Juan José Raffo, el oficial rosarino que la última semana de febrero denunció
ante la Justicia el funcionamiento de la caja negra policial en la Unidad Regional II, presentó el
miércoles ante la fiscal de la causa una nueva prueba: videos filmados mediante el sistema de
cámara oculta en los que pueden observarse cómo, en cuatro de los lugares que denunció
oportunamente, se levantan apuestas clandestinas de carreras de caballo y quiniela. Según explicó
Raffo a este diario, esos lugares son los mismos a los que el juez de Instrucción Osvaldo Barbero
envió a efectivos de Asuntos Internos para que chequearan si había alguna actividad ilegal y los
operativos tuvieron resultados "negativos".
Veintiséis minutos grabados con una cámara de video y un micrófono camuflados en
una lapicera fueron suficientes para que una persona pudiera registrar cómo se realizan apuestas
clandestinas en cuatro lugares denunciados ante la Justicia. Esos sitios figuran en la presentación
de ocho carillas que el oficial auxiliar Juan José Raffo, de 33 años, hizo el 24 de febrero ante la
oficina de Sumarios Administrativos de la Jefatura. En aquella exposición, el policía detalló
nombres, montos y direcciones de una maquinaria que permitía recaudar dinero ilegal a las más altas
esferas de la fuerza. La causa recayó en manos del juez Barbero, quien hasta el momento nunca llamó
al uniformado para que ratifique o amplíe esa denuncia.
En su presentación de febrero, Raffo expuso que fue tentado por sus superiores
para participar de la recaudación destinada a la caja negra y que él se negó. Fue después de haber
sido pasado a disponibilidad preventiva por estar acusado en cuatro causas generadas en menos de un
mes con denunciantes NN y sobre las que no se ofrecieron pruebas concluyentes.
Las imágenes. El CD que contiene las grabaciones realizadas por Raffo en lugares
donde se reciben apuestas ilegales fue entregado a la fiscal que entiende en la causa, María
Eugenia Iribarren.
En la primera de las filmaciones, de unos 5 minutos, se ve una persona que llega
caminando el 2 de abril pasado a un bar de 27 de Febrero y Sarmiento, saluda y se dirige a un box
donde realiza una apuesta en una carrera de caballos. Una escena casi idéntica se captó un día
después en un local de 27 de Febrero al 1900. Las restantes filmaciones fueron hechas en locales de
quiniela clandestina de Ovidio Lagos y Uriburu y de Gutiérrez al 2700, es decir a dos cuadras de la
Jefatura. En ambos casos se ve cómo una persona juega un número pagando "diez pesos a la
cabeza".
En las filmaciones no se ven policías recibiendo dinero, que de acuerdo a la
denuncia es un episodio que se produce una vez por semana o por mes, pero son lugares —según
Raffo— a los que el juez Barbero envió a efectivos de Asuntos Internos para chequear si se
recibían apuestas ilegales y las respuestas fueron negativas. Sí se pueden ver nítidamente rostros
de personas que reciben dinero y apuntan datos en planillas.
Al respecto, Raffo le dijo a La Capital que "ésta es una forma de
demostrar que en la policía, en la Justicia, o en el gobierno, hay alguien que no quiere hacer nada
y yo no quiero ser el mentiroso de 2009". Mientras que sus abogados confiaron que, aunque la
jurisprudencia permite anticipar que la cámara oculta no servirá como prueba "si muestra que ésto
está funcionado y por lo menos hay que ir a ver qué pasa".
Hechos que pesan. En febrero pasado Raffo fue notificado de su pase a
disponibilidad por estar acusado en cinco causas, cuatro de ellas generadas en los primeros días de
2009 a partir de llamadas anónimas. La restante es una querella donde se lo imputa por "tráfico de
influencias" por el supuesto robo de una puerta en 2006, causa que está a la espera de
sentencia.
Según los defensores del policía, José Ferrara y Adrián Ruíz, existe una pericia
técnica que da por tierra con la acusación en la causa del supuesto robo. Sobre los otros hechos
—infracción a la ley de drogas y enriquecimiento ilícito, entre otras— no se expusieron
pruebas contundentes que comprometan a Raffo. Incluso, dos de ellas fueron archivadas por la
Justicia. La causa federal nunca se inició. Y el sumario por enriquecimiento ilícito no fue
judicializado.
Raffo indicó que las cuatro causas le fueron armadas y que tienen directa
relación con su actuación en dos hechos de gran impacto público. Según planteó, su desempeño
frustró importantes negocios económicos de ciertos sectores policiales que actuaban en connivencia
con el ex líder de la barra de Newell’s, el hasta ayer prófugo Roberto Pimpi Camino (ver
página 32). Esto, dijo, le fue recriminado verbalmente por algunos de sus superiores. Y apuntó
directamente sobre el subjefe de la regional, Miguel Angel Rodríguez, y sobre el titular de Orden
Público, David Benavente. Ambos están de licencia obligada después de que en el marco de la
investigación sus casas y sus despachos fueran allanados. También mencionó a varios comisarios de
segunda línea y por elevación al jefe de la UR II, Osvaldo Toledo.
El primer suceso fue una emboscada a tiros, el 19 de enero en Grandoli al 4900,
en la que asesinaron a Sebastián Galimany, de 22 años, y su amigo Facundo, de 21, resultó
gravemente herido. En ese caso Raffo tomó la declaración al sobreviviente del ataque, quien apuntó
a uno de los hijos de Pimpi, apodado Chamí, como autor de los disparos.
El otro hecho fue el violento copamiento de las instalaciones de Newell’s
en el parque Independencia, el 26 de enero, por parte de unos 50 hombres comandados por Pimpi. En
esa ocasión Raffo tomó el testimonio de una agente policial que señaló a los hermanos Camino como
líderes de la revuelta.
Hecha pública la denuncia por el manejo de la caja negra, la casa de Raffo fue
baleada el primer día hábil de marzo. Veinte días más tarde y a casi un mes de que el oficial
presentara su denuncia, el juez Barbero ordenó que Asuntos Internos realizara una serie de
allanamientos, que abarcaron varios despachos de Jefatura y los domicilios particulares de un par
de oficiales superiores.
l
Peso
La fiscal María Eugenia Iribarren, la funcionaria judicial que recibió el video
filmado por Raffo, sostuvo ayer que los elementos presentados por el oficial “no alcanzan
como para citar siquiera a alguien a indagatoria” y adelantó que en los próximos días se
sabrá el peso que el material puede tener en la causa.
