Otras dos personas fueron imputadas por prestar servicios para la banda dirigida desde la cárcel por Mauro Gerez, entre otros acusados de disputar el control de los barrios Ludueña y Empalme Graneros para la venta de drogas y aprietes a comerciantes. Uno es un hombre acusado de prestar su teléfono para extorsionar a personas que fueron víctimas de balaceras. Otra es una mujer que ya estaba detenida por guardar armas de la organización y el dinero de la venta de drogas. Su hermano es un joven detenido como jefe de la banda que el jueves fue imputado por instigar una volanteada con amenazas al fiscal de la causa.
Los dos fueron imputados este viernes por el fiscal Pablo Socca ante la jueza Silvia Castelli, quien dispuso la prisión preventiva para ambos. Los acusados son Brenda Almada, de 31 años, y Cristian Facundo G., de 23 años. Quedaron implicados como miembros de una asociación ilícita que “funcionó al menos desde los primeros días del mes de julio del año 2021 y continúa en actividad hasta el día de la fecha inclusive”, según planteó el fiscal en la audiencia.
Se trata de una organización dirigida por detenidos en la cárcel de Piñero. Allí, de acuerdo con la acusación, se forjaron alianzas entre los jefes presos con la intención de copar la venta de drogas en Ludueña, el barrio con la cifra más alta de homicidios dolosos este año. Como presuntos jefes de la banda están acusados Andrés Fabián “Andy” Benítez, Julián Aguirre, Mauro Gerez y Jonatan Almada, hijo de un policía apresado en el microcentro. A los cuatro les atribuyen roles de liderazgo.
La investigación con más de veinte acusados arrojó que esta banda es una célula de la banda de Los Monos, enfrentada en las calles con Francisco “Fran” Riquelme. Quien a su vez respondería a la organización de Esteban Alvarado, condenado este año a prisión perpetua por dirigir una banda narcocriminal que se consolidó en más de diez años. Al grupo se le asignan homicidios, balaceras, casi cuarenta extorsiones a vecinos y comerciantes, venta de drogas, uso y acopio de armas, en una espiral violenta que comenzó con aprietes a los propios vecinos que los vieron crecer.
Uno de los sindicados como jefes, Jonatan Almada, fue imputado este jueves por el fiscal Franco Carbone, en base a escuchas, como quien organizó una volanteada con amenazas hacia los fiscales Socca y Matías Edery. Los panfletos se arrojaron a la sede de la Agencia de Investigación Criminal, al estacionamiento de la empresa Televisión Litoral y en el Hospital de Niños Zona Norte, mientras que frente al Distrito Sur se colgó un pasacalle con una leyenda amenazante.
Su hermana Brenda estaba entre las cerca de treinta personas que en agosto pasado fueron acusadas de integrar la banda o de colaborar con delitos conexos. En este segundo grupo estaba esta mujer de 31, que había quedado en prisión preventiva por 90 días. Ahora el fiscal le amplió la imputación y la consideró miembro de la asociación ilícita, un delito agravado por la participación de menores de edad. La jueza mantuvo el plazo de detención.
Las actividades que le reprochan son las de haber ocultado en su casa armas y municiones, además de haberse ocupado personalmente de “todo lo que tiene que ver con la registración de la venta de estupefacientes de diversos integrantes de la banda; anotando en gramos la cantidad que recibe cada uno y controlando el dinero rendido”, que según la imputación guardaba en su casa. Primero en la cuadra de Solís al 300 y luego en French al 1300.
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Otro acusado es Cristian Facundo G., un joven de 23 años que estaba prófugo y ahora quedó imputado como partícipe primario de un intento de extorsión agravada y lesiones leves. La jueza le dictó la prisión preventiva por sesenta días pero, a partir de un planteo de la defensa pública, ordenó que sea sometido en forma urgente a una pericia psiquiátrica que determine si es imputable. Se le imputó haber facilitado su línea telefónica a lo largo de 75 días para que otro integrante de la organización, Eric S., cometiera llamados extorsivos.
Uno derivó en la balacera a una despensa de Pedro Lino Funes 360 bis que fue atacada con cinco tiros el 25 de marzo pasado. Otra fue al día siguiente en una casa de Bogado al 1900 donde se efectuaron nueve tiros. Uno entró a la casa e hirió en un tobillo a una mujer. En el frente dejaron un cartel que decía “comunicate a este número. Con la mafia no se jode. Si no querés que te matemos un familiar, poné las flores y la plata. Sino en dos horas vas a tener respuesta de vuelta”.
Por último, la jueza convalidó acuerdos entre las partes respecto de otros acusados. Así, autorizó la libertad con restricciones de Mariana V., de 40 años, quien cumplía prisión domiciliaria, y de Pablo Cristian M., de 44, a quienes les prohibió establecer contacto con las víctimas o testigos; mientras que Luis Alberto A., de 51, acordó una prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
