El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

La comisión de Servicios Públicos recibió a representantes del sistema público de taxis y remises, en el marco del análisis del mensaje del Ejecutivo, que propone establecer un nuevo marco regulatorio para los servicios de intermediación de viajes en Rosario, incluidas las plataformas tecnológicas como Uber y DiDi.

En ese marco, la presidenta de la comisión, Anahí Schibelbein, explicó que la iniciativa apunta a “pasar a un mayor control por parte del Estado, saber quiénes conducen, las coberturas de esos vehículos y el estado técnico de los automóviles, resguardando el sistema público de taxis”.

"Nadie puede negar que los vecinos y vecinas de Rosario se movilizan a través de estas aplicaciones. Por eso nos parece que si este proyecto resulta aprobado, de alguna manera el municipio regulará algo que hoy está fuera de control", argumentó en declaraciones a La Capital.

En ese marco, explicó que esta iniciativa establece la correcta identificación de los conductores, tales como el carnet profesional y, a su vez, condiciones acordes para los vehículos, tales los casos de la verificación técnica vehicular (VTV), seguro y otros requisitos.

"No podemos seguir obviando esta situación, y la única manera que tenemos para observar y controlar la movilidad de los vecinos de Rosario es regular estas plataformas. Por eso estamos convencidos que es necesario avanzar en este proyecto con todas las conversaciones que sean necesarias", aseguró.

Durante la audiencia, los expositores manifestaron su preocupación por las consecuencias de la iniciativa y reclamaron que el Estado garantice condiciones de prestación, regulación y control para todas las modalidades de transporte de personas.

Duro rechazo

"Estas aplicaciones vienen a destruirlo todo, no sólo quienes prestan este servicio sino los propios usuarios. Porque cuando estas aplicaciones consoliden el mercado van a llevar los precios por las nubes, a los conductores les van a dar $2 y el municipio se va a quedar sin sistema público de pasajeros", advirtió el referente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), Mario Cesca.

En ese marco, acusó a los concejales y al municipio de "desregular" el sistema público de transporte, en perjuicio del prestigio que ostenta la ciudad.

"Esta es una ciudad modelo para muchas actividades: la cultural, el deporte y la ciencia. Pero con esto, van a transformar a Rosario en una ciudad bananera con aplicaciones que no tienen siquiera domicilio legal", cuestionó respecto a las intenciones del Ejecutivo local de legalizar este servicio de aplicaciones móviles.

La seguridad de los pasajeros también ocupó un lugar central. En ese sentido, señalaron la importancia de identificar a quienes conducen, verificar el estado técnico de los vehículos y garantizar coberturas de seguro adecuadas. Asimismo, sostuvieron que las plataformas deben adecuarse a las normas establecidas por el Estado.

"Nunca hemos atravesado una situación tan difícil de solucionar", aseguró el titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yannotti respecto a la crisis que acarrea el sector.

En ese sentido, se preguntó: "El gran interrogante que tenemos como organización sindical es saber si Uber y DiDi se reunieron con el Ejecutivo para acordar la legislación de su actividad. Porque si se habilitan estas aplicaciones, la sobreoferta no favorecerá a nadie. ¿En qué talleres van a fiscalizar las unidades? ¿Cómo van a saber sus choferes están aptos para manejar?".

Asimismo, remarcó que en la actividad hay tanta falta de concientización que muchos caen en la tentación de creer que un monotributo para choferes será la solución. "Estamos tan mal concientizados con las leyes laborales que vamos para atrás y caemos en la trampa", sentenció Yannotti.

Por otra parte, cuestionaron las estrategias comerciales de las aplicaciones y advirtieron que las tarifas promocionales pueden atraer usuarios, pero generar consecuencias negativas para la sustentabilidad del sistema de taxis a largo plazo.

También plantearon la necesidad de proteger las condiciones laborales y evitar que la incorporación de nuevas modalidades profundice las desigualdades entre quienes prestan el servicio.