Diez personas, algunos familiares del asesinado empresario santafesino Hugo Ernesto César Oldani y otras integrantes de la firma Turismo Oldani SRL fueron procesadas por el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, subrogado y a cargo de Marcelo Bailaque, por el delito de intermediación financiera no autorizada. La decisión incluyó el embargo de bienes de los acusados hasta cubrir 500 mil pesos cada uno y fue adoptada en línea con la acusación del fiscal federal Walter Rodríguez, a cargo de la investigación.
Rodríguez solicitó las indagatorias, entre otros, de Virginia Oldani y una empleada de la sociedad, respecto de quienes el juez consideró que “realizaron aportes individuales, actuando bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani como sus brazos ejecutores”. Ahora Bailaque resolvió la situación de las personas imputadas —siete mujeres y tres varones— convalidando la hipótesis acusatoria de la fiscalía, al considerar acreditada su responsabilidad en los hechos según el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso, en ese marco también quedaron involucrados dos operadores del Grupo Carey de Rosario.
Oldani, de 67 años, fue asesinado el 12 de febrero de 2020 cuando una pareja entró en su local de la galería Rivadavia para robarle. Imágenes de cámara de vigilancia constataron que Virginia Oldani, hija de la víctima, ingresó al local la madrugada posterior al crimen junto a su marido y a una tercera persona, estuvieron allí más de una hora y retiraron 3.100.000 pesos y más de un millón de dólares.
La desaparición del dinero fue lo que llevó al fiscal federal Walter Rodríguez a investigar la causa. Una vez obtenidas las pruebas remitidas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia a la Justicia Federal, la posterior investigación derivó en el acceso a múltiples conversaciones telefónicas mantenidas por Hugo Oldani y su hija que involucra a diez personas vinculadas a entidades financieras de Santa Fe y de Rosario, además de abrirse un alerta por la presunta circulación de dinero ilegal proveniente de la policía motorizada de la Unidad Regional I con asiento en la capital santafesina.
Nueve meses después del hecho, el 18 de noviembre, el juez Bailaque daría lugar a un pedido del fiscal Rodríguez y llamaría a indagatoria a Virginia Oldani y a otras nueves personas asociadas con la investigada cueva financiera. Recientemente, y a causa de la negativa de ocho de ellas a contestar las preguntas de la Justicia Federal, el fiscal Rodríguez pidió formalmente a Bailaque que sean procesadas.
El crimen develó, según los investigadores, el funcionamiento de una “cueva” donde aparecen delitos diversos contra el orden financiero. De los avances en la investigación de la Justicia Federal se desprende que el asesinado comerciante “manejaba dinero que correspondería a la policía de la provincia de Santa Fe, específicamente de la Unidad Regional I y de la Policía Motorizada”. Y que en ese negocio se realizaban operaciones cambiarias y financieras con empresas de Rosario, Córdoba y Entre Ríos al margen de la legalidad vigente.
Tras evaluar los resultados de las medidas desarrolladas durante la investigación iniciada en febrero de 2020 el juzgado federal concluyó que “se reúnen elementos de convicción suficientes como para fundamentar el mero juicio de probabilidad acerca de los extremos fácticos y jurídicos de las imputaciones, esto es que pudo haberse cometido un hecho que la ley tipifica como delito”.
La fiscalía federal había solicitado las indagatorias de la hija de Oldani, Virginia y una empleada de la sociedad, respecto de quienes el juez consideró que “realizaron aportes individuales, actuando bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani”; de la presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa SA, con asiento en Santa Fe, sobre quien se indicó que realizó un aporte individual por fuera de la estructura de la firma Turismo Oldani SRL, a través de “un vínculo horizontal” con Oldani para la operatoria de préstamos con cheques y de divisas; y de otros siete hombres vinculados a una firma con dedicada a servicios financieros y asesoramiento bursátil, principalmente a las operatorias con cheques —proveyéndolos, recibiéndolos y depositándoos a través de terceras personas— pero también en la compraventa de moneda extranjera. Uno de ellos, además, integra una mutual.
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“Es posible afirmar con suficiente verosimilitud —dice la resolución de Bailaque— que a partir de fecha indeterminada pero presumiblemente desde el año 2018 y hasta el día 11 de febrero de 2020, el fallecido Hugo Oldani tenía la sede central de sus negocios y en ese marco se llevaron a cabo distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero, por parte del nombrado y terceras personas, entre las cuales se encuentran los imputados en las presentes, quienes no estaban habilitados para realizarlas”.
