Cuatro policías de la Unidad Regional II fueron condenados a seis años de
prisión por una escandalosa extorsión denunciada por dos turistas y en la que intervino el
Consulado de España en Rosario. El caso ocurrió en enero del 2008 en la estación de peaje de
General Lagos. Allí cuatro miembros de la Patrulla de Caminos les exigieron dinero para dejarlos
circular a cambio de no abrirles una causa por traslado de pastillas tranquilizantes que, según los
denunciantes, habían sido plantadas. La secuencia incluyó un periplo forzado de los dos viajeros
con policías en su propio auto y terminó cuando dieron a los uniformados el dinero de un giro que
una de las víctimas se hizo enviar desde España.
A su vez, otros tres uniformados que prestaban servicio cuando ocurrió el hecho
llegaron procesados al juicio, pero resultaron absueltos por el beneficio de la duda.
La resolución fue firmada por la jueza de Sentencia Nº7 Carina Lurati. Los
policías sentenciados son Eduardo Víctor Alvarez, Daniel Eduardo Rolón, Luis Eduardo Sciortino y
Leonardo Enrique José Rodríguez mientras que los efectivos absueltos son Rubén M., Hugo L. y Ramón
L.C.
El episodio por el que fueron condenados los uniformados ocurrió el 11 de enero
del 2008, en el control de General Lagos. Santiago Mercatante, un peluquero bonaerense, y su primo,
el ciudadano español Juan Ramón Balmont López —que había llegado como turista—,
denunciaron, a instancias del Consulado de España en Rosario, que cuatro policías les exigieron
dinero para dejarlos circular a cambio de no abrirles una causa por traslado de tranquilizantes
que, según los denunciantes, les fueron plantadas.
Los dos hombres señalaron que, tras entregarles 950 pesos, los agentes los
forzaron a pedir un giro de 800 euros a los familiares del ciudadano español, que cobraron en pesos
en un local de San Martín al 3300 y que les entregaron. Aseguraron que dos de los policías los
guiaron hasta allí introduciéndose en su auto y que otros dos efectivos los siguieron en una
patrulla.
También denunciaron que los retuvieron por algo más de cuatro horas, que les
robaron mercadería que transportaban, el estéreo del auto y la cámara de fotos aunque les
permitieron conservar el chip con la memoria de las fotos que habían sacado. Y realizaron la
presentación judicial junto al canciller del Consulado español, Gerardo Hernández Ilanes. Dos días
después, el representante diplomático recibió una amenaza telefónica. Otras tres intimidaciones
denunció el perito policial asignado a la investigación de la llamada que había recibido el
funcionario del consulado.
La investigación recayó en la jueza Raquel Cosgaya que procesó a diez efectivos
de la Patrulla de Caminos. Cuatro quedaron acusados de extorsión agravada, privación ilegítima de
la libertad y robo de los turistas mientras que a los restantes seis agentes, entre ellos los
jefes, la magistrada adjudicó los mismos delitos que a los cuatro primeros, pero en calidad de
partícipes secundarios.
En los fundamentos de la sentencia, la jueza Lurati sostuvo que la "materialidad
del hecho" está acreditada en la denuncia que formuló Mercatante ante la fiscalía de turno. En la
presentación, según la magistrada, el turista argentino brindó una descripción "amplia y detallada"
de los hechos. A su vez, Balmont López expresó un relato coincidente.
La jueza también valoró como evidencia el ticket de peaje que demuestra el paso
del vehículo de los visitantes por la cabina de peaje. Tuvo en cuenta las declaraciones de los
policías de la Patrulla de Caminos que no fueron imputados en la causa, la pericia informática del
teléfono celular de Hernández y las amenazas recibidas por el representante del gobierno español y
el perito informático.
La prueba. Para la jueza Lurati, los reconocimientos de los uniformados
condenados y los dichos de los turistas son la "prueba esencial de este proceso". Mercatante
sostuvo que Rolón sacó de su auto las pastillas y las dio a un colega. Y señaló que Rodríguez se
apoderó del estéreo y la cámara digital.
Este policía, según dijo, acompañó a su primo a retirar el dinero del giro en el
correo privado Western Union. También comentó que el efectivo los "amenazaba todo el tiempo". A su
vez, Mercatante indicó que Alvarez ordenó que lo "esposen y que íbamos a ir presos porque la
mercadería —artículos de peluquería que llevaba en el auto— eran robados porque no
tenía las facturas de compra".
En tanto, Balmont López afirmó que Rolón "les puso las pastillas en el auto". Y
señaló a Rodríguez como el policía que le quitó "la pulsera, la cámara fotográfica, el teléfono
celular y el dinero". Tras reconocerlo, el turista español aseguró que se bajó en el local de
Western Union para cobrar el giro enviado por su empleador.
