La Justicia Federal ordenó la aprehensión de tres personas, familiares de un policía de la provincia, involucrados en una causa por venta de drogas iniciada a partir de un allanamiento ilegal en el que agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) habían robado entre 12 y 15 kilos de cocaína. Dos de los nuevos imputados fueron detenidos en la ciudad de Santa Fe, luego de que la investigación avanzara al punto de comprobar que parte de la sustancia robada se estaba comercializando en la capital provincial.
En octubre pasado un caso de suma gravedad institucional salió a la luz cuando el Ministerio Público Fiscal pidió la detención de ocho agentes de la PAT involucrados en un procedimiento que terminó anulado por estar plagado de irregularidades. Había ocurrido el 13 de agosto en una casa de la zona oeste e inicialmente los policías plasmaron en el acta una versión inventada. Dijeron que habían visto a dos sospechosos huyendo a las corridas y que cuando los alcanzaron, dentro de la vivienda, encontraron cuatro armas y un trozo de medio kilo de cocaína entre otros elementos.
En total en esa ocasión fueron tres detenidos: un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana que son pareja y vivían en ese domicilio, y un hombre peruano que estaba allí por casualidad. La causa pasó al fuero federal porque la droga estaba compactada y no implicaba narcomenudeo. Allí los tres detenidos fueron imputados y quedaron presos por 45 días. En ese tiempo la investigación de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Andrés Montefietro, Soledad García y Virginia Sosa continuó y expuso que los policías, en verdad, se habían metido a la casa por la fuerza con la información de que allí había droga. Robaron entre 12 y 15 kilos de cocaína, 50 mil dólares, armas de fuego y ropa que vendía la pareja domiciliada allí. Los tres detenidos fueron liberados y la causa se cerró.
Los policías Sergio Nicolás Robledo, Iván Severino Schneider, Guillermo David Toledo, Jesús Ángel Balais, Gerardo Sebastián Pérez, Fernándo Nicolás Ferreira y Renzo Maximiliano Michelud quedaron presos e imputados por privación ilegítima de la libertad agravada porque había un menor, porque eran policías y más de tres, violación de domicilio, robo agravado, falsificación de documentos, asociación ilícita y encubrimiento. La investigación continuó y, a partir de los peritajes de los teléfonos celulares secuestrados, se determinó que estaban vendiendo la cocaína por medio de familiares. Ahora se amplió la imputación incluyendo el delito de comercio de material estupefaciente doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo de a tres o más personas en forma organizada.
Nuevos detenidos
Según fuentes de la investigación, se pudo establecer que la droga fue comercializada en la ciudad de Santa Fe. En una audiencia realizada este miércoles los fiscales solicitaron una serie de medidas que fueron autorizadas por el juez Carlos Vera Barros. Un día después se llevaron a cabo cinco allanamientos en la capital provincial y en un geriátrico de Rosario donde trabaja una de las personas investigadas.
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En ese marco detuvieron a Miriam Alejandra G., Guillermo Jonás G. y Leonardo Manuel G., familiares del policía Guillermo David Toledo. A partir de estas detenciones, este viernes se realizó una nueva audiencia en la que se confirmó la prisión preventiva de los tres detenidos. Quedaron imputados por comercio de material estupefaciente agravado por la participación de tres o más personas.
Los fiscales sostienen que el policía Toledo se quedó con al menos tres paquetes de un kilo de cocaína cada uno, que iba a intentar cobrar entre 7.000 y 7.500 dólares cada uno. Pero que también podía obtener 8 mil dólares de cada uno si los vendía de a medio kilo. La sospecha es que la droga robada había sido dividida entre los agentes que participaron del operativo en el que robaron la sustancia.
Sobre los nuevos imputados indicaron que Miriam Alejandra G., pareja de Toledo, participó del traslado de la droga desde Rosario a Santa Fe. Que sus hermanos Guillermo y Leonardo se ocuparon, junto a una mujer no identificada, del fraccionamiento y la venta. Todo consta en comunicaciones telefónicas que son material probatorio con el que los fiscales respaldaron estos nuevos procedimientos y detenciones.
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El juez Vera Barros confirmó la prisión preventiva por 90 días para los tres nuevos imputados. Mientras que la situación de los policías se resolverá en febrero, cuando venza la última prórroga de la medida cautelar y se vuelva a discutir si siguen presos.
Operativo ilegal
En las audiencias de octubre pasado, los fiscales detallaron las maniobras ilegales de los policías. Los agentes habían ingresado por la fuerza a la casa donde redujeron a los dos hombres y encerraron a la mujer en un cuarto junto a sus dos hijos de 8 años y de 1 año.
“Bajo amenazas, violencia y sin testigos, realizaron una requisa de la totalidad del inmueble y de los vehículos de los dos adultos varones”, indicó la acusación. Así fue que se robaron entre 12 y 15 ladrillos de un kilo de cocaína de 86% de pureza, 50 mil dólares, armas de fuego y cuchillos, algunos miles de pesos e indumentaria y celulares que vendía la pareja domiciliada allí.
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Los policías hicieron todo eso en las dos horas transcurridas desde que se metieron en la casa hasta que se comunicaron con la Fiscalía de Flagrancia. La llamada fue a las 18.30, pero las cámaras de vigilancia de la zona acreditaron que habían ingresado cerca de las 16.30. En torno a ese aspecto surgió otra irregularidad: en el acta habían afirmado que no había cámaras en la zona, con la presunta intención de limitar los alcances de la investigación.
En un principio fueron seis los agentes que llegaron al domicilio en dos móviles. Minutos después se sumaron al operativo ilegal el jefe de tercio y otro oficial que, según la investigación, coordinaron los movimientos del resto. Se sospecha que el inicio del operativo ilegal fue a partir de un procedimiento anterior en el que, en un control vehicular, secuestraron cocaína a un hombre que terminó por confesar la dirección del punto de acopio.
Así se cree que les llegó, casi por fortuna, el dato sobre esos ladrillos de cocaína que tenían el ya conocido sello del delfín y sobre los cuales todavía no se sabe qué destino tuvieron. Lo que sí trascendió en una de las audiencias realizadas sobre el tema es que los policías insistieron en encontrar más droga de la que se llevaron. Buscaron por las paredes y en todos los muebles. Mientras tanto, según una de las declaraciones, se comieron un pollo, consumieron cocaína y amenazaron con drogar a los menores que había en la vivienda.
