controlada del dinero en la sede de Los Pumas en Peyrano.

Todo registrado. A la hora de analizar lo sucedido los camaristas indicaron que "se encuentra acreditado en base a la evidencia ventilada en el debate oral y analizada en el fallo que Raúl Lucero (uno de los encargados de la empresa de transporte de carga cuyo camión interceptó en la ruta el personal policial involucrado), tras denunciar la maniobra extorsiva, con autorización del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía) e intervención de la sección Asuntos Internos, y predispuesto el procedimiento policial, se constituyó en el destacamento de Los Pumas de Peyrano el viernes 16 de mayo de 2014 a las 23, aproximadamente, para entregar la suma de 10 mil pesos", explica la resolución.

   "Encontrándose en dicho destacamento el policía Pinto quien recibe ese monto. Tal episodio fue registrado en audio y video con dos dispositivos pertenecientes a Asuntos Internos — una lapicera y un grabador tipo periodista—. Así las cosas, y una vez materializada la transferencia del efectivo, los investigadores que aguardaban fuera del destacamento ingresaron al mismo, produciéndose luego, entre otras cosas, el secuestro de 3 mil pesos del dinero dado a Pinto y las sucesivas detenciones de los policías Pinto, Ortiz, Graff y Fernández frente a un testigo de actuación que permitió la confección las actas pertinentes", puede leerse en el fallo.

   También le dieron la derecha a la investigación de la Fiscalía, y por ende a la Dirección de Asuntos Internos en su proceder, pero realizaron los cambios de calificación respecto a la tentativa de extorsión y la omisión en los deberes de funcionarios públicos. Ahora la causa regresa a primera instancia para que un magistrado recalcule los años de pena que le corresponden a los tres policías de Los Pumas.