Siguen presos cuatro policías acusados de robar un arma

Los cuatro suboficiales de la Policía de Investigaciones (PDI) detenidos el viernes y sospechados de participar en el robo de un arma de fuego durante un allanamiento en un departamento del Fonavi de Grandoli y Gutiérrez quedaron en prisión preventiva por 60 días tras ser imputados por desaparición de pruebas, falsificación ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario y amenazas coactivas, este último delito en perjuicio de un testigo del hecho.

Durante tres horas se desarrolló la audiencia imputativa contra los subinspectores Lucas Daniel U., de 36 años y abogado; Dante C., de 41 años, ambos con 15 y 14 años respectivamente en la fuerza; y los suboficiales Maximiliano C., de 26 años, y Claudio M., de 28, y apenas dos meses de trabajo en la PDI.

A los cuatro y en calidad de coautores, la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Carina Bartocci les atribuyó haber participado del allanamiento del 26 de junio en el marco de la pesquisa por asociación ilícita impulsada por los fiscales Matías Edery y Gisella Paolicelli en torno a la sangrienta disputa de los clanes Funes-Ungaro por un lado y Caminos-Segovia por el otro.

La funcionaria les achacó el irregular procedimiento en un domicilio ubicado en Lola Mora 79, Núcleo 18, piso 2, departamento 6, cuya propiedad se atribuye a Carlos Jesús "Pelo Duro" Fernández, ladero de Ungaro.

Los roles

La fiscal describió los roles asignados a cada uno de los imputados en la requisa. Caudio M. filmaba el procedimiento; Angel C. debía buscar las pruebas al igual que el escribiente Lucas U. y Dante C., quien terminó vigilando afuera del inmueble. Aunque le atribuyó a éste sustraer del cajón de una cómoda un arma de fuego gris calibre 9 milímetros marca Bersa Thunder "que no le pertenecía", y haberla guardado entre sus ropas.

La titular de la pesquisa indicó que en esa instancia participó del allanamiento personal de la Policía Judicial, uno de los cuales ofició de testigo y observó la situación, ante lo cual preguntó por qué no secuestraba el arma. Pero Angel C. respondió que era suya. Luego, según la acusación, se la pasó al Lucas U., quien se la dio a Dante C.

Finalizado el procedimiento los agentes ofrecieron llevar a su casa a uno de los testigos del procedimiento, "circunstancia en la que el subinspector Lucas U. le dijo: "No viste nada, cerrá la boca. Vamos que te llevamos así sabemos dónde vivís".

La fiscal les achacó a los cuatro policías haber suscripto el acta de procedimiento sin dejar constancia del secuestro del arma. Entre las evidencias enumeró el informe de la Policía Judicial que alcanzó a tomar una foto del momento donde se observa el cajón semiabierto y las manos del agente sobre el mueble; y la filmación que registró el imputado Claudio M. donde se ve que ninguno entró con armas reglamentarias, y tampoco las sacaron en la requisa.

Uno de los testigos fue el que dio sustento a la imputación de amenazas al declarar sobre cómo fue amedrentado al finalizar el procedimiento y los policías le ofrecieron llevarlo a su casa porque estaba con muletas. "Agarramos por Hipócrates hasta Grandoli. En ese instante uno de ellos me dice «no viste nada, cerrá la boca, vamos que te llevamos hasta tu casa así sabemos donde vivís»". Y agregó que quien le dijo eso era el que "controlaba los boletos" (actas), el suboficial U.

Planteos defensivos

El abogado Rodrigo Mazzuchini, defensor de Lucas U., pidió el archivo de las actuaciones por ausencia de delitos y alertó sobre la acción de los auxiliares del fiscal (la Policía Judicial) que en el momento de constatar la supuesta irregularidad no dejaron constancia en un acta.

Al su turno Sergio Casas, por Maximiliano C., indicó que la fiscalía no expuso una plataforma fáctica para acusar a su cliente, ya que los relatos de los testigos eran confusos respecto a los roles de cada policía. En idéntica línea se refirió el abogado José Ferrara por Dante C., mientras la defensora pública Eugenia Carbone por Claudio M. indicó que el rol de su defendido fue "filmar" todo el procedimiento, que ese material sirvió para la acusación fiscal y que no se le podía achacar la coautoría del los delitos.

Todos se opusieron al pedido de prisión preventiva por 90 días que hizo la fiscal y plantearon que se les otorgue la morigeración domiciliaria ya que ninguno de los policías cuenta con antecedentes penales, tienen arraigo y garantías personales, y en el caso de los dos más jóvenes van a ser padres en los próximos meses.

La jueza Silvia Castelli se refirió al abordaje judicial y las políticas de persecución de casos de corrupción por su "gravedad institucional"y validó la probabilidad de autoría de los implicados. "Está descontado que el arma no le pertenecía al personal policial. Esa es la teoría del caso que el tribunal valida. Y que se ocultó su secuestró, se trató de disfrazarlo y se consumó a partir de la suscripción del acta de procedimiento, que es un instrumento público". Tras considerar excesivo el monto de prisión preventiva solicitado por la fiscalía, puso un plazo de 60 días hasta que se sustente la acusación formal.

allanamientos. El hecho ocurrió el 26 de junio en un Fonavi de zona sur.