Un alto jefe policial de la provincia y un chapista de autos fueron condenados mediante un juicio abreviado como partícipes de una asociación ilícita que realizó maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado santafesino mediante la facturación de arreglos a patrulleros que nunca fueron realizados y que se constataron entre abril de 2015 y febrero de 2016. En la causa hay implicados otros dos policías de alto rango, entre ellos el ex jefe de la fuerza a nivel provincial, Rafael Grau, quien está bajo arresto domiciliario; y cuatro civiles que colaboraban con la provisión de facturas por ventas nunca realizadas de repuestos y reparaciones de vehículos oficiales.
Las penas recayeron en el Contador Público Nacional y comisario Ariel Hernán Villanueva, de 43 años, quien ejerció hasta 2016 el cargo de habilitado de la policía santafesina; y el chapista Andrés Daniel Soto.
Al primero, el juez Jorge Pegassano le aplicó una pena de 3 años de prisión efectiva y el pago de 795.922 pesos en concepto de reparación patrimonial al Estado, la donación de 600 mil pesos a cinco entidades de bien público (ver aparte) y el pago de una multa de 90 mil pesos al Ministerio Público de la Acusación. El magistrado le imputó ser miembro de una asociación ilícita y coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, Soto fue condenado a 10 años de prisión como miembro de esa asociación ilícita y coautor de defraudación a la administración pública. Además de delitos contra la integridad sexual de quien sería su hija biológica no reconocida. Al respecto, se sostuvo que la fiscal Alejandra Del Río Ayala, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, constató al menos cinco agresiones sexuales a la menor. "Abusando de la autoridad que ejercía sobre la niña, introdujo en ella ideas sexuales perturbadoras y le fomentaba ideas tendientes a naturalizar el comercio sexual de su cuerpo", dijo la funcionaria.
La investigación, denominada "D4", como se conoce al Departamento Logística de la policía (tiene a su cargo el planeamiento, organización, ejecución, control y coordinación de abastecimiento, mantenimiento, racionamiento, construcciones y contralor patrimonial), se inició en mayo de 2016 con la denuncia realizada por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tras recibir un anónimo en su despacho.
La denuncia
En esa denuncia se sostenía que se estaban realizando en la mencionada dependencia de la Jefatura santafesina "delitos de profunda gravedad institucional que incolucra a personal policial y civiles". La misma recayó en el fiscal Roberto Apullán, quien tras los primeros pasos la derivó a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos integrada por los fiscales Ezequiel Hernández y Leandro Lazzarini.
A fin de mayo de 2016 Apullán ordenó allanamientos en cuatro negocios de autopartes en Santa Fe y otro de Rosario donde presuntamente el personal de Logística contrataba servicios que nunca se efectuaban. También, con la colaboración de la Dirección de Asuntos Internos, se allanaron oficinas del D4 en la Jefatura provincial y el área de Contabilidad del Ministerio de Seguridad provincial y la casa del ex jefe de policía, Rafael Grau.
En ese marco fueron secuestrados cinco autos, cuatro camionetas y un colectivo, todos vehículos oficiales de la fuerza, que fueron peritados por mecánicos de Gendarmería Nacional. En la mitad de esos vehículos se corroboró la ausencia de indicios de reparación, ploteo, arreglos y sustitución de elementos lumínicos. A modo de ejemplo, una de las 16 facturas analizadas en el inicio de la pesquisa judicial detectó que el taller Los Hermanitos cobró, el 16 de marzo de 2016, por la reparación de ópticas y arreglos de chapa y pintura del móvil 3904 un monto de 4.660 pesos. Cuando el móvil fue analizado por Gendarmería se detectó que nunca había sido arreglado.
Imputaciones
En septiembre de 2017 fueron imputados cinco civiles y tres policías como partícipes de la maniobra. En un primer momento el fiscal Apullán les atribuyó el delito de asociación ilícita y defraudación del Estado en 16 hechos por un monto total de 96.616,37 pesos tras acusarlos de "formar una organización que por medio de facturaciones irregulares se beneficiaron de determinados arreglos de unidades que nunca fueron reparadas en dos talleres mecánicos". Sin embargo esa cifra fue trepando con nuevas pruebas hasta alcanzar un monto millonario.
En este sentido, el fiscal identificó al mecánico Facundo Testi y al policía y Contador Público Nacional Ariel Villanueva como los jefes de la organización. A su vez, imputó el ex jefe de la policía santafesina Rafael Grau, detenido en su casa de Castelli al 4300 de la capital provincial; y al jefe del D4, José María Leiva, por haber aportado el ámbito para que las defraudaciones se cometan. Ambos policías quedaron imputados como organizadores y partícipes necesarios para efectuar el ardid denunciado y están bajo el régimen de prisión preventiva domiciliaria al igual que Noelia Viscari, acusada de realizar las facturaciones.
Por último, Andrés Soto, Rodrigo Ruiz y Artemio Viscari están imputados de ser miembros de la asociación ilícita y están en libertad.
Los roles
Los fiscales Hernández y Lazzarini detallaron que los condenados "Villanueva y Soto eran miembros de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada formada por civiles y funcionarios policiales. Su objeto era cometer defraudaciones en perjuicio de la administración pública, más específicamente del Ministerio de Seguridad provincial a través de maniobras ilícitas relacionadas a la reparación de móviles policiales".
En relación a las maniobras, los fiscales explicaron que "consistían en emitir órdenes e instrumentos de pago por arreglos a móviles policiales que nunca se hicieron y cambio de repuestos (también para los vehículos de la fuerza) que, en realidad, eran inexistentes. El ardid se acreditaba de forma engañosa con facturas y otros documentos comerciales que eran confeccionados para cada caso".
Reparto de dinero
Los fiscales precisaron que Villanueva "emitió órdenes e indicaciones y brindó información para que se confeccionen facturas irregulares; administró y supervisó documentación y dispuso los medios administrativos para concretar los ilícitos. Ocasionalmente intervino en el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente y realizó las acciones para que no hubiera superposiciones o repeticiones sospechosas de los expedientes de pago".
"Por su parte, Soto brindó la estructura comercial y las facturas que utilizaba para su taller y también suscribió facturas que no emitió y cheques con los que daba apariencia de legalidad a la maniobra. Además, en varias oportunidades percibió dinero conseguido ilegítimamente en perjuicio del Estado".
Villanueva y Soto fueron condenados por el juez Jorge Pegassano en el marco de sendos juicios abreviados. "Los abogados defensores aceptaron la condena que propuso la Fiscalía, y los imputados reconocieron su culpabilidad en los hechos", informaron los fiscales.
En cuanto al policía José Leiva, a quien se lo investiga por asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, los fiscales adelantaron que en los próximos días aceptará un proceso abreviado en el que se propondrá una pena de cumplimiento efectivo, la reparación del perjuicio patrimonial que generó y donación a entidades de bien público como en el caso de Villanueva.
allanamientos. En el marco de la pesquisa fue detenido en su casa el ex jefe de la policía Rafael Grau.
