La Corte y el Ministerio Público presentaron sus planteos sobre la reforma de seguridad

En el marco de la discusión preliminar del nuevo proyecto que propone una reforma integral para fortalecer la seguridad pública, la Cámara de Diputados provincial recibió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a su par de la Defensa para tomar nota de sus consideraciones respecto de una iniciativa que, según las aspiraciones del oficialismo, podría tener media sanción hacia fin de mes.

En ese marco, hubo reparos acerca del intento de otorgarle facultades excesivas a la institución policial y sobre los riesgos de algunas figuras contempladas por la iniciativa de la Casa Gris.

Durante una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara baja se abordó el expediente Nº 58.987, que impulsa las denominadas “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, y el Nº 59.996, que ya tiene media sanción del Senado y por el cual se establece el “Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos”, comúnmente asociado al robo de celulares.

La voces de la Corte

En primer lugar, los diputados recibieron a la totalidad de la Corte Suprema. Al hacer uso de la palabra, el ministro Daniel Erbetta exteriorizó la posición más crítica, mientras que Jorge Baclini expuso de un modo pragmático y Rafael Gutiérrez, presidente del alto tribunal, se centró en el aspecto técnico de las iniciativas.

Los reparos apuntaron, entre otros ítems, a las propuestas del oficialismo en cuanto a las garantías y los derechos individuales, las facultades policiales ampliadas y el llamado procedimiento por decreto penal. Sí hubo consenso respecto de avanzar con el juicio en ausencia.

Por el MPA plantearon sus posiciones la fiscal coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones (OI), Víctor Moloeznick.

Asimismo, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Estrella Robinson, puso sobre la mesa sus objeciones. A la hora del balance general, también hubo un reconocimiento a los indicadores que reflejan la baja de delitos en el territorio santafesino.

Tras la reunión, el diputado provincial Martín Rosúa (Unidos), titular de la comisión de Seguridad Pública, sostuvo en la red social X: “Escuchamos sus aportes para avanzar en nuevas herramientas que permitan enfrentar el delito. Es un tema que exige decisión política, pero también diálogo, responsabilidad y consensos”.

En mayo pasado se presentó un paquete con una docena de puntos que despertaron rápidamente acusaciones sobre vulneraciones de garantías y derechos. En teoría, los tópicos más polémicos se habrían resuelto en Unidos.

Lo que viene

La semana próxima será el turno de las audiencias con el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción (Rosario), la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y el Foro Contra la Impunidad y la Justicia.

Luego de recoger observaciones y terminar de dar el debate interno, la idea es que se vote en la Cámara baja en la sesión del 29 de octubre.