Preocupa un proyecto edilicio lindero con la cárcel de mujeres

A un mes de una requisa denunciada como violenta en la cárcel de mujeres, la institución del barrio Refinería fue motivo de un nuevo hábeas corpus que presentó ayer la defensa pública del viejo sistema penal; esta vez por una cuestión edilicia. La defensora general Marcela De Luca planteó su preocupación por la inminente construcción de un condominio de la constructora Fundar que compromete un muro medianero, el que según una inspección reciente se encuentra "en estado de abandono".

Una jueza hizo lugar al recurso con varias medidas: ordenó un pedido de informes a la empresa para conocer la fecha de inicio de las obras, dispuso la apertura de una mesa de diálogo y pidió a la provincia que envíe informes mensuales sobre el avance de la nueva penitenciaría para mujeres que se construye en 27 de Febrero y Circunvalación.

Denuncias

El mes pasado internas de la Unidad 5 denunciaron haber sufrido una requisa violenta el jueves 27 de julio, cuando el hallazgo de un celular desató incidentes por los que cuatro reclusas fueron trasladadas. Dijeron haber sufrido golpes con cachiporras y que agentes del Servicio Penitenciario (SP) les arrojaron gas pimienta durante una inspección de rutina en la cárcel que funciona en los altos de la comisaría 8ª, en Ingeniero Thedy al 300 bis. La fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci abrió una investigación tras una denuncia del Servicio de Defensa Penal del nuevo sistema que relevó quejas por maltrato, el servicio de comida y el suministro de medicamentos.

Los mismos reclamos habían fundado un recurso de hábeas corpus presentado en febrero pasado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la provincia en demanda de atención sanitaria e higiene en la cárcel de mujeres así como a los niños menores de 5 años alojados allí con sus madres. Otras quejas referían al suministro rutinario a las internas de drogas como Clonazepam o Dioxaflex sin indicación médica. Ese recurso fue tramitado por el juez Hernán Postma, quien abrió mesas de diálogo con distintos actores.

Proyectos

En ese marco, el 10 de agosto pasado De Luca dio cuenta dentro de ese trámite de la inminente construcción de un edificio sobre la calle Ingeniero Thedy de la constructora Fundar. Bajo el nombre de Condo Norte, se proyectan allí estudios y unidades tipo dúplex de dos dormitorios, cocheras, quinchos, piscina en la azotea y gimnasio.

La defensora planteó su preocupación porque el muro medianero "se encuentra en un estado de abandono", según un informe de la Facultad de Arquitectura de la UNR ordenado tras el recurso de febrero y que constató el "estado calamitoso y ruinoso" de la cárcel.

De Luca pidió discutir el tema en una audiencia "en consideración de los graves episodios de público conocimiento por las requisas llevadas a cabo en el pabellón de la planta baja". Ante la urgencia del planteo, el juez le dio el trámite de un hábeas corpus independiente que resolvió ayer la jueza Hebe Marcogliese.

La Defensa solicitó entonces que se le pidan informes a la Secretaría de Obras Públicas de la provincia sobre los avances de la obra en 27 de Febrero y Circunvalación (calle 1.706) adonde se proyecta mudar la Unidad 5. En una superficie cubierta de 5.200 metros cuadrados dispone de 104 plazas para mujeres privadas de la libertad, once de ellas en un lugar especial para convivir con sus hijos.

En la audiencia de ayer, representantes de Obras Públicas de la provincia indicaron que las obras tienen fecha de terminación para fin de año, pero ese plazo seguramente será ampliado hasta fines de febrero de 2018. Indicaron que el edificio está listo pero aún falta el tendido eléctrico, la instalación de agua y las cloacas. La EPE aún debe aprobar un proyecto para extender la red eléctrica hasta el predio.

La defensora pública del nuevo sistema Daniela Asinari acompañó el planteo al pedir que se defina una fecha tentativa de traslado al nuevo edificio.

Más diálogo

Al resolver la cuestión la jueza observó que no existen dudas sobre el deterioro del edificio donde se emplaza actualmente la Unidad 5 pero dijo que "no se advierte en el caso un acto u omisión de autoridad pública" porque se está construyendo un nuevo edificio. No obstante, consideró oportuno convocar a una mesa de diálogo para discutir mejoras en las condiciones de alojamiento de las mujeres. La integrarán representantes de la Defensa Pública, la Fiscalía, y el gobierno provincial junto a asesores técnicos que deberán monitorear el plazo de entrega del nuevo edificio.

Asimismo, dispuso pedir informes a la empresa Fundar sobre la fecha de iniciación de los trabajos linderos a la Unidad 5. "Es un recurso auspicioso, este es un paso adelante para que el Estado garantice condiciones dignas de detención", opinó la defensora que promovió la presentación.