Policiales

Un atentado que buscó modificar la situación de presos de "alto perfil"

La hipótesis fue presentada por la fiscalía ayer en una audiencia sobre la balacera del pasado 3 de enero contra el Centro de Justicia Penal.

Jueves 30 de Enero de 2020

El último ataque a tiros contra el Centro de Justicia Penal (CJP), ocurrido el 3 de enero, tuvo como objetivo modificar las condiciones de detención de miembros de bandas criminales que están presos como internos de "alto perfil". Con esa idea como eje, en la que también se inscribe una balacera del 8 de enero contra oficinas del Servicio Penitenciario (SP) de Pellegrini y Alsina, ayer fue imputado el usuario del Audi Q3 empleado como apoyo en el ataque al edificio judicial y apresado el domingo en Cabín 9.

Sindicado como "colaborador esencial" del atentado al CJP al volante de ese vehículo de alta gama, Fabián Fernando F. quedó imputado como partícipe primario de "amenazas coactivas calificadas efectuadas con la intención de obtener una concesión por parte de las autoridades" y además de "encubrimiento" por haber adulterado los guarismos del Audi Q3. El joven albañil de 27 años quedó bajo prisión preventiva ya que la jueza Paula Álvarez consideró que hay riesgo procesal si fuera liberado. En tanto, ayer seguía la búsqueda de los autores materiales del ataque.

En ese contexto, los investigadores siguen una línea que vincula a través de algunos sospechosos el ataque al CJP con la mortal balacera del 12 de enero pasado contra el Casino City Center. No obstante, esa hipótesis distingue dos intencionalidades distintas entre ambos hechos: el ataque a la casa de juegos tuvo un afán recaudatorio, mientras que la balacera al edificio del Poder Judicial pretendió amedrentar a las autoridades políticas e influir en sus decisiones.

Visto

Fabián F. fue apresado el domingo en el marco de cuatro allanamientos en Cabín 9, un barrio suburbano de Pérez que se despliega sobre la calle que marca el límite con la ciudad de Rosario. Los pesquisas de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad llegaron hasta él siguiendo la pista de un Audi Q3 blanco detectado por cámaras de vigilancia cerca del CJP a la 0.12 del viernes 3 de enero, cuando dos personas en moto pasaron frente al edificio de Mitre al 2800 y dispararon nueve balazos calibre 380.

Un testigo de identidad reservada había visto pasar una moto por la desierta calle Mitre y doblar a gran velocidad por Gálvez, a cien metros del edificio baleado. Allí uno de los motociclistas se arrojó del rodado en movimiento y se subió a un "vehículo moderno" que estaba estacionado.

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Los dichos del testigo se corroboraron con registros de cámaras de vigilancia que reconstruyeron su trayecto, además de revelar un detalle muy particular del Audi: su techo y llantas son de color negro, algo que no es original de fábrica. Según la acusación, el costoso monovolumen fue captado a la 0.08 en Corrientes y Amenábar; dos minutos después dio vuelta a la manzana del CJP; luego se lo ve circular delante de la moto de los tiradores y finalmente esperar estacionado en Gálvez y Entre Ríos, donde el testigo vio subir a uno de los motociclistas.

La moto siguió con un solo ocupante por Gálvez hacia el oeste, mientras el Audi dobló por Entre Ríos hacia el sur. Al llegar a bulevar Seguí giró en dirección al oeste y continuó por esa arteria, donde fue captado por cámaras situadas en los cruces con Corrientes, Moreno, Francia y Provincias Unidas. El último registro fue a la 0.22, diez minutos después del atentado, donde Seguí y la avenida Presidente Perón confluyen con la Circunvalación.

Ese recorrido motivó a los investigadores de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a buscar el vehículo en ese sector de la zona oeste de la ciudad.

Guardado

Los pesquisas caminaron la zona hasta llegar a Cabín 9, donde el auto en cuestión fue vinculado a personas de apellido F. relacionadas con una gavilla de ese barrio perecino conocida como "Los Stinfer". El dato indicaba que el Audi Q3 blanco con vidrios polarizados, techo ploteado en negro y llantas negras estaba guardado en una casa con portón gris en Los Aromos al 100.

Los pesquisas constataron la presencia del vehículo en esa cochera desde el 28 de enero de 2019. El auto estuvo guardado hasta el pasado 24 de diciembre, cuando lo sacaron por primera vez. Según los investigadores, los primeros días de este año sus dueños lo pusieron en movimiento no más de seis veces, entre ellas la noche de la balacera al CJP, cuando se lo llevó Fabián F.

Una vez establecidos los domicilios de los dueños del auto, el domingo se realizaron los cuatro allanamientos. En uno de ellos, en Las Acacias al 200, hallaron la llave del Audi. Y en una casa de Los Talas y Las Acacias fue detenido el sospechoso. Como saldo de ese operativo también se secuestró una moto, otro auto y elementos de interés para la investigación. Asimismo, fueron apresados otros dos jóvenes que hasta el momento no fueron imputados en relación con las balaceras.

Escuchados

Además de enumerar la evidencia contra Fabián F., en la audiencia de ayer el fiscal Matías Edery refirió un informe de inteligencia de mayo del año pasado según el cual este joven y el detenido Orlando "Toro" Escobar —condenado a once años de prisión por homicidio— estaban organizando atentados contra edificios institucionales para producir modificaciones en la situación de ciertos presos rosarinos alojados en distintas cárceles del país.

El fiscal dijo que luego de ese informe hubo muchas audiencias de hábeas corpus de internos que pedían que les retiraran la categoría de alto perfil, que implica condiciones de alojamiento más estrictas, en pabellones de cuatro internos y con otro tipo de vigilancia y visitas.

En ese marco citó una escucha en la que cuatro personas vinculadas a la banda de Los Monos se manifiestan disconformes con esa situación y dicen "vamos a cagarlos a tiros a todos", "hay que llenarlos de tiros".

Para Edery, los ataques contra el CJP y las oficinas del Servicio Penitenciario ocurridos días después del cambio de gobierno provincial revelaron que aquel informe tenía visos de realidad. Del material colectado, el fiscal infirió que esos ataques se efectuaron "con la intención de que el MPA cese en sus investigaciones contra organizaciones delictivas de la ciudad y de influir en las decisiones de jueces de Rosario respecto de las condiciones de detención de los miembros de las organizaciones". Además le imputó a Fabián F. ocultar el Audi Q3 "a sabiendas que los guarismos del motor estaban adulterados".

Está el auto, falta la persona

Por su parte el defensor Juan Ubiedo planteó que quienes serían blanco de las supuestas amenazas son fiscales y jueces, lo que supone "una clara violación al principio de imparcialidad". Además postuló que, como el auto filmado tiene vidrios polarizados que impiden ver el interior, no se puede determinar que haya sido su pupilo quien manejaba.

"Hay dos horas de diferencia entre el retiro del auto y el atentado y en las que pudo tener contacto con otras personas. Tenemos un vehículo pero no tenemos la persona", afirmó el abogado. Y aseguró que "no se demostró la relación" entre Fabián F. y quienes planean atentados según las escuchas presentadas. "No hay una foto, ni una escucha ni filmación que los conecte. No hay evidencia de que haya conducido la noche de los hechos", dijo Ubiedo.

Luego de que el fiscal requiriera la prisión preventiva para el imputado alegando que éste podría amedrentar a algunos testigos a quienes conoce y que todavía se está buscando a los tiradores, la defensa pidió la detención domiciliaria basada en la necesidad del acusado de cuidar a dos hijos.

Finalmente, la jueza resolvió la prisión preventiva tras evaluar que Fabián F. no ofreció una visión alternativa de los hechos ni una hipótesis propia, más allá de que hay información de calle que lo vincula con la organización de atentados. "Es una investigación muy compleja que mediante entrecruzamiento de datos ha arrojado esta situación. Hay indicios concordantes, serios y graves, y existe riesgo procesal, con una pena mínima de cinco años de cárcel", fundamentó.

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