Seis personas —cuatro de ellas miembros de una familia— fueron procesadas en el marco de la investigación de una banda de narcomenudeo que operaba en la zona oeste de la ciudad y en la cárcel Nº 6 de Rosario, donde uno de sus miembros estaba alojado por estar implicado en un homicidio. Los sospechosos fueron detenidos 40 días atrás en una serie de allanamientos realizados por fuerzas federales y su presunto cabecilla, identificado como Carlos Guillermo "Tato" Moyano, se desempeñaba como capataz de una cooperativa que empleaba a jóvenes que habían estado en conflicto con la ley penal.
Según dio a conocer ayer el portal de noticias judiciales fiscales.gob.ar tres de los procesados quedaron en prisión preventiva, otros tres —entre ellos dos mujeres— obtuvieron la libertad bajo caución y un séptimo sospechoso recibió la falta de mérito. Además la resolución del juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, dispuso trabar embargo sobre los bienes de los procesados por la suma de 200 mil pesos.
La caída de la banda cuya conducción se atribuye a Tato Moyano ocurrió el pasado 26 de abril en el marco de una serie de 25 allanamientos practicados por alrededor de 400 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura y Policía Federal.
Producto de los operativos el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció en ese momento el desmembramiento de dos bandas narco: la de Moyano y la de Olga "Tata" Medina, una mujer sindicada como encargada de puestos de venta de droga en los barrios La Cerámica y Parque Casas, en la zona norte.
En el caso de Moyano se indicó por esos días que su organización operaba en el barrio Santa Lucía, en el extremo oeste de la ciudad. También trascendió este hombre es apodado "El Capataz" porque está al frente de una cuadrilla de limpieza contratada por la Municipalidad en la que se desempeñan jóvenes "en rehabilitación por el consumo de drogas", indicaron entonces fuentes oficiales que afirmaron que algunos de éstos también integraban la estructura narco.
De los seis detenidos sospechados de integrar la gavilla de Moyano, indica la información revelada por el mencionado portal de noticias, tres son familiares del presunto líder: su esposa, una hija y un hijo. En tanto, otro hijo ya estaba detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 6, donde también se hizo un allanamiento.
En los allanamientos se incautaron celulares, balazas de precisión, más de 600 mil pesos presuntamente producto de la recaudación de los puntos de venta y documentación de interés para la investigación.
Investigación
El procesamiento de las seis personas fue requerido por los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). La investigación surgió a partir de una denuncia sobre la existencia de una organización dedicada almacenar, fraccionar, distribuir y vender droga tanto en la vía pública como en la penitenciaría ubicada en la ex Alcaidía de Jefatura de la Unidad Regional II de Ovidio Lagos al 5200. Allí, al momento de los allanamientos, ya se encontraba detenido un hijo de Moyano involucrado en un hecho de homicidio, señalaron los voceros consultados.
La pesquisa estableció que la banda habría operado entre el 20 de diciembre de 2017 y el 26 de abril pasado, cuando fue desbaratada.
Roles
En ese marco Tato Moyano, su hijo y otro hombre fueron procesados como líderes de la banda mientras que la esposa, otros dos familiares y una persona más se encargaban de la venta.
También se acreditó, según indicaron los voceros consultados, que la mujer era la responsable de ingresar la droga a la unidad penitenciaria.
En ese contesxto, el juez Bailaque procesó a los presuntos líderes como "organizadores de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas" y les dictó prisión preventiva.
Asimismo, respecto de las dos mujeres acusadas y otro de los hombres, el magistrado los procesó por "comercio de estupefaciente agravado por la intervención de tres o más personas organizadas". Sin embargo, en estos tres casos ordenó la liberación de los imputados previo pago de una caución de 46 mil pesos cada uno.
