Es sabido que las cárceles del país, en particular las de la provincia, no cumplen con el precepto constitucional de resocializar a aquellas personas privadas de su libertad por delinquir. Y que en aquellos presidios donde existen talleres coordinados por el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip) son pocos los cupos habilitados para desarrollar trabajos o formar en oficios a los detenidos para que así obtengan una herramienta laboral cuando recuperen la libertad. En ese marco, el senador provincial por el departamento General López, el radical Lisandro Enrico, presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad del trabajo en las prisiones santafesinas.
De acuerdo al legislador, que ya había presentado su iniciativa en 2019 aunque no tuvo acogida en la Legislatura, la idea es “busca establecer una política estatal progresiva y permanente para que el gran número de presos en Santa Fe realicen actividades de formación laboral creando para ello espacios físicos adecuados y tomando la asistencia y cumplimiento como indicador de la buena conducta carcelaria”.
En la actualidad, dijo Enrico, la población carcelaria santafesina oscila en unos 6.900 internos en las diferentes unidades penitenciarias concentrándose cerca del 70% en Coronda y Piñero. Y aclaró que, “de esa población carcelaria se estima que menos del 10% de la misma accede a talleres de formación laboral”.
“La mayoría de los internos pasa gran parte del tiempo en los pabellones con poca actividad formativa. En la medida que sea mayor el número de presos que realice actividades de formación empieza a ser posible algún camino de resocialización, pero para ello es importante una inversión en una adecuada infraestructura carcelaria”, sostuvo el senador.
En uno de los capítulos del proyecto de ley, el senador plantea “un progresivo y planificado proceso de inversión provincial en infraestructura adecuada para la creación de talleres laborales y espacios de formación laboral”. Al respecto, Enrico manifestó que “en los últimos años la prioridad de la inversión en infraestructura carcelaria estuvo dirigida a ampliar los lugares de aprisionamiento priorizando más cantidad de lugares para sacar presos de las comisarías, pero ahora corresponde invertir en espacios como talleres y equipos para permitir que en cada penal de la provincia existan dispositivos de formación laboral”.
Actualmente en la provincia de Santa Fe existen 11 unidades penitenciarias sin contar con las alcaidías departamentales que están fuera de la órbita del Servicio Penitenciario y de acuerdo al legislador, en la cárcel de Coronda es donde mejor se plasmó, en su creación hace varias décadas, la idea de una cárcel con fuerte presencia de talleres para del trabajo y la formación laboral.
El Iapip es la entidad que coordina la producción de muchos elementos y herramientas producidas por presos tales como mesas, bancos, sillas, muebles y baldosas, pero tiene poco desarrollo en el resto de las unidades carcelarias. Es por ello que el proyecto establece la inversión progresiva en estos espacios.
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En este sentido el senador Enrico precisó: “Uno de los aspectos importantes de la legislación es que la formación laboral deja de ser solo un derecho de los presos para convertirse en un deber. Es decir que los internos que no desarrollen la formación laboral tendrán un concepto desfavorable que incidirá en su legajo personal y eso no le permitirá acceder a beneficios como la libertad condicional o las de tipo recreativas o de contactos con visitas”.
La iniciativa legal contempla la “obligación de los internos de realizar tareas de mantenimiento de los espacios carcelarios para establecer estándares de conducta y convivencia. Es decir que el mantenimiento de los espacios carcelarios, su limpieza y acondicionamiento sea efectuado por los detenidos”. Asimismo el proyecto remarca “la importancia de la presencia y acompañamiento espiritual esencialmente con pastores o sacerdotes que llevan adelante una tarea de contención y pacificación vital en los espacios carcelarios y los suma a esta iniciativa legal para hacerlos parte de una política sostenida en el tiempo que no solo abarque los aspectos de la formación laboral sino de la contención espiritual”.
Enrico entiende que “además de la inversión que hay que hacer paulatinamente en todos los establecimientos carcelarios para crear los espacios de trabajo o formación laboral es importante crear nuevos rubros de formación laboral más cercanos a la tecnología actual y no solo los oficios tradicionales que se dan en algunas unidades”.
Para ello, el proyecto deja abierta la posibilidad de llevar adelante una experiencia poco difundida en nuestro país que consiste en “permitir que empresas o fábricas puedan celebrar convenios a los fines de que internos de las cárceles puedan trabajar en procesos productivos”.
