Ocho personas, de las cuales dos estaban detenidas en la cárcel de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, fueron imputadas ayer como parte de una asociación ilícita que cometió al menos 27 hechos de estafas telefónicas (21 consumadas y seis en grado de tentativa) de las que fueron víctimas personas afincadas en Rosario. En una audiencia realizada por videoconferencia, el fiscal Mariano Ríos Artacho presentó la evidencia recolectada a lo largo de casi dos años de investigación y la jueza Valeria Pedrana dictó la prisión preventiva efectiva para seis de ellos mientras que a dos mujeres les otorgó la libertad bajo fianza de 50 mil pesos cada una. Además, otras cuatro mujeres que fueron investigadas y llegaron detenidas a la audiencia recuperaron la libertad bajo fianza de 20 mil pesos cada una por prestar sus cuentas bancarias a fin de concretar las maniobras sin ser consideradas integrantes de la banda delictiva.
Según la acusación, los imputados eran parte de una “asociación ilícita con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada los cuales tienen en común la modalidad conocida vulgarmente como estafas telefónicas, tanto en grado de tentativa como consumadas, consistentes en entablar comunicaciones telefónicas con las víctimas (usualmente personas mayores de edad), haciéndoles creer que iban a recibir un beneficio de la Ansés, ya sea un retroactivo o una reparación económica, cuyo trámite debía realizarse a través de un cajero automático”.
En ese sentido, los timadores le indicaban a las víctimas los pasos a seguir para obtener los beneficios y los convencían para que transfiera a una cuenta bancaria el dinero que tenía depositado en su propia cuenta o, incluso, que tome un préstamo y luego lo transfiera. Además, en muchas ocasiones lograron que las personas estafadas les otorgaran los números emitidos por el ticket del cajero para tramitar el “alta de TOKEN” y así utilizar la cuenta de la víctima de manera remota a través de las claves de homebanking.
“Dicha confluencia de voluntades _dijo el fiscal_ implicó la asunción de roles intercambiables entre los miembros de la asociación que van desde la planificación, la ejecución, el suministro de logística a través de la provisión de implementos de comunicación y la extracción del botín de las cajas de ahorro”.
El fiscal Ríos Artacho explicó que “la atribución de responsabilidad penal contra los imputados surge de los elementos recolectados a lo largo de un año y medio en una investigación efectuada de manera conjunta por el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones (PDI) y del Organismo de Investigaciones (OI) que significó el entrecruzamiento de datos surgidos a partir de 27 denuncias similares presentadas a partir del 1º de enero de 2018 y la actualidad”.
Como consecuencia de la investigación, dijo el fiscal, se determinó a partir del análisis de registros de comunicaciones, seguimientos, escuchas telefónicas, rastreos de aparatos de telefonía celular, titularidad de líneas telefónicas y de cuentas bancarias radicadas en numerosas entidades así como todos sus movimientos, a lograr identificar a quienes integraban el grupo delictivo. A ese cúmulo de pruebas se sumaron entrevistas con las víctimas y testigos de los hechos para corroborar que se estaba ante una “aceitada organización destinada a la comisión de estafas”.
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Modos y roles. Según la acusación, el delito empezaba con un llamado al teléfono fijo de la víctima obtenido al azar de páginas web como “telexplorer.com”. Esas llamadas se realizaban desde celulares al que le colocaban un chip con una línea prepaga de cualquiera de las firmas que operan en el mercado local pero registrada con datos falsos. En esas circunstancias, siempre un hombre se hacía pasar por un empleado de la Ansés y le manifestaba a la víctima que iba a ser beneficiaria de un retroactivo o una reparación económica por la mala liquidación de los haberes.
En ese sentido, Ríos Artacho explicó que “aunque en ocasiones hubo ciertas variantes, del estudio de la generalidad de los casos investigados surge que había dos grupos criminales perfectamente organizados”. Al menos dos de los acusados se encuentran detenidos en la cárcel de Río Cuarto, en el suroeste de Córdoba, y desde la prisión y mediante líneas de telefonía celular prepagas que cambiaban permanentemente hacían los llamados a las víctimas. Pero esos mismos teléfonos eran compartidos con quienes estaban fuera de prisión y se encargaban de la parte logística del grupo para dificultar así el rastreo de las líneas.
De los informes realizados por la PDI en relación al análisis de las intervenciones telefónicas, los pesquisas junto al fiscal lograron establecer el rol que cumplía cada integrante de la banda y las identidades de los mismos además de saber quiénes estaban tras las rejas en la prisión cordobesa y quiénes estaban en libertad, todos los cuales se dividían luego el producto económico de las estafas.
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En ese sentido, para la investigación Oscar Alejandro LL., quien se hacía llamar Héctor Torres, y Cristian David D.B., cuyo nombre falso era Daniel Osvaldo Martínez, eran los encargados de realizar las llamadas telefónicas a las presuntas víctimas desplegando el ardid y dándole luego las indicaciones mientras las mismas estaban en los cajeros automáticos para lograr hacerse de los datos de la cuenta a través de la clave Token y luego, mediante el sistema de homebanking, realizar transferencias de dinero o que la misma víctima lo haga para luego dividirse el dinero obtenido. Ambos hombres ayer quedaron detenidos por el plazo de ley, es decir un máximo de dos años, aunque el primero de ello ya está tras las rejas.
Ambos hombres, considerados jefes de la organización, siempre aludían en los llamados entre ellos que había personas que colaboran desde afuera de la prisión y que el dinero “se divide en tres” ya que el tercio restante se utilizaría para la compra de tarjetas de telefonía o recarga con tarjetas, entre otras cosas, y para el “pago” de quien prestara su cuenta para dirigir el dinero malhabido como así también para los familiares que realizan las tareas que les encomiendan desde la penitenciaría.
En el mismo rol de jefes están los también detenidos Martín Nicolás Ulises B., quien se hacía llamar Germán Arias; Alexis S., quien usaba el apodo de Alexis Andrada; y Fabricio Gabriel O. Estos tres hombres cumplían, según la investigación, las mismas tareas que los nombrados anteriormente pero no llegaron a ser acusados ayer.
Por fuera de la cárcel está la pareja de Oscar Alejandro LL., identificada como Romina Gisela L., quien según la pesquisa se encargaba de buscar personas que facilitaran sus cuentas para dirigir el dinero que se obtiene de los hechos, comprar los chips de telefonía para llevarle al detenido, realizar la extracción y división del dinero quedándose con un porcentaje para guardarlo o “invertirlo”. Esta mujer ayer fue penada con la prisión preventiva por el plazo de ley que cumplirá bajo la modalidad domiciliaria por ser madre de tres criaturas.
En tanto, una amiga de Romina Gisela L., a quien la policía identificó como Flavia Ayelén T., prestó en reiteradas oportunidades su cuenta bancaria para que el grupo desde adentro de la cárcel realizara operaciones depositando allí dinero obtenido de las estafas para luego extraerlo y dividirlo. Por ello debió pagar una fianza de 20 mil pesos para quedar en libertad aunque acusada.
La madre del mismo Oscar LL., Mariana Dominga Elvira M., era quien facilitaba cuentas bancarias a cambio de un porcentaje de dinero aunque también adquiría chips de telefonía, recibía giros de dinero y/o transferencias de terceros que facilitaban sus cuentas y realizaba la distribución del dinero con indicación de su hijo. En ese sentido, la jueza Pedrana le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.
El mismo rol que la anterior cumplía Juana Guillermina B., madre de los hermanos Cristian y Miguel D.B., éste último en libertad y encargado de realizar giros, retirar y distribuir el dinero malhabido y contactar a personas que facilitaran datos de sus cuentas bancarias para redirigir el dinero. En su caso también recuperó la libertad bajo una fianza de 50 mil pesos.
Alicia Valeria R. es pareja del detenido Miguel Darío D.B. y era, según la pesquisa, quien recibía dinero a través de Mercado Libre, Mercado Pago o una cuenta a su nombre además de realizar giros, retirar y distribuir el dinero. Al igual que la anterior deberá depositar una fianza de 50 mil pesos para recuperar la libertad.
En la investigación también se hace referencia a la mamá de Martín B. como encargada de recibir giros, distribuir el dinero obtenido y contactar a personas de su entorno para que faciliten sus cuentas bancarias que luego recibirán el dinero producido de las estafas, tomando un monto de dicho dinero y paganado a las personas que le facilitaban las cuentas. Ese mismo rol ocupaba María Macarena D. a cambio de un porcentaje del dinero obtenido.
