"Pillín" fue acusado de lavar dinero que acumuló como jefe de la barra canalla

El fiscal Miguel Moreno acusó ayer a Andrés “Pillín” Bracamonte de haber lavado activos por algo más de 38 millones de pesos provenientes de presuntos ilícitos cometidos en casi dos décadas como jefe de la barra de Rosario Central. La imputación fue formulada en una audiencia demorada por problemas técnicos en la cual la defensa planteó que la Justicia provincial no es competente para investigar ese delito que corresponde al ámbito federal. Antes de resolver ese planteo, la jueza Valeria Pedrana dictó un cuarto intermedio hasta las 8.30 de hoy para resolver si admite la imputación y, en ese caso, quedará por resolverse si el acusado queda o no en prisión preventiva.

   El planteo del fiscal es que “Pillín” se valió de amenazas, intimidaciones y extorsiones para generar un espacio de poder desde la barra y luego “crear un verdadero negocio ilícito y millonario”. Fruto de esos “delitos precedentes”, de los que sólo expuso indicios ya que “son muy difíciles de probar”, fue construyendo en etapas un patrimonio que intenta blanquear a través de empresas con ribetes fraudulentos, según la evidencia que alegó durante casi dos horas. “Teniendo en cuenta el dinero que mueve el fútbol esto podría ser la punta del iceberg”, disparó Moreno tras la audiencia, y no descartó que la investigación continúe y vaya sumando imputados.

   “Las evidencias que alegó el fiscal no se corresponden con el despliegue que hubo. Son conjeturas sin asidero e indicios absolutamente ambiguos que en modo alguno pueden sostener la tesis presentada”, dijo el defensor de “Pillín” , Carlos Varela, más allá de sostener que el delito atribuido es de competencia federal.

Reseñas

Si bien la audiencia de ayer estaba prevista como presencial para las partes, el acusado asistiría a través de videoconferencia desde la dependencia policial donde está detenido a la espera de que se resuelva su situación procesal. Pero luego de un par de intentos fallidos para conectarse se resolvió que Bracamonte fuera llevado al Centro de Justicia Penal (CJP). Dos horas después se sentó junto a sus abogados Varela, Adrián Martínez y Laura Valencia.

   La imputación de Moreno consistió en dos instancias. Una posible de probar, que son las maniobras que le endilga para blanquear el patrimonio que le atribuye haber forjado como líder de una barra brava. La otra, demostrable por indicios, tiene que ver con cómo hizo “Pillín” para ganar ese dinero. En ambas instancias expuso a Bracamonte al frente de negocios de todo tipo relacionados con Central: ya sea cobrando por estacionar en las inmediaciones del estadio los días de partido; participando de la venta de jugadores o creando una empresa para facturarle servicios al club.

   La reseña de Moreno apela a los “secretos a voces” que surcan todas las canchas del país, así como las calles de la ciudad, y las fundamentó a partir de indicios. Sobre la violencia de sus acciones, recordó una condena de 2007 por intimidar a personal del club antes de una asamblea. Sobre sus presuntos aprietes a padres de jugadores de las inferiores para que firmaran con su socio Juan Carlos Silvetti, apeló al conflicto que éste tuvo con el entonces presidente Horacio Usandizaga por maniobras que perjudicaban al club.

   También exhibió un cheque por más de 600 mil pesos hallado en la casa de “Pillín”, uno de los diez que Central le había entregado a Juan Andrés Bilicic por la venta de Gastón Avila a Boca. “Que este cheque esté en la casa de Bracamonte a pocos días del cobro es para nosotros una prueba clara de que está vinculado a ese negocio”.

   Más allá de los indicios con los que se podría demostrar el delito precedente, Moreno continuó su imputación exponiendo qué hizo “Pillín” con el dinero que iba acumulando desde el paraavalanchas. Eso lo dividió en dos etapas: la primera fue “la utilización de personas de su confianza como prestanombres y administradores” para luego “crear, comprar y utilizar empresas a través de las cuales puso en circulación en el mercado” los bienes que fue adquiriendo desde su sitio de poder.

   Así, primero se centró en exponer que los bienes atribuidos a “Pillín”, a su ex esposa y a su hijo de 20 años no se condicen con sus ingresos declarados y sus actividades como propietarios de chapas de taxis. “En una primera etapa se sirvió de su ex mujer para adquirir bienes y registrarlos a su nombre y consiguió desviar la atención respecto de un inexplicable aumento patrimonial”.

   Luego desgranó las empresas que fue creando o comprando para “darle un aspecto lícito a ese patrimonio”. En ese sentido, objetó cuestiones patrimoniales de algunas de las empresas así como el hecho de que no se detectó que funcionen según lo declarado. “Vanefra SRL es una pantalla que pretende demostrar una actividad y un giro comercial que en la realidad no se advierte”, acusó. Sobre Ser Eco, firma destinada al alquiler de baños químicos, “no existe rastro de la actividad declarada sino que hay un gimnasio que pertenecería a uno de sus socios”.

   De todas esas maniobras, hay una que lo conecta con Rosario Central y es la firma Ruffino en la que está asociado con el intendente del Gigante de Arroyito, Sergio Daniel Quiroga. Más allá de no encontrar nada vinculado a lo que supuestamente es esa empresa al allanar su sede, ubicada a dos cuadras del estadio, el fiscal remarcó que “el 87% de las ventas de esa firma, 805.690 pesos, fueron facturados a nombre de un único cliente: Rosario Central”. Al respecto, el fiscal sostuvo que “Quiroga es investigado para ver si cometió algúndelito o si se limita a un accionar antiético por ser comprador y vendedor al mismo tiempo”.

Ataques y réplicas

Luego de casi dos horas de imputaciones, entre indicios y evidencias, Varela sostuvo que el lavado de activos debe ser analizado por la Justicia federal. Al respecto mencionó recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Moreno replicó que el delito que le achaca a “Pillín” remite a delitos precedentes que son de competencia provincial y no afectan a la Nación.

   “Las víctimas son personas de acá, desde el socio que estacionó cerca del estadio y lo apretaron para que pague, hasta el padre del jugador que tuvo que firmar con Silvetti, incluso el propio club es víctima de estas maniobras”, argumentó el fiscal. “Es difícil precisar que esas víctimas están en la provincia si no son identificadas”, retrucó el defensor.

   Ante tales argumentos, y una vez asegurada de que podría mantener a “Pillín” demorado en el Order unas horas más, la jueza dictó un cuarto intermedio para expedirse hoy a la mañana respecto de la competencia de la Justicia santafesina para juzgar a Bracamonte.

   Con la incógnita en llamas, ambas partes dejaron unos conceptos al salir del CJP. “El delito precedente es muy difícil de investigar cuando hay narcotráfico y barras bravas porque hay un entramado de extorsiones que generan mucho temor y por otro lado gran cobertura factores políticos, sindicales, policiales y otros”, disparó Moreno.

   “Hay una intención clara de mantener encarcelado a mi cliente y esa intención hace que el fiscal descarte algunas explicaciones que se han dado y que, aunque puedan tener errores o inconsistencias, o incluso si se encontraran diferencias o incongruencias, éstas deben ser resueltas en el ámbito administrativo. No queremos ventajas ni parcialidad, sólo que se aplique la ley y se tenga en cuenta que por múltiples factores mi cliente está preso, y que uno de esos factores es su nombre. Si esta persona no se llamara Andrés Bracamonte no estaría detenido, lo dijo el mismo fiscal al explicar que hay múltiples personas sospechadas en la causa y sin embargo él es el único que esta detendio, lo que demuestra una clara intencionalidad”, sostuvo Carlos Varela.