El ex jefe de la Unidad Regional I de policía, comisario Sergio Vergara, y el ex subjefe, Sergio Fernández, fueron procesados por su participación en el falso operativo en el que se encontró más de una tonelada y media de marihuana dentro de un contenedor en la localidad costera de Arroyo Leyes, en noviembre del 2014. Según la resolución firmada por el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, "hay pruebas suficientes para procesar a los agentes por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
Ambos jefes policiales fueron separados de sus cargos en diciembre de 2014, un mes después de que fuera hallado el cargamento de droga, y desde entonces la investigación que inició el fiscal Walter Rodríguez contra ellos atravesó distintas etapas procesales.
Cambio de estado. El 25 de septiembre de 2015 ambos fueron sobreseídos por el juez Reinaldo Rodríguez, quien en su resolución consideró que "el hecho de que los jefes hayan denunciado en Asuntos Internos las irregularidades del operativo reducía las sospechas en su contra". Sin embargo, para la Fiscalía ese argumento no contemplaba la totalidad de las pruebas que obran en el expediente y recurrieron el fallo ante la Cámara de Apelaciones de Rosario.
La investigación recayó en la Sala A de ese tribunal de alzada que en marzo pasado, por unanimidad, dejó sin efecto el sobreseimiento firmado el juez Rodríguez. Ante ello el expediente volvió al despacho del mismo magistrado, quien ahora procesó a ambos jefes policiales.
La nueva opinión del juez dejó disconforme al abogado de los ex jefes de la URI, Claudio Torres del Sel, quien adelantó que mañana presentará la apelación correspondiente. Los delitos por los que están acusados Vergara y Fernández preven una pena de un mes a dos años de prisión.
Disconformidad. "La investigación del fiscal y la hipótesis a la que adhiere la Cámara indica que Vergara y Fernández hicieron una investigación paralela a la que estaba desarrollando la Justicia y que no le avisaron al juez, ni al propio fiscal que ellos estaban entrevistando a los agentes para ver qué había pasado. Pero creer que eso es un abuso de autoridad es hacer una interpretación muy rigurosa de los hechos. Ellos estaban juntando información porque tenían algunas sospechas de lo que había pasado, y apenas tuvieron más datos los informaron a Asuntos Internos", cuestionó Torres del Sel.
Como contrapartida, el fiscal Walter Rodríguez consideró que era imposible que las máximas autoridades de la URI no supieran, o por lo menos sospecharan, que se había fraguado el operativo. Y que en lugar de comunicar a la Justicia esas sospechas, decidieron avanzar con medidas probatorias (como entrevistar a la comisaria Stella Olivera, a cargo de la seccional de San José del Rincón, que actuó en el procedimiento) con el fin de tener una estrategia de defensa común y conjunta por si en algún momento surgían evidencias que los complicaran a ellos.
"Decir que ellos incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos es una barbaridad. En realidad, los datos que Vergara y Fernández le dieron a Asuntos Internos fueron lo que permitió que se conocieran los hechos", insistió Del Sel. Y explicó que el próximo paso es presentar la apelación ante la misma Cámara de Rosario. "Ahí probablemente nos van a contestar que confirman el procesamiento, así que seguramente después llegaremos a Casación Penal, en Buenos Aires, como paso previo a la Corte Suprema de Justicia".
Once procesados. Mientras tanto, en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe ya se están analizando las pruebas contra 11 policías por este caso y se estima que a fin de año podría llegar a instrumentarse el juicio oral. Si bien los tiempos procesales de ambos expedientes ahora no son los mismos, no descartan que en algún momento puedan llegar a ser acumuladas y se debatan en forma conjunta.
En el expediente, que ya está en el Tribunal Oral Federal están imputados los policías Alejandro "Aguja" Agüero (quien cumplió funciones en la sección Inteligencia de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones y era supuestamente el destinatario de la droga para su distribución), Cristian Hang (ex jefe de Orden Público), Martín Díaz (ex jefe de la 8ª Zona de Inspección con control sobre la zona donde fue hallado el camión), y los agentes Iván Duilio Papini, Matías Ezequiel Zoratti, Claudia Rosana Moreira, Mauro Dionisio Ruoppulo, Fabián Ricardo Manjka, Luciano Andrés Astrain y José María Murguía.
El operativo. La madrugada del 2 de noviembre de 2014 efectivos de la Unidad Regional I "hallaron" abandonado en un camino rural de Arroyo Leyes un camión Fiat Iveco con semirremolque cargado con un contenedor. A partir de un aviso de vecinos a la subcomisaría 20ª varios agentes llegaron a inspeccionar el vehículo y dijeron no haber hallado personas. Pero había una escalera apoyada contra el contenedor y al subirse detectaron en el techo una puerta trampa donde había 62 bolsas de consorcio en cada una de las cualhe había panes de marihuana que pesaron 1.662 kilos.
Ante eso la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad inició una pesquisa para supervisar la actuación de todo el personal que intervino en el hecho y en diciembre de 2014 separó de sus cargos a Sergio Vergara y a Sergio Fernández, después procesados por la Justicia.
Un mes más tarde, y después de que la investigación dejara al desnudo que el supuesto "golpe al narcotráfico" era "una puesta en escena" de la policía y que parte de esa droga había sido sacada del lugar por un camión de menor porte y un utilitario para destinar la marihuana a la venta al menudeo, el fiscal Walter Rodríguez dispuso el procesamiento de Vergara y Fernández por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y por realizar una pesquisa paralela a espalda de la Fiscalía y del propio juez para salvar su responsabilidad en la causa.
