El juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien subroga el Juzgado Federal N°2 de la ciudad de Santa Fe, procesó este martes a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Cristina Ferraro como presunta autora de los delitos de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública y abuso de autoridad, al considerar que existen suficientes elementos para acreditar que facilitó la desaparición de elementos probatorios de la escena del crimen de Hugo César Oldani, ocurrido en una oficina del microcentro de la capital provincial en febrero de 2020. Entre esos elementos, dice la pesquisa, había unos 3 millones de pesos y poco más de un millón de dólares que se encontraban en una caja fuerte y fueron sacados del lugar por familiares y allegados al empresario asesinado.
La tarde del 11 de febrero de 2020 una joven pareja llegó hasta la oficina de la empresa Turismo Oldani SRL ubicada en la Galería Rivadavia del centro de la capital provincial y en lo que fue un presunto robo el empresario fue asesinado de un tiro. Junto a los ejecutores actuaron al menos otros dos hombres, uno que se quedó como campana en la puerta del centro comercial, y otro que los aguardaba en un auto para darse a la fuga.
Durante las primeras tareas en el lugar donde ocurrió el hecho, los peritos filmaron la existencia del dinero que estaba en una caja fuerte simulada detrás de una puerta al fondo del local y sobre una estantería de madera. Sin embargo, en el procedimiento que llevó adelante la Justicia provincial a través de la fiscal Ferraro, no se dejó constancia del dinero y horas después del crimen, cuando la escena aún permanecía cerrada para la realización de los peritajes de rigor, la hija de Oldani junto a su esposo y un grupo de personas violaron el lugar y en bolsos, mochilas y cajas se llevaron toda la plata con la supuesta autorización de la funcionaria del MPA.
“Siendo Cristina Ferraro una fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, resulta poco racional el hecho de no haber dispuesto el secuestro de tal cantidad de dinero hallado en el lugar o por lo menos su contabilización toda vez que el mismo podría resultar el móvil del homicidio que se hallaba investigando o, como en el caso que nos ocupa, podría encontrarse relacionado con la comisión de otro delito”, indicó Villafuerte Ruzo.
Es que en el fuero federal, el fiscal Walter Rodríguez impulsó a partir del hallazgo de la plata y otros elementos de prueba la elevación a juicio oral de una causa que tiene imputada a la hija de la víctima, Virginia Oldani, María José Calle, Carina Chelmo, Leandro Forchetti, Flavio Giuolini, Marco Molinas, Ariel Trucco, Eugenio Alonso y dos empresarios de la city rosarina por el delito de “intermediación financiera no autorizada”, es decir el funcionamiento de una cueva en la agencia de turismo y también como presuntos autores de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por el ánimo de lucro en una causa ratificada por la Cámara de Apelaciones rosarina y elevada a juicio en febrero de este año.
En ese sentido, el fiscal remarcó que “el dinero desaparecido debía ser tomado en cuenta como evidencia de actividades tendientes a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para luego prestarlos al público de forma clandestina y sin el control, autorización y supervisión del Banco Central de la República Argentina”.
La resolución judicial que dispuso este martes el procesamiento de Ferraro fue emitida en línea con el requerimiento del fiscal Rodríguez, quien en febrero había solicitado la convocatoria a prestar declaración indagatoria de la funcionaria del MPA y de otras personas que habrían intervenido en la maniobra como funcionarios policiales que debían custodiar la escena criminal y quienes pertenecían al entorno del empresario asesinado.
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El procesamiento a la fiscal Ferraro también alcanza a los jefes policiales Walter Sebastián Barco (jefe del Departamento Operativo de Investigación Región 1) y Hernán Ceferino Galán (jefe de la División Homicidios) como presuntos autores del delito de inutilización de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente, pues el juez Villafuerte Ruzo consideró —en línea con la hipótesis del fiscal Rodríguez— que existen suficientes elementos para tener por cierto que ambos desconectaron dos cámaras de seguridad del edificio para evitar que sea registrada la salida del dinero, lo que no obstante quedó registrado en cintas de otros comercios de lugar.
El juez además dispuso el embargo de las y los imputados hasta cubrir cada uno la cifra de 500 mil pesos en el caso de la fiscal y las tres personas individualizadas como quienes se llevaron el dinero, y de 200 mil pesos en el caso de los funcionarios policiales.
La comitiva que se llevó el dinero con la supuesta autorización de la fiscal Cristina Ferraro.
En la investigación sobre la desaparición del dinero, el fiscal Walter Rodríguez obtuvo diferentes elementos de prueba, entre ellos los mensajes de texto y audios de la hija de Oldani y de varios allegados a la mujer inmediatamente posteriores al crimen del empresario en los que refieren la necesidad de concurrir a la escena para resguardar elementos de la presencia de la policía. Una de las maniobras mencionadas en los mensajes consistía en ocultar el dinero dentro de una caja fuerte. Algunos de esos mensajes también tienen relación con la búsqueda del teléfono de la fiscal Ferraro mediante terceras personas a fin de contactarla para que facilite las tareas que se había propuesto el entorno de Oldani.
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En el pedido de indagatoria presentado en febrero pasado, el fiscal Rodríguez reconstruyó esas conversaciones telefónicas y la secuencia de la extracción del dinero del local, con la presencia de la fiscal Ferraro, mediante imágenes tomadas por cámaras de video.
“Antes de la finalización del procedimiento que culminó con la colocación de una faja de seguridad en la puerta del local, siendo la 0.57 del 12 de febrero, ingresaron al mismo Virginia Oldani y al menos otras tres personas junto a una abogada que se desempeñaba por aquel entonces en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe”, puntualizó Rodríguez, y luego remarcó: “Las imágenes demuestran que a la 1.04 las personas referidas egresaron del local hacia el hall _en presencia de Ferraro_ portando bolsos, una mochila y una caja azul, e inmediatamente el personal policial colocó la faja de seguridad, mientras que a partir de la 1.10 se registró el inicio de la salida mancomunada de la galería”.
Por otro lado, el fiscal Rodríguez impulsó la imputación por el delito de abuso de autoridad _que el juez federal validó en su procesamiento_ contra la fiscal Ferraro en función de cuatro conductas de la magistrada, a quien acusó de haber dispuesto actos “en defensa propia” valiéndose de su condición de representante del MPA con el propósito de desviar cualquier averiguación relacionada con el dinero. En ese sentido precisó que dos días después del procedimiento libró un oficio a la policía para asegurar documentación y dinero que pudiera hallarse en la escena, impulsó una causa penal para investigar la difusión de imágenes en un medio de comunicación sobre el dinero encontrado en el lugar y sobre el que no había constancia, realizó una respuesta omisiva e inexacta al pedido que le hizo el fiscal Rodríguez sobre la sustracción de valores, dinero en efectivo y filmaciones al respecto; e intentó ocultar a su colega Mariela Giménez, quien llevaba a cabo una investigación por el delito de lavado de dinero, el material fílmico y las declaraciones testimoniales de Virginia Oldani y su esposo, quienes dieron cuenta de la autorización que habían recibido de la ahora procesada al final del procedimiento para retirar el dinero.
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El abogado que defiende a la fiscal Ferraro, Néstor Oroño, sostuvo que el procesamiento dictado a su clienta “se basa en la supuesta desaparición de elementos de prueba que se encontraban en la escena del crimen y que tienen que ver con el delito de intermediación financiera no autorizada que investiga la Justicia, algo que Ferraro habría permitido”. Aunque sobre el presunto abuso de autoridad achacado, el penalista manifestó que, según los acusadores, la fiscal habría “intentado impedir mediante algunos actos funcionales la investigación de los hechos. Pero nosotros entendemos que no puede haber encubrimiento por cuanto los elementos de los que se valió el fiscal para la investigación surgen de la investigación por el homicidio que inició ella misma, aunque no haya estado el dinero físicamente, sí se aportaron elementos”.
En este sentido, Oroño remarcó que en la investigación por el delito de intermediación financiera ya hay diez personas a la espera de juicio y que fueron elementos básicos de esa pesquisa “el teléfono de Oldani y las fotos del dinero que se dieron en el marco de la investigación por el homicidio” que tramitó Ferraro. “No vamos a negar que el dinero fue retirado del local, pero vamos a ver si se retiró con autorización o no de la fiscal. Primero hay que precisar si se autorizó el retiro del dinero, y después hay que definir quién lo autorizó”, explicó antes de anunciar que apelará el fallo del juez Villafuerte Ruzo.
La funcionaria judicial estuvo vinculada a la causa Oldani hasta junio del 2020, cuando por orden del fiscal regional Carlos Arietti fue apartada de la investigación que siguió el homicidio del empresario y financista y que logró, en esos primeros meses, la detención de los principales implicados en el crimen: Juan Manuel Ruffino, considerado el chofer de la banda; Bruno Figueroa, acusado de ejecutar el hecho y quien se quitó la vida la cárcel de Las Flores en septiembre del 2021; Agustina González, cuya caso se tramitó en la Justicia de Menores por que al momento del homicidio tenía 17 años; y Brian Nahuel Damiani, quien actuó como icampanar de la banda y que firmó una condena de 12 años de prisión el pasado 4 de febrero en un proceso abreviado.
Finalmente, la fiscal Ferraro tendrá que enfrentar un juicio disciplinario impulsado por la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación que se iniciará el próximo 4 de julio. En ese juicio se evaluará si efectivamente incurrió en irregularidades, por lo que la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, pidió que fuera suspendida de sus funciones durante dos meses. Vranicich formuló los cargos contra Ferraro el 26 de febrero de 2021 pero transcurrió tanto tiempo desde aquel momento hasta la confirmación de la fecha del juicio disciplinario que, mientras tanto, la Justicia federal avanzó en sus investigaciones y terminó procesando a la funcionaria por el delito de encubrimiento de la posible existencia de una cueva financiera en la agencia de turismo que conducía Oldani.
