La sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió aceptar como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) en una causa judicial que tiene a cinco personas acusadas de lavado de activos y actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central. Entre otros delitos, están acusados de administrar una “cueva” financiera que funcionó hasta 2023 en un departamento del exclusivo Complejo Amarras Center, en la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe.
El expediente fue elevado a juicio en diciembre pasado a pedido del fiscal federal Walter Rodríguez. A fines de octubre de 2024 el fiscal dio por concluida la investigación del expediente judicial que trascendió públicamente como el caso de “La Rosadita” y, junto a los fiscales coadyuvantes Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, presentó el requerimiento de elevación a juicio ante Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe.
Además, el Ministerio Público Fiscal le comunicó oficialmente a la UIF de la existencia de la causa, ante lo cual el organismo decidió constituirse como querellante. Si bien el juzgado hizo lugar al requerimiento y le otorgó esa condición, las defensas de Ángel Yamil Benavídez (el principal acusado) y Juan Emilio Gastaldo impugnaron la participación del organismo oficial en el proceso, y apelaron la resolución.
Angel Benavídez, es un ex funcionario de Control durante la gestión del ex intendente José Corral. Y su esposa, sin ninguna vinculación en el caso, fue funcionaria actual del Ministerio de Economía de Santa Fe, a cargo de una dirección del área de Crédito Público.
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Los acusados por lavado de activos
Las cinco personas involucradas en las maniobras llegan a juicio acusadas, con distintos roles, de administrar una “cueva” financiera que hasta septiembre de 2023 funcionó en un departamento del piso 12 de la Torre 2 del Complejo Amarras Center, ubicado sobre calle Sara Pinasco de Julierac al 1700, en la zona del puerto de la capital de Santa Fe.
El 12 de septiembre de 2023 se realizó un allanamiento en ese departamento habitado por el principal acusado -Benavídez-, lo cual dio origen a la investigación. En el procedimiento se secuestraron 45 millones de pesos, unos 22 mil euros, 23 mil reales, más de 83 mil dólares, y 39 tarjetas de débito a nombre de ciudadanos mayormente vulnerables, cuyas cuentas se utilizaban para la compra y venta de dólares, 39 documentos nacionales de identidad, y chips de telefonía fichados con los mismos números que tenían las copias de los DNI.
Según la investigación, la estructura delictiva, accedió a dólares estadounidenses frente a las restricciones establecidas para operar en el mercado cambiario, “valiéndose de la utilización de cuentas bancarias cuya apertura gestionaron a nombre de terceras personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, a quienes aportaron sus datos personales como víctimas de un ardid defraudatorio”.
La estructura
En relación al resto de los imputados, la contadora María Laura Miassi será juzgada por intermediación financiera no autorizada en calidad de autora, lavado de activos de origen ilícito, agravado por la habitualidad y por haberlo cometido en ejercicio de una profesión; y recepción de bienes provenientes de un ilícito penal, en calidad de partícipe necesaria y en concurso real.
La imputación para Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo es por el delito de intermediación financiera no autorizada, en calidad de autores. Y el hecho endilgado a Carlos Raúl Quartucci se tipifica en la figura de lavado de activos de origen ilícito, en su modalidad atenuada, y en calidad de autor.
A todos les atribuyeron distintos roles en torno a “actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para ser aplicados a operaciones de lavado de activos”, que desarrollaron principalmente “desde septiembre de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2023”.
