Una mujer y dos de sus hijos, dueños de una conocida inmobiliaria de Rafaela, quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación a una asociación ilícita a la que se le atribuyen estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios por al menos 1.700.000 dólares y 40 millones de pesos. Se trata de los hermanos Matías Spaggiari, de 45 años, y Fernando Spaggiari, de 48, quienes fueron imputados como jefes de la asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas, y la madre de ambos, Mirta Condotto, de 71 años e imputada como miembro de la asociación ilícita y partícipe principal de las estafas.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado en los tribunales rafaelinos y que se extendió por más de 15 horas. Por su edad, se dispuso que Condotto cumpla la medida cautelar de forma domiciliaria.
Según la información proporcionada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el juez también ordenó la inhibición general de bienes respecto de los hermanos imputados como jefes de la asociación ilícita, como también de tres empresas que ellos administran. El total de la inhibición es de 234.385.019,62 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.
En tanto, otras cinco personas imputadas en el marco de la causa quedaron en libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Se trata de tres hombres de 39, 49 y 56 años, y dos mujeres de 22 y 54 que fueron imputadas como miembros de la asociación ilícita y partícipes principales de estafas. Para ellos Bumaguín también dispuso la inhibición general de bienes por un total de 33.483.574,23 pesos cada uno.
Más denunciantes
“Los dos jefes de la asociación ilícita son los únicos socios del grupo inmobiliario a través del cual se ejecutaron las estafas”, planteó Loyola, quien precisó que las maniobras delictivas fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 de noviembre de 2022 “en perjuicio de una cantidad de personas aún no determinada a raíz de que todos los días se suman nuevos denunciantes”.
“Ofrecían firmar convenios privados —añadió el fiscal— en los que las víctimas se obligaban a entregar pesos o dólares en efectivo en favor del grupo inmobiliario, el cual lo destinaría a inversiones en el rubro inmobiliario y en actividades productivas tales como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionados con la construcción de inmuebles”.
El fiscal también precisó que “le decían a las víctimas que el dinero que aportaban les generaría ganancias genuinas, y que en plazos relativamente cortos se les reintegraría el capital más los rendimientos, los cuales serían muy superiores a los que ofrecían las colocaciones bancarias”. Loyola añadió que “en noviembre del año pasado, las víctimas dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital”.
“Para captar víctimas recurrieron a publicidad por distintos medios y al boca a boca”, señaló Loyola y subrayó que “se aprovecharon de la fachada que les otorgaba el grupo inmobiliario de su propiedad, el cual es muy conocido en Rafaela”.
Asimismo el fiscal indicó que, según plantearon algunas víctimas, los pagos se hacían “en forma personal y en efectivo en las oficinas del grupo inmobiliario”, o bien enviando el dinero en efectivo a donde estuvieran los integrantes de la asociación ilícita”.
A la hora de dictar las medidas cautelares el juez tuvo en cuenta que las “evidencias presentadas por Fiscalía fueron suficientes como para tener acreditadas la autoría y la materialidad del hecho por parte de estos tres sospechados. “El juez tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causaron los imputados a gran cantidad de víctimas, y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”, agregó el fiscal.
