Los balazos en la casa donde vivía el juez Ismael Manfrin resonaron como un terremoto sobre las estructuras del poder provincial. Parte del Ejecutivo estuvo ayer al mediodía en la sede de Gobierno para repudiar el hecho y solidarizarse con el magistrado: los ministros Pablo Farías (Gobierno), Maximiliano Pullaro (Seguridad) y Ricardo Silberstein (Justicia) estuvieron junto al jefe provincial de los fiscales, Jorge Baclini, y el fiscal regional Patricio Serjal. El mensaje político fue claro: "No vamos a permitir que las bandas controlen al Estado".
A esa reunión se llegó luego de comunicaciones iniciadas a primera hora entre la Justicia provincial y el Ejecutivo para hacer anuncios en conjunto. Sin embargo, la estrategia final se sintetizó en un acto de los jueces, por un lado, y la conferencia del mediodía.
"Estamos convencidos de que emprendimos una lucha contra el azote del narco, que lamentablemente golpea en todo el país, y hacemos esfuerzos junto al Ministerio Público de la Acusación y todos los estamentos estatales. Creamos un nuevo sistema penal y vamos a poder ver avances y lograr los objetivos. Si lo que buscaban era evitar el traslado (a cárceles federales fuera de la provincia de Ariel "Guille" Cantero y Emanuel Chamorro, ver página 2) que se hizo la madrugada de hoy (por ayer) les decimos que de esta manera no van a lograr ese cometido", dijo Farías.
Por su parte, Pullaro apuntó las noticias que se tenían de los hechos. "No va a haber impunidad para nadie. Hace dos meses se lograron condenas ejemplares sobre estos violentos, a algunos les dieron 37 años de condena, a otros 25 y la Justicia de la provincia avanzó con firmeza. Producto de una decisión que se tomó con la Nación se decidió trasladar a estos hombres. Sus abogados presentaron incorrectamente un recurso y ahora nos encontramos con esto. Avanzamos todos juntos contra el narco", dijo sin referirse en ningún momento de manera directa al clan Cantero.
"Si a través de estos hechos quisieron amedrentar a un juez y a una política que lleva adelante el Estado, les advierto que bajo ningún concepto van a poder concretarlo", añadió Pullaro mirando a los periodistas casi a los ojos, y remarcó que mantuvo comunicaciones constantes por el tema con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
"La pelea —dijo a su turno Silberstein— es una cuestión de Estado. La coordinación de los distintos estamentos judiciales y del Ejecutivo están dando resultado. El narcotráfico, en todas partes del mundo, actúa de la siguiente manera: los narcotraficantes primero pretenden no ser detenidos. Y una vez que son aprehendidos lo que pretenden es tener condenas bajas o prisión domiciliaria. Una vez que tienen condena lo que buscan es elegir el lugar donde quieren encontrarse detenidos. Lo que ustedes vieron acá es la reacción ante la última estructura de defensa del crimen organizado. No hablo de soldaditos. Hablo de estructuras donde hay inteligencia, profesionales, donde verdaderamente hay una estructura de organización".
"No sabemos"
En tanto, Baclini y Serjal se refirieron a la investigación. "No están verificadas denuncias anteriores ni amenazas al juez Manfrin ni a los otros conjueces. No sabemos con precisión el motivo del ataque, si es que se basó en una acción por la condena en el juicio o respecto del traslado. Vamos a poner custodia a los jueces y estamos trabajando sobre las pericias y el chequeo de cámaras de seguridad".
Sobre la mesa los ordenanzas depositaron varios vasos de agua, que a esa altura de la corta conferencia ya estaban vacíos. Los funcionarios no comentaban nada entre ellos y el clima era tenso. El último anuncio de la mañana fue la reunión urgente de la Junta de Seguridad provincial que se iba a realizar a las 18 (ver aparte).
