Siete agentes, la mayoría de la comisaría 15ª, irán a juicio por hurto agravado, falsedad ideológica y abuso de autoridad por el hecho ocurrido en abril de 2024
Foto: Celina Mutti Lovera.
La comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino. Anoche escaparon tres presos, pero fueron recapturados pocas horas después
En abril de 2024 una familia requirió intervención policial en un domicilio de Rosario a raíz de una crisis de salud mental de dos de sus miembros. El objetivo era poner a resguardo a tres menores, pero los policías, la mayoría de la comisaría 15ª, se robaron más de 75 mil dólares. Fiscalía solicitó este miércoles elevar la causa a juicio.
El fiscal a cargo de la investigación, José Luis Caterina, solicitó penas que van desde 3 años y 6 meses a 9 años años de prisión. Los acusados son siete policías, de los cuales seis trabajaban en la comisaría 15ª e intervinieron en el hecho por jurisdicción zonal. El restante formaba parte del Grupo Táctico Multipropósito que participó del operativo. El principal imputado es el subjefe de la seccional, Darío Germán Carrillo, quien al poco tiempo de robar el dinero adquirió una lancha valuada en 17 mil dólares. Es el único detenido desde que fueron imputados en mayo de 2024.
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El robo ocurrió el 13 de abril de 2024 en una vivienda de Italia al 4500, dos días después de que la Fiscalía interviniera en una situación de crisis de salud mental de una pareja con tres hijos. En ese marco irrumpieron en el domicilio "al solo fin de poner a salvo a tres menores de edad", según sostuvo la Fiscalía, pero se llevaron los ahorros de la familia. Los agentes, para encubrir el hecho, adulteraron el acta de procedimiento con testigos falsos.
El 11 de abril de 2024 agentes del Comando Radioeléctrico que trabajaban en Funes advirtieron a la Fiscalía de Flagrancia de una situación que atravesaba una familia con domicilio en Roldán. Un hombre y una mujer, padres de tres menores, se habían refugiado en una panadería de Funes ante un supuesto riesgo que corría toda la familia. Aseguraban que había personas que los perseguían y que sus vidas corrían peligro.
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Con la intervención de la Fiscalía, los menores quedaron a cargo de otro familiar y el matrimonio fue a realizar una denuncia a la comisaría de Funes. A partir de ahí surgieron los primeros indicios de que tanto el hombre como la mujer atravesaban una crisis de salud mental con "delirio persecutorio".
A los dos días, el 13 de abril de 2024, una hermana de la mujer localizó a la pareja y a sus hijos en la casa de los padres del hombre. En ese domicilio de Italia al 4500 encontraron el auto de la familia con un pequeño choque. Tras varias horas sin que nadie de la familia se asome a la calle, la Fiscalía se comunicó con el 911 y dio intervención a la comisaría 15ª por una razón de jurisdicción.
Los primeros agentes de la comisaría 15ª en llegar al domicilio fueron Brenda Alderete, numeraria de 39 años, y el subjefe Darío Carrillo, de 45 años. Lo que comunicaron a la Fiscalía fue que la familia continuaba sin responder y que además un vecino avisó que el padre del hombre, es decir el dueño de la casa, solía contar que tenía armas de fuego. En ese marco la Fiscalía decidió el ingreso de la policía en resguardo del grupo familiar, por lo cual los encargados de la comisaría convocaron al Grupo Táctico Multipropósito (GTM).
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Así fue que el agente Marcelo Emanuel Gómez, de 30 años y parte del GTM, se hizo presente como jefe del grupo que entraría al domicilio. Ya eran cerca de las 00.15 del 14 de abril cuando la policía ingresó a la vivienda de Italia al 4500. Allí se encontraron con los tres menores, su padre, su madre y los abuelos paternos de los chicos. Los agentes también informaron el hallazgo de dos revólveres y algunas balas.
Los menores quedaron a cargo de la Secretaría de Niñez, mientras que los adultos fueron examinados por la guardia del Hospital de Salud Mental Agudo Ávila. Allí los profesionales informaron que no había necesidad de internarlos pero que ambos iniciarían tratamiento. Respecto del hallazgo de las armas, que correspondían al abuelo paterno de la familia, se abrió una causa paralela.
El mismo 14 de abril la Fiscalía restituyó a la familia el auto de la pareja y el dinero hallado dentro del vehículo. Pero el día siguiente, una hermana de la mujer que había quedado a cargo de sus sobrinos, preguntó en Fiscalía cuándo le iban a devolver el resto del dinero. Cuando desde Fiscalía respondieron que ya habían hecho la devolución comenzaron las sospechas: en la casa faltaban 76.900 dólares que no figuraban en las actas del procedimiento.
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De esa manera se inició una investigación de oficio que determinó que los agentes habían robado el dinero. Cuando el Grupo Táctico Multipropósito ingresó a la vivienda, los miembros de la familia fueron trasladados al comedor de la casa y en ese momento el subjefe Carrillo efectuó una requisa. "Pero antes tapan la visual cruzando un colchón a la altura de la puerta del comedor", indicó el fiscal Caterina.
En la causa se supo que los policías hicieron referencia en varias oportunidades a que en la casa "había mucha plata". En ese marco parte de los efectivos comenzaron a hablar de que el dinero correspondía "al lavado de dinero de Alvarado", en referencia Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico. Para la Fiscalía fue una "pantalla o relato que se improvisa al encontrar el dinero a fin de que nadie los denuncie".
La investigación determinó que el subjefe de la comisaría 15ª, Darío Carrillo, días después del operativo adquirió una lancha valuada en 17 mil dólares. Y que, además, la agente Andrea Soledad González encubrió esa maniobra a cambio de dinero que recibió para pagar la fiesta de cumpleaños de 15 de su hija. También acompañó a Carrillo a comprar la embarcación y puso su contacto en el astillero donde la mandaron a confeccionar.
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Otra irregularidad que se descubrió fue que el acta de procedimiento original llevaba las firmas de los suboficiales Amílcar Madera, Joaquín Geromínez, Brenda Alderete y la oficial Romina Acosta, pero que la copia que llegó a Asuntos Internos tenía solo la firma de dos de los agentes. En el mismo documento figuraban dos supuestos testigos que no pudieron ser localizados, dado que los domicilios anotados eran falsos.
El fiscal Caterina acusó a los agentes Carillo, Acosta, Alderete, Gómez, Geromínez y Madera los delitos de abuso de autoridad, hurto doblemente calificado y falsedad ideológica agravada. Para Carrillo pidió 9 años de prisión, para Acosta 5 años, 4 años y 6 meses para Alderete, 4 años y 4 meses para Geromínez y Madera, y 4 años y 10 meses para Gómez. Mientras que a la agente González le atribuyó encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública, por lo que solicitó la pena de 3 años y 6 meses de prisión.
La víctima fatal tenía 24 años. También hubo un herido, de 26 años, que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
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