La asociación ilícita la formaban un comisario, dos oficiales y cinco narcotraficantes. El territorio de venta se extendía por varias localidades de la provincia
Por Claudio Berón
La Unidad Regional donde se desempeñaban los narcopolicías.
Un ex jefe policial irá a juicio oral acusado junto a otras siete personas -entre ellos, dos policías provinciales- de conformar una asociación ilícita de narcopolicías dedicada al comercio de estupefacientes. Son de la Unidad Regional XI, de Las Colonias.
El ex comisario en cuestión es Lucas Nos, quien tenía a cargo el grupo de trabajo de Las Colonias, perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal. Además, en la banda operaban Matías Cosentini y María Belén Muratore, que se desempeñaban como suboficial y oficial, respectivamente y fueron considerados integrantes de la asociación.
En tanto, la Unidad Fiscal identificó a los civiles Daniel Segovia (quien proveía de droga a los policías), Andrés Belizan, Andrea Córdoba, Rocío Córdoba y Sol Morel, que se dedicaban a la venta de los estupefacientes.
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El titular de la Unidad Fiscal Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, solicitó esta semana que se proceda al juicio oral. En el requerimiento, el fiscal acusó además a Nos y a Cosentini por llevar adelante maniobras de malversación de caudales públicos, omisión de los deberes de funcionario y encubrimiento.
En ese tramo de la investigación está involucrado el por entonces subcomisario Rubén Moyano, a cargo de la departamental de San Jerónimo, en Coronda. Por otra parte, Muratore está acusada también de haber confeccionado un documento público falso.
De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal, Nos, Cosentini y Muratore conformaron una asociación ilícita que tenía como objetivo el tráfico de estupefacientes con finalidad de lucro en las localidades del departamento Las Colonias, fundamentalmente en su cabecera, Esperanza, aunque también se constató la actividad en Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín.
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El fiscal señaló que como "contraprestación" de las sumas de dinero que recibían, "los agentes policiales evitaron cualquier investigación propia y medida intrusiva" en los búnkeres y que informaron a la organización narcocriminal "en torno a investigaciones de otras fuerzas y a las denuncias que surgían".
Belizan, Rocío Córdoba, Andrea Córdoba y Morel eran quienes, según la acusación, se dedicaban puntualmente a la venta de droga. El fiscal resaltó que Segovia, condenado por ese delito y por la tenencia ilegal de arma de fuego, era quien proveía del material a los efectivos para que estos lo distribuyeran y realizaran las maniobras. La asociación habría operado por lo menos desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, de acuerdo a la información que se pudo obtener del teléfono de Cosentini.
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