El plan de seguridad apunta a evitar que la hidrovía Paraguay-Paraná sea "una forma de transporte de cualquier tipo de elemento delictivo, sea droga, armas o cualquier otro tipo de problema criminal".
El gobierno nacional presentó Plan Paraná, para controlar la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná
El gobierno nacional presentó este lunes el Plan Paraná, que intensificará los controles sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, que atraviesa las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos y desemboca en el Río de La Plata. “Tenemos que terminar de cerrar la hidrovía al delito”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El plan fue presentado por Bullrich tiene como objetivo “blindar a posibilidad de que la hidrovía no sea una forma de transporte de cualquier tipo de elemento delictivo sea droga, armas o cualquier otro tipo de problema criminal que podamos encontrar".
La ministra explicó que se trata de un plan en conjunto con los gobiernos de Chaco y Corrientes, debido a que se intensificarán los controles en el ingreso al país mediante este camino. Cabe recordar que la hidrovía Paraguay-Paraná está integrada por cinco países Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, además de Argentina. “La naturaleza que ha permitido que los cinco países utilicemos una misma vía para el comercio y como circulan granos y producción, hay barcazas ilegales y tenemos que terminar con eso", aseguró Bullrich.
Bullrich estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la funcionaria que suena para sucederla al frente de la cartera en caso de asumir a la Cámara de Senadores, los ministros de Seguridad, Hugo Malcovich, de Chaco, y Alfredo Oscar Vallejos, de Corrientes.
A su turno, Monteoliva, desde la Isla del Cerrito en Chaco, señaló que se trata de un plan que tendrá involucrada a cinco fuerzas junto con agentes locales: Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal y PSA y las policías de Chaco y Corrientes. “No solo el patrullaje terrestre, acuático y aéreo, sino un fuerte trabajo de investigación criminal, de inteligencia criminal y de persecución penal inteligente. Estos elementos nos permiten generar resultados y allí donde estamos las cosas cambian", dijo la funcionaria.
El Plan Paraná se suma a otros tres proyectos que impulsó el Ministerio de Seguridad: el Plan Bandera en Rosario y Santa Fe; el Plan Güemes en Salta y el Plan Guaçurarí en Misiones.
El Plan Bandera es una estrategia federal integral diseñada para recuperar el control territorial en Rosario y su área metropolitana, una de las zonas más afectadas por la violencia narco en la Argentina. El objetivo principal es combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado, mediante una presencia del Estado y la coordinación directa entre las fuerzas federales y el gobierno provincial.
El plan se ejecuta a través de un Comando Unificado de las Fuerzas Federales que reúne a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estas fuerzas actúan de manera coordinada con el gobierno de la provincia de Santa Fe y el municipio de Rosario. El despliegue se concentra en los barrios más críticos del departamento Rosario, con patrullajes permanentes, operativos de saturación, control vehicular, dispositivos cinotécnicos, presencia de brigadas de elite y acciones de inteligencia criminal.
Además del patrullaje y los operativos, el Plan Bandera contempla acciones específicas como la destrucción de búnkeres de droga, la apertura de líneas de denuncia anónima, la incautación de armas ilegales y la participación del Servicio Penitenciario Federal en el control de las cárceles con presos vinculados al crimen organizado. También se promueve la articulación con organismos nacionales como ANMaC para programas de desarme voluntario y campañas de concientización.
El Plan Güemes es una política del Ministerio de Seguridad Nacional destinada a reforzar el control territorial en la frontera norte y enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. La intervención se despliega en una zona crítica de la provincia de Salta que limita con Bolivia, a través de dos corredores operativos: el primero abarca los municipios de Aguas Blancas y Orán; el segundo incluye a Salvador Mazza, Aguaray y Tartagal.
El plan prevé el despliegue de miembros de las fuerzas federales a puntos estratégicos de esa región, con foco en el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, un corredor logístico históricamente utilizado para el tráfico ilícito. Las acciones incluyen patrullajes terrestres, controles fijos y móviles, inspecciones a vehículos y personas, presencia en zonas rurales y refuerzo de las vías de acceso y egreso.
Intervienen de manera coordinada la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la Provincia de Salta. Todas las tareas operan bajo un esquema de despliegue conjunto, con mando unificado y comunicación permanente entre fuerzas.
El Plan Guaçurarí es una estrategia de seguridad lanzada por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer el control fronterizo en Misiones, específicamente en la zona de Bernardo de Irigoyen, donde la frontera seca con Brasil representa uno de los puntos más vulnerables del país. Nombrado en honor al héroe misionero Andrés Guacurarí, el plan busca enfrentar al crimen organizado transnacional con presencia estatal permanente, coordinación interinstitucional y despliegue táctico de las fuerzas federales.
Está estrategia se lleva adelante a través del Comando Unificado Guaçurarí, que integra a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, junto con fuerzas locales como la Policía de Misiones, Migraciones, Aduana y el Ministerio Público Fiscal. La base operativa se estableció en el Escuadrón 12 de Gendarmería en Bernardo de Irigoyen, con un despliegue intensivo en pasos fronterizos, rutas estratégicas y caminos clandestinos.
El plan se desarrolla en cuatro fases: planificación, traslado, ejecución y seguimiento, con una duración inicial de 180 días, prorrogables según los resultados obtenidos. Las acciones incluyen patrullajes móviles, controles vehiculares y pedestres, operativos sorpresivos, uso de drones, y dispositivos de control en zonas de alto tránsito. El objetivo es frenar el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero, delitos que operan mediante redes transnacionales en esta frontera crítica.