Santa Fe.— El secuestro extorsivo de un hombre de 32 años, hijo de un
empresario frigorífico de la localidad de Arroyo Aguiar, que permaneció cautivo la madrugada del 27
de enero pasado durante aproximadamente tres horas y fue liberado luego del pago de 75 mil pesos,
encendió luces de alarma en el poder político y judicial santafesino.
La inquietud se debe a que este tipo de delito en absoluto
es común en territorio santafesino. El procurador general de la Corte Suprema, Agustín Basso,
reveló que existieron otros casos recientes en el departamento La Capital, aunque no los precisó. Y
desde el Ministerio de Seguridad subrayaron que hay un solo hecho denunciado, que merece atención
especializada de la policía provincial. Pero lo cierto es que el 29 de diciembre se registró otro
secuestro aunque no fue denunciado.
Pesadilla. El grave episodio conocido ayer ocurrió dos semanas atrás en Arroyo
Aguiar, localidad del departamento La Capital pegada a Monte Vera, a unos 20 kilómetros al norte de
la ciudad de Santa Fe. Fue protagonizado por tres delincuentes encapuchados. "Ingresaron a la
vivienda con fines de robo y posteriormente fue llevado el dueño de casa en un vehículo para exigir
un rescate. El secuestro duró aproximadamente tres horas", resumió el juez de instrucción Pedro
Guevara, quien además confirmó que la liberación se produjo contra el pago de una suma de dinero,
aunque no indicó la cifra abonada por la familia del cautivo. Según fuentes extraoficiales, el
monto fue de 75 mil pesos.
El magistrado afirmó que el joven "permaneció secuestrado
desde las 2 hasta las 5 de la madrugada" del martes 27 de enero pasado, y que el rescate en
efectivo se pagó "en un parador" de la ruta provincial 1 que comunica la capital provincial con la
costa santafesina, a la altura de San José del Rincón. En tanto la liberación se produjo en la
avenida de Circunvalación, frente al barrio Santa Rosa de Lima.
Guevara admitió que "no es fácil la investigación de este
tipo de ilícitos porque no hay testigos", y reconoció que en este caso los secuestradores dejaron
huellas de su accionar, lo que proporciona pistas que orientan una línea de investigación. "Habrá
que ver si rinden sus frutos", dijo el juez.
El juez dijo no conocer la existencia de casos similares.
"Sólo me han llegado versiones de dos o tres casos más, pero no tengo ninguna denuncia al respecto
ni me consta absolutamente nada más allá de este caso".
Otro caso. Extraoficialmente ayer trascendió que otro de los secuestros se habría
producido el 29 de diciembre de 2008 en la ciudad de Santo Tomé, lindera con la capital
santafesina, donde los delincuentes capturaron al hijo de un empresario y solicitaron 200 mil pesos
de recate.
Según la fuente, los familiares habrían logrado la
liberación de la víctima mediante una ardua negociación y el pago de la mitad de dicha suma y se
encerraron en el silencio para olvidar el hecho. Por eso no hay denuncia realizada y la División
Antisecuetros de la Tropa de Operaciones Especiales lo investiga de oficio junto a la Justicia
Federal.
"A nosotros no nos consta ese hecho. No existe denuncia y
no podemos investigar en base a un trascendido", dijo el jefe de la Unidad Regional I, Rodolfo
Campagnoli.
En el caso que ayer confirmó el juez de la causa, los
secuestradores ingresaron a la vivienda con fines de robo y decepcionados por el botín obtenido, de
aproximadamente 3 mil pesos, resolvieron transformar el delito en un secuestro llevándose al jefe
de la familia. En uno de los momentos de mayor tensión, previamente habían amenazado con secuestrar
a un bebé que se encontraba durmiendo en una habitación.
También se supo que el joven secuestrado fue "paseado" por
varios lugares a bordo de un Renault 12 y habría sido mantenido cautivo en una finca de Monte Vera,
localidad vecina a Arroyo Aguiar. Los secuestradores también habrían utilizado un Fiat Palio,
radicado en la localidad bonaerense de San Nicolás.
Los captores utilizaron el teléfono celular del propio
secuestrado para negociar con el padre, a quien se sindica como un próspero empresario frigorífico.
El hecho fue denunciado, en la División Judiciales de la Unidad Regional I y luego en sede judicial
donde la propia víctima relató el episodio.
Ante la posible existencia de otros hechos similares que no
hayan sido denunciados, el procurador Basso requirió que las víctimas se atrevan a realizar las
denuncias, "porque es la única manera de avanzar en las investigaciones".
Fuentes de la pesquisa señalaron que actúa en el tema la TOE y subrayaron
que existen seguimientos telefónicos sobre el caso de Arroyo Aguiar.