La Cámara Penal puso un límite a las dilaciones en el proceso judicial en el que se investiga a cinco policías, cuatro de la Policía de Acción Táctica (PAT) y uno del Comando Radioeléctrico, acusados con distintos grados de responsabilidad en el asesinato de Jonatan Herrera, el joven de 22 años baleado en enero de 2015 mientras lavaba su auto en la puerta de su casa y quedó en medio de una persecución a balazos. El Tribunal rechazó por improcedente un pedido de la Fiscalía que aspiraba a conseguir la prórroga excepcional de la prisión preventiva de tres efectivos imputados del homicidio, lo cual implicaba una nueva demora en el inicio del juicio oral y público previsto para el mes próximo.
"Que se dé una respuesta a los familiares de las víctimas y a los imputados que están privados de la libertad hace tiempo. Ese ha sido el norte de cada una de las intervenciones del Tribunal, incluso en la unificación de la personería tan cuestionada (hay dos querellas y aún no se resolvió la unificación), aspiraba a eso, a evitar cualquier entorpecimiento y dilación técnica procesal". Con esa reflexión condensó su postura el camarista Alfredo Ivaldi Artacho en una nueva audiencia, en la cual el fiscal Adrián Spelta solicitó "la prorroga extraordinaria" de la prisión preventiva de Ramiro Rafael Rosales, Francisco Alberto Rodríguez y Luis Alberto Sosa, los agentes de la PAT acusados de homicidio calificado.
A ellos se suma Jonathan Gálvez, quien era parte de ese grupo de la PAT y goza de prisión domiciliaria después de que en un juicio abreviado fue condenado a 3 años de prisión por abuso de armas. Sin embargo, la Cámara Penal declaró improcedente ese acuerdo por falta de fundamentación al cambio de la imputación original.
Imputaciones. En junio se realizó la audiencia preliminar al juicio contra Rosales, Rodríguez y Sosa. Entonces el fiscal acusó al primero como autor del homicidio calificado por su calidad de miembro de una fuerza de seguridad, delito que prevé la prisión perpetua. Para los otros solicitó 12 años como autores del delito en grado de tentativa.
En nombre de María Elena, mamá de la víctima, las abogadas Analía Abreu y Cintia Garcilazo pidieron 14 años para Sosa y Rodríguez por considerar que el delito también se agrava por el uso de un arma de fuego y por su condición de policías.
Por su parte Gustavo Feldman y Paul Krupnik, abogados de la viuda de Jonathan en representación de Ciro, hijo menor de la víctima, compartieron el planteo de la Fiscalía.
Intrincado. La audiencia de ayer fue solicitada por el fiscal para pedir la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de los imputados. "Hay cuestiones a debatir que no van a permitir que lleguemos al juicio en condiciones", reconoció Spelta sobre la expectativa de abrir el debate el 6 de diciembre. Y recordó que el mismo Código le permite extender un año más la prisión preventiva a partir del 12 de enero de 2017,cuando se cumplan dos años de prisión preventiva sin fallo. Su pedido lo acompañaron los abogados de la madre y la viuda de Herrera.
El fiscal se refirió además a la situación de la suboficial del Comando Gladys Galindo, de 35 años e imputada tras determinarse mediante pericias que hizo uno de los disparos que rozó la cabeza de Jonathan.
A su turno el abogado Guillermo Alexander, en defensa de Rosales, fustigó al fiscal porque no fundamentó su pedido ni hizo alusión a cuestiones concretas del peligro de fuga o entorpecimiento del proceso en el que pudiera incurrir su cliente. Y Sara Marcos, defensora de Rodríguez y Sosa, adhirió a los conceptos vertidos de su colega. Pero introdujo una cuestión que será materia de debate en el juicio: que a partir de la acusación a Galindo, se modificará la idea o hipótesis del hecho y, en consecuencia, el rol de sus clientes.
"Soy de la postura de que los jueces no tenemos que cruzarnos de brazos esperando que las partes vengan a pedir todo, sino que hay ciertos momentos en donde impulsar para delante para cerrar las cosas o para continuar su tratamiento", dijo Ivaldi Artacho tras dos y horas y media de escuchar a las partes con activa participación.
De esa manera el magistrado rechazó por "improcedente" el pedido del prórroga de la prisión preventiva solicitada por el fiscal pero sin abrir juicio sobre el fondo de la cuestión, y atento a su resolución del 19 de septiembre pasado ordenó que la semana que viene el juez de primera instancia resuelva la unificación de querellas que ordenó aquel día más allá de la queja pendiente de resolución en la Corte Suprema.
A mansalva. El domingo 4 de enero de 2015, a las 14.30, policías del Comando Radioeléctrico perseguían por bulevar Seguí al este a un joven que había robado una juguetería. El ladrón huía por la vereda norte hacia Ayacucho, justo frente a la casa de Jonathan, que en ese momento lavaba su auto en la vereda.
En tanto, un colectivo de la línea 133 iba por el carril sur del bulevar y en él viajaban cuatro agentes de la PAT que al advertir la escena ordenaron al chofer detener la marcha. Gálvez y Rosales bajaron por la puerta delantera, mientras que Sosa y Rodríguez lo hicieron por atrás.
Los policías del Comando hirieron en una pierna y retuvieron en el piso al ladrón sobre pasaje Villar, en la puerta de la casa de Herrera. Pero los policías de la PAT comenzaron a disparar y Jonathan trató de refugiarse detrás de un tambor de agua primero y un árbol después, pero recibió tres balazos.
Según las pericias, un disparo de Rosales hirió a Herrera en la cadera y le afectó la arteria hipogástrica de manera letal. La otra herida fue en el pie izquierdo. Un tercer balazo le le rozó la cabeza y le arrancó el cuero cabelludo. Recién en junio de este año se sumó evidencia con la cual se determinó que ese tiro provino del arma de la agente Galindo, imputada al igual que Rosales de homicidio calificado por el abuso de su función.
