El próximo jueves se cumplirá un año del crimen del empesario de turismo Hugo César Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en la puerta de su local ubicado en una galería del centro de la ciudad de Santa Fe. La investigación del hecho, que en un primer momento fue acompañada por movilizaciones en el marco de la ola de inseguridad y escalada de homicidios, tuvo oscuras y curiosas derivaciones que al día de hoy siguen dando tela para cortar y argumentos para escribir. Por el asesinato hay seis personas imputadas, entre ellos una menor de edad. De todos ellos, cinco están bajo prisión preventiva y a la espera de los próximos pasos procesales.
Minutos antes de las 18 del martes 11 de febrero del año pasado cuatro personas llegaron a bordo de un Toyota Corolla blanco hasta la puerta de la galería Rivadavia, en pleno centro santafesino. Uno de los ocupantes del rodado se quedó al volante; otro se paró en el ingreso al centro comercial para oficiar de campana; y la joven junto a otro hombre ingresaron al local para cometer un atraco que, se sabría con el curso del tiempo, había sido ideado y planificado de antemano por al menos otras dos personas.
Nunca quedó claro qué le fueron a robar a Oldani o cuánto le robaron. Lo cierto es que según lo registrado en las cámaras de vigilancia de la galería, el empresario recibió un disparo en el abdomen al resistir el atraco y cayó malherido mientras el cuarteto huía en el Toyota hallado al otro día en la casa de un policía retirado, en la capital provincial. Una ambulancia trasladó al empresario al hospital José María Cullen donde falleció al ser operado.
Desde entonces, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) puso manos a la obra en un hecho que a prima facie pareció un robo seguido de muerte pero que con el pasar de los días dejó varias dudas, principalmente al descubrirse que detrás de la agencia de turismo funcionaba una cueva donde se cambiaban divisas y que hubo errores procedimentales que obligaron al corrimiento de la fiscal Cristina Ferraro.
Eso se reveló cuando en una inspección a la oficina de Oldani de la que participaron su hija y su yerno se hallaron una caja fuerte y un espacio secreto en el cual se guardaban numerosos fajos de billetes nacionales y dólares por un valor estimando en 5 millones de la moneda estadounidense. Sin embargo, ese dinero fue sacado la misma noche del hecho por los familiares de la víctima tras burlar la custodia y clausura del comercio con la venia de Ferraro.
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En cuanto al crimen en sí fueron detenidos, imputados y enviados a prisión preventiva Juan Manuel Ruffino, de 25 años, acusado de ser quien manejaba el auto en el que se movió el grupo criminal; Cristian Bruno Figueroa, de 21, como autor material del asesinato; Braian Damiani, de 22, como coautor del hecho al ser quien se quedó como campana en la puerta de la galería; y una chica de 17 años.
Al ampliar su declaración como arrepentido en agosto, uno de esos detenidos arrojó nuevas pistas sobre el caso y describió a dos hombres que habrían ideado y planificado el hecho. Así, el 29 de diciembre fueron apresados el relacionista público de boliches Andrés Kaipl, de 29 años; y el bioquímico Alfredo Manuel S., de 59, cuya esposa es dueña de una farmacia. Ambos fueron imputados el último día de 2020.
Según los fiscales Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria, a partir de los dichos del arrepentido, Alfredo S. se reunió con Kaipl la mañana del 11 de febrero y éste, que se encargó de reclutar a los ejecutores del hecho, “fue con uno de ellos hasta el comercio de la víctima para filmar y sacar fotos con su celular para mostrarle a quienes cometerían el crimen el lugar donde actuarían a la tarde”. Y llegado el momento del episodio, “junto a S. estuvo cerca del lugar del homicidio” para colaborar.
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En ese sentido, durante la imputación a S. y Kaipl el fiscal relató que “los dos hombres fueron en un Fiat Palio Fire que fue observado detrás del Toyota Corolla” en el que iban los otros maleantes. Asimismo, agregó que los dos últimos imputados “desempeñaron el rol de custodia y control sobre el desarrollo del plan y de eventual apoyo para trasladar el dinero y los efectos sustraídos”.
Antes de la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva de Kaipl y S., los fiscales realizaron con el arrepentido una recorrida por lugares vinculados al hecho y el imputado reconoció la farmacia en la cual se habrían reunido la mañana previa al crimen con el bioquímico a quien poco después no logró identificar en una rueda de reconocimiento.
Tras esa medida, la fiscal Gioria aclaró que las evidencias pueden poner en crisis el rol atribuido a S. y avaló la libertad con restricciones del bioquímico. En ese sentido el propio abogado querellante que representa a la familia Oldani, Romeo Díaz Duarte, sostuvo que S. ni siquiera forma parte de la teoría del caso. Y el abogado defensor Martín Durando sostuvo que desde un primer momento la evidencia para encarcelarlo “era escasa” y que su cliente deberá ser desvinculado por completo del episodio ya que se encontraba en Ataliva (departamento Castellanos) desde un día antes de que se produjera el hecho y durante la misma jornada del asesinato.
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Como si eso fuera poco, los abogados Díaz Duarte y Durando denunciaron la desaparición de “unos 600 mensajes o llamadas telefónicas que el fiscal Iglesias dijo que tenía como pruebas incriminatorias contra S.”. En ese marco, el abogado de la familia Oldani dijo que “las supuestas comunicaciones entre los sospechosos de haber planificado el crimen no están. No sé si se perdieron o no están y me preocupa. No sabemos si existieron y desaparecieron. El fiscal (Gonzalo Iglesias) está haciendo un buen trabajo, pero a veces los organismos técnicos no responden a la expectativa de los fiscales y del sistema”.
Resolución que avala la divulgación de imágenes
La divulgación de las fotos con el dinero escondido en la agencia de turismo de Hugo Oldani llevaron al fiscal federal Walter Rodríguez a abrir una causa por “presunta intermediación cambiaria no autorizada”, es decir el funcionamiento de una cueva de intercambio de divisas y presunto “lavado de dinero”. En tanto, el fiscal regional provincial Carlos Arietti habilitó una investigación sobre “violación de secreto de sumario”, expediente que quedó a cargo de la fiscal Mariela Jimenez, aunque días atrás el legajo fue archivado por “inexistencia de delito”.
En ese marco se supo que la fiscal informó en julio de 2020 a Arietti una serie de irregularidades llevadas adelante por Ferraro, quien permitió que Virgina Oldani y José Luis Hernández, hija y yerno del empresario asesinado, sacaran el dinero escondido en el local la madrugada del 12 de febrero, horas después del deceso del empresario y cuando el local debía estar precintado y bajo custodia policial.
Para el fiscal Rodríguez resultó irrelevante para el derecho penal la difusión de las imágenes que reflejan una considerable cantidad de dinero marginado como evidencia de la escena criminal por parte de la fiscal en la medida que “la puesta en funcionamiento del sistema represivo era una herramienta dirigida a sancionar la revelación de un asunto que, por su trascendencia, debió ponerse a disposición de la ciudadanía para transparentar la gestión del MPA y dar cuenta de sus actos de gobierno”. Y agregó: “El descubrimiento de la verdad a través de la libre circulación de noticias está fuera del alcance del derecho penal ya que son obtenidas bajo reserva porque de otro modo no se conocerían...el descubrimiento de la verdad tiene particular importancia en los delitos y en el control del gobierno y de eventuales ilegalidades que afectan directamente el proceso democrático”.
