Alan Federico Núñez y Rodrigo Sebastián Romero, ambos de 28 años, comenzaron a ser juzgados por el crimen de Kevin Jara, un chico de 20 años que padecía adicciones y fue asesinado a tiros en el vestuario de un club de barrio abandonado, aparentemente a raíz de deudas por drogas. El tribunal penal que lleva adelante el proceso está integrado por los jueces Alejandro Negroni, Hebe Marcogliese y Trinidad Chiabrera, quienes analizarán el caso que investigó el fiscal Alejandro Ferlazzo.
El asesinato de Jara ocurrió el mediodía del 9 de diciembre de 2018 en dependencias del Club San Cayetano, ubicado en Demestri al 6000, que por entonces se encontraba abandonado. Según la investigación del fiscal Ferlazzo, los dos acusados ingresaron con la víctima “a un cuarto que era utilizado como vestuario en la cancha de fútbol del terreno de dicha zona y luego de haberle propinado numerosos golpes” le efectuaron “por lo menos tres disparos con una pistola calibre 9 milímetros.”
Núñez y Romero fueron acusados no solo por el delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad (cuya situación está en manos de la Justicia de Menores) sino también por la portación sin autorización del arma utilizada en el hecho, por lo cual el fiscal solicitó una pena de 25 años de prisión para Núñez y de 20 años de cárcel para Romero.
En este marco hay que destacar que Núñez, junto a Blas Joel Rodríguez, fueron condenados en agosto del año pasado a la pena de prisión perpetua por el homicidio del jubilado Héctor Albino Almaraz, un hombre de 70 años a quien el 26 de septiembre de 2018 asesinaron de un tiro en el pecho para robarle el dinero de siete pensiones por discapacidad tras ingresar a su casa de Demestri 6061, golpear a su esposa y efectuarle un disparo con una pistola calibre 45.
Los padres de Jara contaron luego del crimen que habían buscado a su hijo durante todo un día, desde que había salido de su casa el 8 de diciembre. Relataron que el joven sufría una adicción a las drogas y que solía irse de su domicilio por varias horas. “Él se iba a todos lados y volvía a las 10 o a las 11 de la mañana. Vivía con nosotros y no trabajaba, tenía un problema de adicciones desde los 18 años y no lo pudimos hacer tratar”, contó por entonces la madre de la víctima. Y agregó que el día del asesinato ella “lo había visto a media mañana con dos pibes y dos chicas que no conocía. Esa fue la última vez”.
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Además, la mujer dijo que su hijo “fumaba marihuana y a veces consumía cocaína”; y contó que entre las hipótesis el crimen “una es que tal vez debía plata o algo así”. “El no robaba ni tenía antecedentes de nada. Era un muy buen chico, compañero de sus hermanos y querido en el barrio”, sostuvo.
De acuerdo a la investigación, los acusados por el crimen que llegaron a juicio oral tendrían un vínculo como presuntos vendedores de drogas ligados a Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero, uno de los hijos del “Viejo” Cantero, fundador de la banda de Los Monos.
Chanchón fue condenado en 2020 a 14 años de prisión por el asesinato del policía Cristian Ezequiel Ibarra, ocurrido el 22 de julio de 2019, cuando la víctima estaba a bordo de su Peugeot 308 en Larralde y Deán Funes, en la zona oeste de Rosario. El agente tenía 29 años y se desempeñaba como adscripto en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que administra la estructura administrativa del sistema penal santafesino.
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Desde un primer momento de la pesquisa, el móvil del crimen estuvo dirigido a una interna narco, ya que se consideró que el policía era “gerenciador de un grupo de vendedores de cocaína en el barrio Fonavi de Monte Flores al 7200” y Chanchón la cabeza de otro “grupo dedicado al narcomenudeo” que regenteaba el territorio junto a su hermanastro, “Tartita” Schneider, e Ibarra pagaba para que su gente pudiera vender en el lugar. En ese marco, la lógica de la Fiscalía es que hubo un conflicto de intereses e Ibarra fue víctima de una traición colectiva para beneficiar a otros jugadores.