Una mujer de 27 años se sumó a la larga lista de víctimas de estafas telefónicas en Rosario. En este caso, uno de los estafadores se hizo pasar por abogado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y mediante una seria de llamadas pudo hackear la aplicación de su banco y así gestionar un préstamo a su nombre por casi 70 mil pesos.
La maniobra delictiva no llegó a concretarse porque la víctima reaccionó a tiempo y no entregó el token de seguridad, código que el estafador le pedía para poder hacer la transferencia de los fondos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Así y todo, la joven no pudo evitar que le hackearan el celular y que desde allí accedieran a aplicación de su banco, razón por la cual tuvo que dar de baja no sólo la app sino las tarjetas..
Este nuevo caso se denunció ayer en la seccional 14ª. Camila Bernardi declaró que el martes recibió una llamada telefónica a las 3 de la tarde, en la que un hombre se presentó como funcionario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La comunicación se estableció desde la línea 93516700803, desde la ciudad de Córdoba. Camila contó a La Capital que el impostor se hizo pasar por abogado de Anses que la llamó para activar el trámite para poder acceder al IFE. "Yo había hecho un reclamo para recibir ese beneficio, por eso en principio no sospeché nada. Lo primero que me preguntó era si usaba homebanking. Y me llamó la atención que cuando le pregunté si tenía que pasarle mi CBU, me respondió que no era necesario. Que necesitaba mi código token. Entonces comencé a sospechar".
Bernardi dijo que ese martes a la tarde recibió varias llamadas del supuesto abogado para destrabar el trámite por el IFE. La alarma se encendió cuando fue informada a través del mail del banco que había solicitado un préstamo por 69.737 pesos. "Ahí me comuniqué con el banco para informar que no era yo la que pedía ese dinero. Estoy sin trabajo por la pandemia y no puedo pedir un crédito porque no tengo como devolverlo. Tuve que dar de bajo todo y hacer la denuncia en la seccional".
La joven entregó a la policía el intercambio de mensaje con el estafador y un segundo número desde el que la llamó, pero en este caso con una línea de Buenos Aires, el 91133800344
Seguidilla y arrestos
Las estafas telefónicas y los secuestros “virtuales”, también llamados “cuentos del tío”, tuvieron un repunte durante los meses que lleva la cuarentena. Lo llamativo de este último caso fue la edad de la víctima, 27 años, cuando el común denominador siempre fueron los adultos mayores.
El caso de Camila se asemeja al de Virginia, de 31 años, vecina de Sargento Cabral al 100, ocurrido en el inicio de julio. A Virginia también la embaucaron para que aporte sus datos y luego sacarle 32 mil pesos en una transferencia que aseguró no haber hecho.
Además de la defraudación que sufrió un anciano de 92 en Dorrego al 900, ocurrida el 17 de junio, en mayo se denunciaron 16 casos de los que se concretaron diez. Desde el Ministerio Público de la Acusación, se presume que los hechos son muchos más teniendo en cuenta que en su mayoría no se denuncian porque quedan en el intento o porque las víctimas no perdieron mucho dinero.
Para entender la magnitud del daño, fuentes de la Fiscalía revelaron que producto de estas estafas basadas en historias sobre familiares secuestrados nuevos corralitos, cambios de billetes, trámites on line y otras argucias sólo en mayo los timadores se alzaron con un botín total de al menos 923 mil pesos, 280 mil dólares y 3 mil euros además de gran cantidad de joyas.
Por ello, se insiste en las recomendaciones de siempre para desactivar estos engaños: no responder la llamada telefónica o los mensajes que se puedan recibir por otra vía, ya que ningún banco u oficina pública o privada solicita información vía telefónica a los clientes y menos de manera presencial en los domicilios.
A fines de junio, ocho personas de la comunidad gitana, detenidas en un barrio abierto de Roldán, fueron imputadas por la Justicia por integrar una banda dedicada a estafar a ancianos con esa modalidad. Les adjudicaron 22 hechos por los que habrían recaudado 24 millones y medio de pesos. Salvo una mujer que está embarazada y está con arresto domiciliario. El resto del grupo sigue en prisión preventiva.
Por Mariano D'Arrigo
