Tres policías quedaron presos por apremios ilegales en perjuicio de dos menores

Tres agentes de la policía santafesina que se desempeñaban en el Comando Radioeléctrico de la localidad de Álvarez quedaron en prisión preventiva por 90 días acusados de cometer apremios ilegales, violar los deberes de funcionario público y hurto agravado en el marco de una persecución vehicular que comenzó en un cruce de rutas y terminó en la casa de una de las víctimas, en la localidad de Coronel Domínguez, todo ello en el departamento Rosario.

De acuerdo a la acusación de la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Paola Aguirre, los hechos ocurrieron a partir de las 23.30 del pasado 15 de noviembre cuando los policías realizaban un “control de rutina” en el kilómetro 15,5 de la ruta provincial 18, en jurisdicción de Álvarez. En ese marco intentaron detener el paso de un Ford Kinetic en el que se trasladaban dos jóvenes menores de edad y que hicieron caso omiso a las órdenes de parar.

Entonces emprendieron una persecución hasta la casa de uno de los ocupantes del auto, en la localidad de Coronel Domínguez, donde los uniformados bajaron de la patrulla y sorprendieron a los muchachos mientras guardaban el vehículo en un garaje sin darse cuenta de que la propiedad tenía un sistema de cámaras de video vigilancia que registró todo lo ocurrido.

En ese marco, dijo la fiscal en la acusación, los policías Héctor Edgardo Froilán Z. y Jonatan Maximiliano M. ingresaron sin orden alguna al garaje de la casa de los perseguidos, ubicada en González del Solar y 24 de Diciembre y “apuntaron con sus armas reglamentarias” a los muchachos. Tras reducirlos, los obligaron a poner las manos sobre el capó del auto y comenzaron a golpearlos con sus puños y puntapiés causándole lesiones. Asimismo, a Jonatan M. le atribuyó haber subido al auto de los jóvenes y sustraer 7 mil pesos que estaban en la billetera de una de las víctimas. Y también les achacó a ambos policías “no haber realizado la retención preventiva de los infractores y del vehículo mencionado, obligaciones que estaban a su cargo”.

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Por otra parte, al policía Pablo D. la fiscal le atribuyó “no haber dado aviso a las autoridades superiores de los hechos de violencia ocurrido hacia los dos menores de edad cometidos por sus compañeros de patrulla estando obligado ya que es parte de su función”. Y además le achacó “haber colocado manifestaciones falsas en la hoja de ruta” cumplida por el móvil en el que se conducían a fin de entorpecer la investigación.

De igual modo la funcionaria les atribuyó a los tres funcionarios “no haber realizado el acta de procedimiento de lo acontecido encontrando posibilidad de hacerlo y con el conocimiento de estar obligados a realizarla”.

Ante todo ello Héctor Edgardo Froilán Z. quedó imputado por apremios ilegales, violación de los deberes de funcionario publico e incumplimiento de deberes de funcionario publico todo en concurso real en carácter de coautor; Jonatan Maximiliano M. por apremios ilegales, hurto agravado por su condición de funcionario público, violación de los deberes de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario publico todo en concurso real en carácter de coautor; y Pablo D. por encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público en concurso real con los delitos de falsedad ideológica de instrumento público agravada por su comisión en abuso de sus funciones, violación de los deberes de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el marco de la audiencia el juez de primera instancia Alejandro Negroni dispuso que los tres policías permanezcan bajo prisión preventiva por el plazo de 90 días, cumpliendo la misma el 8 de febrero del próximo año.