La Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas para cuatro imputados de integrar una asociación ilícita comandada desde la cárcel de Piñero por René Ungaro y los hermanos Alan y Lautaro "Lamparita" Funes, a la que se le atribuyen distintos ilícitos en los barrios República de la Sexta, Tablada y Municipal, en la zona sur de Rosario. A fines de abril la fiscalía los imputó de cumplir diferentes roles dentro de la organización criminal y, ante la posibilidad de que se fugaran o entorpecieran la investigación, el juez Hernán Postma hizo lugar al pedido fiscal para que siguieran detenidos preventivamente por el plazo de ley, es decir, dos años. Los sospechosos apelaron esa medida que ayer fue confirmada.
Los imputados son René Ungaro, quien cumple en Piñero una condena por el homicidio del ex jefe de la barra brava de Newell's, Roberto "Pimpi" Caminos; su hermana Daniela Ungaro, a quien se le atribuye coordinar la protección policial y esconder a prófugos; Carlos Jesús "Pelo Duro" Fernández, señalado como la segunda línea de la banda y como brazo armado ejecutor de usurpaciones, robos y venta de droga, y Brisa Amaral, a quienes le endilgan estar a cargo de la venta de drogas después de que los hermanos Funes —también imputados dentro de la asociación ilícita— cayeran presos.
La imputación por asociación ilícita para estos cuatro detenidos fue el pasado domingo 29 de abril, en una audiencia en la que también quedaron acusados Jeremías "Gordo Springfield" A., Matías "Mojarra" O. y Jorge Funes, padre de los hermanos. Previamente, en mayo de 2017 la Justicia Federal hizo una serie de allanamientos en la que cayeron los primeros ocho imputados: Joan Patricio "Chileno" K.; su pareja, Viviana G.; Milton Emanuel C.; David Jeremías M.; Héctor Anselmo C.; Miguel Angel P. y Marcelo "Pala" G. También fue imputado entonces un hombre que estaba enfermo y luego falleció.
En los meses siguientes cayeron "Lamparita" (en septiembre), Pelo Duro (en diciembre) y Alan Funes (en enero). El último apresado como presunto miembro de la organización fue Pablo David Miranda, tío de los hermanos Funes, quien fue imputado días atrás.
Delitos varios
Según sostuvo la fiscal de Investigación y Juicio Gisela Paolicelli al plantear las imputaciones, el objetivo de la organización era la defensa del territorio para la venta de drogas. Para conseguirlo, cometían una serie de ilícitos como la usurpación de viviendas, homicidios, robos, amenazas y lesiones.
Durante la audiencia de ayer, además de criticarse el plazo de las prisiones preventivas impuestas por el juez de primera instancia Hernán Postma, los defensores Juan Catalani (en representación de Daniela y Pelo Duro), Juan Audisio (Brisa Amaral) y Mariano Scaglia y Hernán Tasada (René) cuestionaron las imputaciones, a las que tildaron de "genéricas y arbitrarias". También arremetieron contra las escuchas telefónicas sobre las que se basa parte de la investigación.
La fiscal Paolicelli y su par Matías Edery remarcaron que la información que sale de las escuchas coincide con los elementos secuestrados en los allanamientos, y sostuvieron que la prisión preventiva es necesaria porque existen riesgos de que los sospechosos se fuguen o entorpezcan la investigación. La jueza Gabriela Sansó valoró los argumentos de la fiscalía y decidió que los cuatro imputados continúen presos.
Uno de los imputados, hacia un abreviado
La situación de Gastón Leonardo R. es distinta que la de los demás imputados en la causa por asociación ilícita. De 41 años y gasista, R. preside el consorcio de las torres de Sánchez de Thompson al 200 bis donde fue detenido el pasado 26 de abril. En ese momento la fiscalía no lo buscaba, pero se encontraba en un departamento donde fueron por dos sospechosos que también terminaron detenidos.
En esa vivienda los pesquisas hallaron dos armas de fuego, una de uso civil y una de guerra. En la audiencia imputativa del 29 de abril se le achacó la tenencia compartida de esas armas, pero no fue imputado de integrar la asociación ilícita.
Acuerdo
En la audiencia de ayer, su abogado Hernán Tasada desistió de la apelación que había presentado para que se revisara la prisión preventiva por plazo de ley (2 años) que se le había impuesto. Es que desde la imputación a esta parte, la defensa llegó a un acuerdo con la Fiscalía para que Gastón R. sea condenado a dos años y medio de cumplimiento condicional en un juicio abreviado.
Hasta que ese acuerdo sea homologado —aún no fue fijada la fecha para la audiencia que deberá realizarse en tal sentido— Gastón R. cumplirá prisión domiciliaria.
