Mario Roberto Segovia eligió nuevamente el silencio ayer al ser indagado en la Capital Federal. El juez federal Nº 6, Marcelo Aguinsky, lo convocó en base a evidencias que lo señalan como el proveedor de 524 kilos de efedrina oculta en un cargamento de 12 mil kilos de azúcar. Según Aguinsky se trataba de un contrabando a México, detectado en un depósito fiscal porteño.
Segovia llegó a la mañana desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, acompañado por un abogado del Estudio Cúneo Libarona, que lo representa desde la semana pasada. Al llamado "rey de la efedrina" le exhibieron las pruebas de cargo que lo implican como la persona que suministró desde Rosario la efedrina secuestrada en el depósito Sadocks, de la calle Río Cuarto 1402, en el barrio de Barracas.
Una de las pruebas consideradas más sólidas por el tribunal es un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) que implica al dueño del Rolls Royce Phantom como proveedor de la efedrina.
El juez Aguinsky citó a otras dos personas presuntamente vinculadas a Segovia: Mario Bernardi y Miguel Cabral.
Otros rosarinos. La semana pasada este magistrado procesó a todas las partes presuntamente involucradas en el frustrado contrabando de efedrina a México, detectado en octubre de 2007, como autores o cómplices de la maniobra. Entre ellos están los dueños del depósito fiscal Sadocks, funcionarios aduaneros que faltaron a sus deberes de control, un despachante de aduanas y las personas que utilizaron el nombre de una empresa (Euromac SRL) como exportadora del azúcar.
El que figura como primer procesado en la resolución es el rosarino Rubén Alberto Galvarini, que vive en Maza al 1100 en Alberdi, quien asume ser el dueño del 75 por ciento del depósito fiscal Sadocks en Barracas. No le impusieron prisión preventiva pero le trabaron un embargo por 5.460.000 pesos. En su defensa adujo que jamás participó de la parte operativa de los contenedores o las cargas que entraban al depósito.
Su hijo, Rubén Darío Galvarini, a quien el fallo sindica como corredor de autos, también fue procesado y ordenaron un embargo por idéntico monto. Aparecía como el presidente de Sadocks desde el año 2004. Alegó que sus funciones en el depósito eran administrativas: tenía firma habilitada en bancos y se encargaba de firmar cheques y recibos de sueldo. Es decir: no intervenía en traslado de cargas. Dijo que de la parte comercial y operativa del depósito estaba a cargo su padre.
El juez Aguinsky dio por acreditado que todos los procesados fueron eslabones de una red que ingresó la efedrina al depósito fiscal, falsificó documentos a fin de encubrir el contrabando, obtuvo el nombre de una empresa que prestó su nombre para una exportación de azúcar en la que se disimularía la carga ilegal, lo que se completó con un desempeño inapropiado de dos funcionarios aduaneros.
El juez establece que Rubén Alberto Galvarini "habría tenido conocimiento y voluntad" de concretar el ilícito por el cual lo procesó. Fue él quien contactó al despachante de aduanas Maximiliano Iñurrutegui para efectuar las exportaciones de azúcar a México, que se encargó de designar a empleados del depósito, que ostentaba un poder suficiente de decisión y discrecionalidad y que, en base a ello, la intención de todo el grupo acusado fue burlar el control aduanero para tramitar el despacho de la efedrina.
Un indicio para el juez decisivo del delito es la voluntad de falsear documentos: el azúcar comprada con destino de exportación ingresó al depósito fiscal el 11 de octubre de 2007, pero se cobraron los gastos de almacenaje y consolidación de la mercadería a partir del 18 de ese mes. Esto implica que la carga habría estado en el galpón fiscal por una semana sin que existieran registros de la misma. Las patentes del auto que transportaba la mercadería mencionada en el ticket balanza resultó ser falsa.
Lo que está en el centro de la investigación es la relación que los Galvarini tenían con Mario Roberto Segovia. La cédula de citación a indagatoria de Aguinsky a Galvarini padre apareció en un departamento de Segovia en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero. Segovia tenía una sociedad comercial con Rubén Galvarini (h) denominada Rugal SA con sede en Capital Federal.
Requerido. El juez Aguinsky debe resolver la semana próxima la situación de Segovia. La causa en la que lo implica acumula 20 cuerpos. Además Segovia debe responder ante otros dos jueces federales más.
El juez Jorge Brugo sospecha que obtuvo una camioneta Hummer por maniobra de ingreso de vehículos bajo régimen de franquicia diplomática.
Y su colega Ezequiel Berón de Astrada analiza cruces telefónicos, correos electrónicos y transferencias bancarias. Investiga vínculos de Segovia en la Triple Frontera y sospecha que el implicado proveyó "ricinina" y "acontinina", precursores utilizados para la fabricación de armas químicas.
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Por Facundo Borrego