El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, puso bajo la lupa la actuación del titular de Prefectura Naval Argentina (PNA) en la localidad correntina de Esquina, quien el jueves pasado obstaculizó un allanamiento antidrogas. El procedimiento en cuestión era parte de una serie de 11 allanamientos que la Policía de Investigaciones (PDI) santafesina debía realizar en simultáneo en la localidad de Romang, su zona de islas y en Esquina (Corrientes). Allí, el subprefecto Jorge Daniel Benítez se negó a brindar colaboración al operativo policial aduciendo que no podía dar fe que la firma del oficio judicial que le presentaron los agentes de la PDI correspondiera al juez federal santafesino. E indicaron que sólo respondían a órdenes del fiscal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, ante quien Alurralde había presentado un exhorto 24 horas antes del operativo. Esa posición motivó que el allanamiento en Esquina, donde se buscaba al proveedor de la banda se postergara una hora y media.
"La investigación se abrió para determinar si se trató de negligencia administrativa, falta de coordinación o connivencia por parte del funcionario de Prefectura", indicaron desde el Juzgado Federal de Reconquista. No es la primera vez que el juez Alurralde y la fiscal federal de Reconquista, Viviana Bruno Campaña, padecen desinteligencias con fuerzas de seguridad en Corrientes. El 21 de diciembre de 2016 un jefe antinarco santafesino y uno de sus subordinados fueron demorados seis horas por la policía correntina en Goya donde realizaban un allanamiento ordenado por Alurralde y que fue desconocido por las autoridades de Corrientes. El propio gobernador Ricardo Colombi viajó entonces 160 kilómetros para intervenir en el operativo. Como si eso fuera poco, el mes pasado Patricio Espinoza, jefe de la Unidad Penitenciaria 8 de Goya, en un documento oficial respondió a un pedido del juez Alurralde negando colaboración "con ese Juzgado Federal por directivas de la superioridad" (ver aparte).
Romang, en el departamento San Javier, es uno de los puntos de un triángulo trazado con las ciudades correntinas de Goya y Esquina. El jueves pasado el juez Alurralde ordenó a la PDI que realizara once allanamientos: diez en Romang y su zona de islas y uno en Esquina. La orden había sido requerida por la fiscal Viviana Bruno Campaña, quien investiga a una banda que vendía droga en las calles de Romang y que les era provista por un distribuidor de Esquina.
La fachada para mover la droga era un emprendimiento pesquero con raíz en dos familias. La droga era transportada en canoas o lanchas desde Esquina a Romang, unos 40 kilómetros por cursos de agua que desembocan en el Paraná, hasta llegar a una isla donde almacenaban los ladrillos de marihuana. Luego esos panes eran fraccionados en un domicilio de Romang y vendidos al menudeo en nueve bocas de expendio en los barrios La Pimienta, La Boca y barrio Obrero.
En los procedimientos hubo ocho detenidos que fueron indagados el pasado lunes por el juez Alurralde por comercialización de estupefacientes y quedaron en prisión preventiva. También se secuestraron 90 gramos de cocaína fraccionada, alrededor de 200 gramos de marihuana, unos cien mil pesos en efectivo, once armas de fuego (escopetas, revólveres, tumberas y carabinas) y un número no precisado de embarcaciones. Uno de lo detenidos es Ramón Pablo P., domiciliado cerca del hospital de Esquina, y que para la acusación es el proveedor de la droga que se vendía en Romang y sería parte de una escisión de "La linea Goya", red de distribución de drogas que alimentaba el norte santafesino desbaratada parcialmente por el juez de Reconquista en diciembre de 2016 y cuyo líder era Javier "Cabeza" López, detenido y procesado junto a otros nueve integrantes.
Allanamientos
Fuentes de la Justicia Federal indicaron que el juez Alurralde ordenó que el jueves 17 de mayo a las 7.30 se realizaran en simultáneo los once allanamientos. Debían trabajar coordinados efectivos de la PDI, Prefectura y Policía Federal. "La idea de que sean simultáneos se debe a que en estos tiempos, con los avances tecnológicos, cualquiera puede alertar sobre los operativos a los otros miembros de la banda", explicó un vocero.
Lo concreto es que al llegar a Esquina y requerir la colaboración de Prefectura, el sub prefecto Jorge Daniel Benítez se negó. Primero dijo no tener certezas que la firma en el oficio que se le presentaba correspondía a Alurralde. Luego reforzó su posición diciendo que por jurisdicción respondían a las órdenes del Juzgado Federal 1 de Corrientes, a cargo del juez Carlos Soto Dávila, a quien Alurralde había anoticiado un día antes del operativo al gestionar el exhorto correspondiente.
Lo concreto es que el allanamiento en Esquina comenzó a las 9.30 de la mañana y si bien Ramón Pablo P. fue detenido en su casa no se halló marihuana, pero secuestraron varios celulares, una balanza, un arma de fuego y dinero en efectivo. "No se le encontró droga pero ésta es una investigación que lleva mucho tiempo, alrededor de un año y medio, y existen muchas escuchas telefónicas. "Son fuerzas federales, deben colaborar ante el pedido de un juez Federal. No hacía falta la orden de Soto Dávila para que actuaran. Debían responder a la orden de Alurralde, porque también es un juez federal. Si hubiera tenido alguna duda con la firma o la autenticidad del oficio podría haber llamado al Juzgado en Reconquista y corroborarlo. Con ese retraso puso en juego una investigación de un año y medio", explicó el vocero.
Ahora Alurralde analiza el informe que elevaron los referentes de la PDI santafesina respecto a las demoradas que se generaron en el procedimiento en Esquina.
operativo. Alurralde ordenó once allanamientos, uno de ellos en Esquina, que terminó con una detención.
