El crimen de Nicolás “Fino” Ocampo, un estrecho colaborador del condenado jefe narco Esteban Alvarado, requirió de logística y seguimiento antes de que fuera ejecutado a tiros frente a su casa de la zona oeste. Cuatro personas comenzaron a ser juzgadas este lunes como parte de una banda dirigida desde prisión que fue contratada para eliminarlo a cambio de 370 mil pesos y que, además, concretó un atentado fallido contra un empresario de suplementos nutricionales al que le dispararon en la puerta de su fábrica de la zona sur. Por este último hecho hay un quinto acusado de actuar como intermediario.
A través de escuchas, la investigación a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra captó que el grupo actuaba a las órdenes de un preso que cumplía condena en la Unidad 3, quien lideraba una suerte de empresa para cometer delitos a sueldo. Se trata de Fabio Giménez, sobre quien pesa un pedido de prisión perpetua. Junto a Brian González, Uriel Reynoso, Joana Bernal y Germán Ponce comenzó a ser juzgado ante los jueces Rodrigo Santana, Mariano Aliau y María Isabel Más Varela.
Los primeros cuatro están acusados de haber integrado una empresa criminal que llevó a cabo el asesinato de Nicolás “Fino” Ocampo y la tentativa de homicidio de un empresario cuyo crimen por encargo fue desbaratado gracias a las escuchas.
"Fino" Ocampo cumplía prisión condicional tras aceptar ser parte de una asociación ilícita y como parte del círculo íntimo de Alvarado, condenado por desguazar autos robados en el conurbano bonaerense y por dirigir una organización de venta de drogas que rivalizaba con la banda de Los Monos.
El 16 de abril de 2021 llegaba poco después de las 15 a su casa de Ocampo al 6600 a bordo de una camioneta Toyota Hilux modelo 2012 con su pequeño hijo de 2 años. Una moto con dos muchachos que no eran del barrio se acercó al vehículo y el que iba como acompañante en la moto bajó y por la luneta de la camioneta efectuó tres disparos.
Fino no alcanzó a descender. Cayó sin vida sobre el volante ante la vista de su pequeño hijo, lastimado por astillas de vidrio. Según la investigación los atacantes pasaron al menos tres veces frente a la vivienda a la espera de la llegada de Ocampo, cuyos movimientos eran seguidos con anterioridad.
El fiscal planteó que el crimen fue encargado a Giménez, quien desde prisión coordinó el trabajo con González y Reynoso, los dos acusados de ejecutar a la víctima. El primero como el autor de los disparos, a cambio de cien mil pesos, y el segundo como el conductor de la moto, a cambio de 60 mil pesos. De acuerdo con la teoría fiscal, el dinero fue entregado por Joana Bernal.
Así, el grupo fue acusado de cometer con distintos roles un homicidio agravado por el uso de arma, calificado por haber sido cometido por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas. Giménez como instigador, Reynoso como autor material y González y Bernal como partícipes primarios. Para todos el fiscal pidió la pena de prisión perpetua.
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Giménez afronta además un pedido de 15 años de condena por instigar el intento de homicidio del empresario Mauricio L., empresario del rubro de suplementos nutricionales que cinco días después del crimen de Ocampo sufrió un atentado en su fábrica de Avenida del Rosario y Ovidio Lagos. La tarde del 21 de abril un joven en moto preguntó por él y efectuó tres disparos al local. El atacante intentó darse a la fuga pero fue detenido por la policía con la moto y el arma con la que acababa de ejecutar la agresión.
Era Reynoso, quien según la Fiscalía había sido contactado por Giménez desde prisión para que cometiera el hecho. Por eso, en su caso, pesa además un pedido de 15 años de prisión por ese intento de homicidio.
Así, el fiscal requirió además 15 años de prisión para Reynoso por ese ataque. La misma pena fue solicitada para Germán Ponce por actuar como intermediario. Sería quien acudió a Giménez cuando un ex socio de la víctima lo contactó con el encargo de eliminar a su competidor. Esta persona es Lucas Farrugia, condenado en un juicio abreviado a 11 años de prisión.
Escuchas a las que era sometido Giménez en la cárcel de Riccheri y Zeballos detectaron que días después de los disparos en la fábrica de la zona sur estaba previsto un nuevo ataque para matar al empresario, lo que se frustró cuando los policías lo fueron a buscar a su casa y lo trasladaron con un chaleco antibalas al Centro de Justicia Penal.
Las defensas de los acusados alegaron que las pruebas eran insuficientes para probar la intervención de los acusados en los hechos y que se obtuvieron con procedimientos viciados e ilegítimos, por lo que solicitaron la absolución de todos ellos.
