Este miércoles tres policías fueron imputados en el marco de una investigación relacionada a los ataques a balazos acompañados de mensajes intimidatorios al gobierno. Son dos agentes del Comando Radioeléctrico y uno de la Oficina de Gestión Judicial señalados de haber plantado tres armas a una persona para incriminarle al menos tres de esos atentados y encubrir a los presuntos autores, ligados a una banda narco. El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, manifestó preocupación por el caso.
El caso puso sobre la mesa nuevamente el debate acerca de cómo la connivencia policial es parte de las estructuras criminales que, según la principal hipótesis sobre las balaceras intimidantes, se vieron afectadas por las medidas tomadas por el gobierno provincial. En el marco de las restricciones a presos de alto perfil, que fueron trasladados a sectores de las cárceles bajo un mayor control, se sucedieron varios ataques acompañados de mensajes relacionados a esa medida.
Sin embargo, con la detención de estos policías crecieron las sospechas sobre el verdadero trasfondo de estos ataques. Hasta dónde los policías detenidos participaron de estos hechos, teniendo en cuenta que los peritajes de las tres armas que estaban en su poder arrojaron coincidencia con seis atentados, es una pregunta todavía sin respuesta. El fiscal que los imputó, Franco Carbone, sostuvo la hipótesis de que lo hicieron a cambio de dinero para encubrir a los verdaderos autores de los ataques, rivales de la banda que quisieron incriminar.
Un daño a la institución
En ese marco el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, dialogó con La Capital acerca de cómo afecta al gobierno las sospechas sobre la misma policía a la que le confiaron las tareas relacionadas a la seguridad de los rosarinos. "Un hecho de esta naturaleza daña demasiado el trabajo fuerte y silencioso y perjudica a la organización", señaló el funcionario.
Sin embargo para Pereira es necesario diferenciar a los policías corruptos del resto de la institución. "Tenemos un total de 14 mil policías en la provincia, 4500 en Rosario. En cualquier organización surgen estas cuestiones y acá tenemos un lugar como Rosario con sus particularidades relacionadas a la violencia y la seguridad", explicó. "Lógicamente esta institución, como otras, está integrada por hombres propensos a utilizar en algún momento la cobertura del uniforme y su condición de funcionario público para vincularse en actividades delictivas", agregó.
En ese sentido señaló que desde el gobierno el control sobre las fuerzas de seguridad se planifica desde el ingreso de los policías a la institución. "Los controles arrancan desde el ingreso del ciudadano, con estudios y análisis psicotécnicos para determinar el grado de interés y vocación con la que puedan contar después de los años de formación en el Instituto de Seguridad Pública", indicó Pereira.
Incluso, explicó, en la carrera del ISEP se trabaja con la intención de prevenir el acercamiento de los futuros funcionarios al delito. "Se incluyen en la currícula materias tendientes a blindarlos con sentido de pertenencia y amor a la institución y la provincia. Que su egreso como funcionario público encargado de hacer cumplir la ley contenga esos valores para el cuidado de la población", sostuvo.
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Fuerte custodia policial al iniciarse la demolición de un emblemático búnker que según la Justicia perteneció al Clan Funes.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
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Luego los controles con el policía ya en servicio. "Todos los años hay calificación y seguimiento del ministerio sobre los legajos, acentuando los controles sobre todo al momento de los ascensos que corresponden", explicó Pereira.
Delitos complejos
Sin embargo, año tras año se destapan casos de funcionarios que delinquen. Algunos son casos aislados, relacionados con irregularidades en procedimientos cotidianos. En otras instancias, más graves, se descubre el vínculo de funcionarios con estructuras criminales y delitos mucho más complejos y con repercusión en la violencia callejera.
En ese sentido Pereira indicó que la visión del gobierno es que "está en la persona. Si no toda la policía estaría en esas condiciones. Pero la mayoría no se involucra en el delito. Son personas predispuestas a esta cuestión y aprovechan su situación de funcionarios públicos para obrar de esta manera", señaló.
Atento a esta problemática el secretario de Seguridad Pública aseguró que en el gobierno se considera al momento de planificar políticas públicas. "Sería inocente pensar que no puede estar esta posibilidad, más aún cuando tenemos comprobado que cuando el narcotráfico decide instalarse en alguna región, lo primero que hace es corromper las estructuras superiores de los distintos poderes", analizó Pereira.
"Eso nos lleva a contemplar esa situación y poner en alerta todos los elementos de control. Lo que lleva a prevenir y cortar a tiempo alguna incipiente actividad delictiva. Sabemos que puede haber sorpresas por distintas circunstancias, fundamentalmente porque somos seres humanos", indicó.
En ese marco Pereira describió cómo queda afectada la institución cuando se descubren estos casos de corrupción: "Es interesante ver al policía honesto cómo le duele y le lastima que un compañero se involucre en una situación delictiva que tendría que combatir. Es muy profunda la preocupación porque contrarresta el tremendo trabajo que se hace a diario".
